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Corrupción

Cuba baja en el Índice de la Percepción de la Corrupción, pero Venezuela y Nicaragua están peor

El régimen de Daniel Ortega 'se consolida como la tercera dictadura de la región', dice Transparencia Internacional sobre el informe de 2021.

Madrid
Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel.
Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. Reuters

Cuba bajó por segundo año consecutivo en el Índice de la Percepción de la Corrupción que elabora cada año la ONG Transparencia Internacional. Sin embargo, los peores países de América son Venezuela, Nicaragua y Haití

El régimen de La Habana bajó otro punto en el Índice de la Percepción de la Corrupción 2021. En los últimos años llegó a alcanzar 48 puntos en 2019, pero en 2020 bajó a 47 y el año pasado a 46 puntos, según el informe publicado este martes

Cuba está en el puesto 64 junto a Montenegro en el índice que tiene en cuenta las opiniones de los expertos sobre la corrupción en 180 países. "¿Son transparentes las decisiones públicas? ¿Protege el Gobierno a quienes exponen la verdad? ¿Se castiga a los corruptos?", son algunas de las preguntas que responden los especialistas.

Transparencia Internacional no menciona a Cuba en el informe, ni en su capítulo dedicado a América Latina. La ONG sí dijo que "Venezuela, Haití y Nicaragua, países no democráticos y que enfrentan crisis humanitarias, obtienen la peor puntuación con 14, 20 y 20 puntos cada uno".

Venezuela es el país con más baja puntuación de la región y es el cuarto país con la peor calificación del mundo en el puesto 177. A Caracas solo la superan Somalia, Sudán y Sudán del Sur en el Índice de la Percepción de la Corrupción 2021

"Venezuela obtiene una de las puntuaciones más bajas a nivel global. La gran corrupción ha causado graves violaciones a los derechos sociales, incluyendo la educación, la salud y la alimentación. Asimismo, el sistema judicial se ha convertido en un instrumento de represión contra la disidencia y voces críticas", apuntó el informe.

"En los últimos años han aumentado los presos políticos, las detenciones arbitrarias y las restricciones a las libertades fundamentales. El bloqueo de información pública, la ausencia de rendición de cuentas por parte de entes estatales y de un sistema de justicia independiente crean un espacio donde las violaciones de derechos humanos se invisibilizan y permanecen impunes", agregó sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Por su parte, Nicaragua quedó en el puesto 164 del Índice de la Percepción de la Corrupción 2021.  

"Nicaragua se consolida como la tercera dictadura de la región, a través de un proceso electoral ilegítimo, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y una absoluta concentración de poder en la figura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hoy, este país no cuenta con la transparencia y el contrapeso al poder ejecutivo necesarios para combatir la corrupción".

"Desde 2012, Nicaragua ha perdido nueve puntos en el Índice y ha obtenido su calificación más baja con 20 puntos. Su presidente de muchos años, Daniel Ortega, ha reaccionado a las denuncias de corrupción con ataques a los medios de comunicación, al espacio cívico y a los organismos de supervisión. Las valoraciones de Nicaragua en cuanto a libertad de expresión, libertad de asociación y acceso a la justicia son hoy las más bajas registradas en su historia", apuntó Transparencia Internacional.

"Con una puntuación media de 43 por tercer año consecutivo, los países de las Américas están paralizados en la lucha contra la corrupción. A pesar de tener un amplio desarrollo legislativo y un compromiso regional para luchar contra este mal, la corrupción en las Américas continúa debilitando la democracia y los derechos humanos", agregó.

Recomendaciones para resolver los problemas de corrupción:

A partir del análisis del Índice de Percepción de la CorrupciónTransparencia Internacional concluyó que "es crucial proteger los derechos humanos en la lucha contra la corrupción, dado que los países que vulneran las libertades civiles suelen obtener puntuaciones bajas en el Índice".

"La corrupción socava la capacidad de los gobiernos de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos, ya que afecta la provisión de servicios públicos, el desempeño del poder judicial y la seguridad de la población. Concretamente, la corrupción perpetrada por funcionarios de alto nivel suele combinar el robo transfronterizo y a gran escala de fondos públicos con la vulneración flagrante de los derechos humanos. Nuestro análisis indica que estos esquemas de corrupción –a menudo facilitados por economías avanzadas, con altas puntuaciones en el Índice– exacerban la represión, ya que permiten a autócratas", agregó.

La ONG recomienda defender los derechos que hacen posible pedir cuentas al poder: Los gobiernos tienen que revocar todas las restricciones desproporcionadas de la libertad de expresión, asociación y reunión introducidas desde el inicio de la pandemia. Asimismo, es prioritario que se haga justicia respecto a los asesinatos de defensores de los derechos humanos.

También restituir y reforzar la supervisión del poder: Las instituciones públicas de supervisión, como los organismos anticorrupción y de auditoría, deben tener la independencia, financiación y autoridad necesarias para detectar y sancionar irregularidades. Los parlamentos y tribunales deben vigilar al poder ejecutivo para impedir cualquier extralimitación.

Así mismo, Transparencia Internacional llamó a combatir la corrupción transnacional y a defender el derecho a la información sobre el gasto público. Los gobiernos de las economías avanzadas deben corregir las fallas sistémicas que permiten que la corrupción transfronteriza pase desapercibida o quede impune. Hay que subsanar las lagunas legales, regular a los profesionales que facilitan el delito financiero y asegurar que los corruptos y sus cómplices no escapen de la justicia.

"Dentro de las medidas de recuperación de la Covid-19, los gobiernos deben cumplir el compromiso que asumieron en la declaración política de UNGASS, firmada en junio de 2021, de incluir garantías contra la corrupción en los procesos de contratación pública. Máxima transparencia en el gasto público conlleva a una rendición de cuentas efectiva que protege vidas y el bienestar de la población", concluyó.

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