El Gobierno de Estados Unidos mantuvo el martes a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su "lista negra" de tráfico de personas, al considerar que incumplen los estándares marcados por la ley estadounidense contra este fenómeno, que establece métodos para evitarlo y proteger a las víctimas.
Así lo señaló el Departamento de Estado en su Informe de Tráfico de Personas de 2022, que aún no ha sido publicado íntegramente, y donde revisa la situación de ese flagelo a nivel mundial.
Junto a los tres arriba mencionados aparecen en el informe otros 19 países, entre ellos China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia y Bielorrusia, reseñó EFE.
Sobre Cuba, el reporte indica que, "pese a la falta de esfuerzos significativos", el Gobierno de la Isla ha adoptado algunos pasos para abordar el tráfico de personas, como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes.
Aun así, destaca que durante el periodo estudiado hubo una "política del Gobierno o patrón de beneficio" de los programas de exportación de trabajadores, "con fuertes indicios" de trabajo forzoso.
En este punto, el Gobierno de EEUU menciona las "misiones" médicas cubanas en otros países y asegura que La Habana "siguió desplegando trabajadores cubanos en países extranjeros empleando tácticas engañosas y coercitivas" y sin abordar "violaciones laborales y delitos de tráfico".
En ese sentido, destaca "el creciente número de alegaciones" por parte de ONG, exparticipantes en esas misiones y Gobiernos extranjeros sobre la presunta implicación de funcionarios cubanos en esos "abusos".
EEUU acusa al régimen de Cuba de no informar a los participantes en esos programas sobre los términos de sus contratos, que variaron de país a país; de confiscar sus pasaportes, acreditaciones profesionales y salarios; y de amenazar a los profesionales sanitarios y sus familiares si abandonaban esas "misiones".
Asegura además que el Gobierno cubano no ha informado de haber hecho ningún esfuerzo de cumplimiento de la ley para luchar contra el tráfico de seres humanos.
Al igual que en los últimos cinco años, EEUU afirma que los traficantes de personas "explotan" a víctimas nacionales y extranjeras en Cuba.
Este mismo martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó la medida de Washington como el resultado de "calumnias".
"Gobierno de EEUU carece de autoridad moral y miente deliberadamente sobre el desempeño de #Cuba contra la trata de personas. Sus calumnias no lograrán empañar la labor ejemplar en la prevención y combate a ese flagelo ni doblegar nuestro compromiso con la cooperación médica intl [sic]", escribió Rodríguez en Twitter.
De las tres naciones latinoamericanas, el informe es más contundente con Venezuela, al señalar que "no reúne en absoluto los estándares mínimos para eliminar el tráfico y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo".
EEUU apunta que el Gobierno de Nicolás Maduro, al que se refiere en su informe como "régimen", no ha informado de ningún tipo de ayuda a las víctimas de este fenómeno, ni de esfuerzos para enjuiciar a los traficantes.
Destaca que el Ejecutivo venezolano "continuó proporcionando apoyo y mantuvo un ambiente permisivo a grupos armados no estatales que reclutaron y usaron niños soldados para conflictos armados y colaboraron en el tráfico sexual y trabajos forzosos mientras operaban con impunidad".
Estados Unidos afirma que, pese a estas denuncias, los representantes gubernamentales venezolanos no hicieron los "esfuerzos suficientes" para detener el reclutamiento de grupos armados no estatales".
Respecto a Nicaragua, el informe dice que el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega ha "minimizado" la gravedad de este fenómeno, pese a haber llevado a cabo algunas medidas para abordarlo, como el enjuiciamiento y la condena de cuatro traficantes de personas para explotarlas sexualmente.
En concreto, EEUU señala que las autoridades nicaragüenses no han dispuesto refugios ni han destinado fondos para ayudar a las víctimas y consideró "nimios" los esfuerzos llevados a cabo para atajar el tráfico de trabajadores, aunque ha seguido siendo "una preocupación grave".
Washington se hace eco en el texto de las denuncias de grupos de la sociedad civil de un aumento de casos de trata de personas durante la pandemia.
El reporte indica que Nicaragua no ha informado de ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados gubernamentales cómplices en "ofensas de tráfico" de seres humanos, pese "a la corrupción endémica y la amplia complicidad de funcionarios", ni ha cooperado con las ONG que protegen a las víctimas.
EEUU apunta que "observadores" han cuestionado la validez de que el Ejecutivo nicaragüense documente el tráfico de personas, citando como ejemplo los datos de las fuerzas de seguridad, ya que algunos de esos "observadores" han apuntado que el Gobierno "oscureció o clasificó erróneamente y de forma intencionada los casos de trata para minimizar las estadísticas".
Oye ya era hora!
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