El Gobierno de La Habana informó que en ese territorio hubo un afectación de más de 63 millones de pesos por casos de corrupción y delitos en las empresas y entidades estatales.
Durante una plenaria económica de la provincia, Orestes Llanes Mestre, coordinador de Fiscalización y Control del Gobierno de la capital, dijo que en el año precedente el Gobierno capitalino recibió 361 reclamaciones entre quejas, denuncias y anónimos.
Los anónimos son una estrategia típica de muchos cubanos que, ante el temor a sufrir represalias por denunciar las irregularidades o abusos del cargo que cometen dirigentes y superiores, se quejan sin revelar su identidad a organismos superiores, que por norma general se ven obligados a investigar.
Según Llanes Mestre, de la Contraloría General de la República de Cuba procedieron 33 de esas quejas, 106 de la Contraloría Provincial, 72 de la Fiscalía General y Provincial, 17 del Consejo de Estado, nueve de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 29 del Partido Comunista provincial, seis de la oficina del primer ministro y 95 de otros organismos.
El reporte sobre la reunión del periódico oficial Tribuna de La Habana no aclaró cuántas de esas quejas fueron mensajes anónimos y cuántas denuncias convencionales.
El funcionario aseguró que de las 361 incidencias atendidas, ya recibieron respuesta 328.
Asimismo, en 2021 las autoridades habaneras detectaron 63 "hechos de corrupción administrativa en entidades atendidas por estructuras de Gobierno en La Habana, discutidas y evaluadas en el Consejo de Gobierno Provincial".
De tales casos, la mayoría corresponden a sectores como la Gastronomía, el Comercio y la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria (EPIA). Los municipios con mayor cantidad de casos fueron Centro Habana, Plaza de la Revolución, La Habana del Este y Cerro.
Reinaldo García Zapata, gobernador de la capital, exigió que "ningún caso de corrupción puede quedar impune".
La corrupción es un fenómeno inherente a la economía estatal cubana, a pesar de que los medios de difusión oficiales suelen dar mayor destaque a delitos comunes y otros en los que están implicados ciudadanos comunes y el sector privado.
Llama la atención que las cifras anteriores se hayan registrado en 2021, el año en que la pandemia del Covid-19 mantuvo casi inactiva la economía.
