Dos semanas después de la represión de la Marcha cívica por el Cambio convocada por la plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre, y mientras cientos de cubanos permanecen presos, algunos ya condenados a altas penas de cárcel, por manifestarse pacíficamente entre el 11 y el 13 de julio, el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, Rubén Remigio Ferro, sostuvo que la Constitución de la República del 2019 y la reforma procesal en desarrollo colocan a Cuba entre los países de avanzada en cuanto a garantía de los derechos humanos, en comparación con las legislaciones más modernas, publica la agencia estatal ACN.
Según la nota, Ferro, quien tras las protestas pacíficas del 11J afirmó que manifestarse, lejos de constituir un delito es un derecho constitucional de las personas, ahora dijo que existen 44 tratados internacionales de esta materia vigentes en Cuba, así como otros instrumentos que regulan el tema de los derechos humanos.
Esas premisas, de acuerdo al magistrado, se han fortalecido con la reciente aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de la Ley de los Tribunales de Justicia, la de Código de Procesos, de Proceso Penal y de Proceso Administrativo.
Por lo que recoge la nota, Ferro no hizo referencia al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que el Estado cubano no firmó hasta 2008 y que hasta la fecha no ha ratificado.
El presidente del TSP destacó que en la Revolución cubana siempre ha habido una interrelación directa entre el ejercicio de defensa, la protección y el respeto de todos los derechos para todas las personas.
Sin embargo, los cubanos que protestaron pacíficamente entre el 11 y el 13 de julio han sido acusados y juzgados por "desórdenes públicos", "desobediencia", "desacato", "propagación de epidemias" e incluso de sedición.
En contraste, quienes respondieron al llamado de Miguel Díaz-Canel de enfrentar en las calles a los manifestantes, no fueron acusados de ningún delito, pese a haber golpeado y provocado lesiones a quienes protestaban.
Durante el momento más crítico de la pandemia de Covid-19, Díaz-Canel se reunió con estudiantes, académicos, periodistas, líderes religiosos y representantes de diversos sectores de la sociedad, además de convocar actos de reafirmación revolucionaria. La realización de estas reuniones y actos pone en evidencia que los derechos de manifestación y reunión con fines pacíficos no están garantizados para "todas las personas", como afirma el presidente del TSP, sino a las partidarias del régimen.
La represión a los manifestantes pacíficos del 11J y a quienes pretendían marchar el 15 de noviembre también pone en tela de juicio la afirmación de que, con las reformas actuales, no existe ningún segmento de la vida de los cubanos que quede sin protección de sus derechos por los tribunales de justicia, hecha por el miembro de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), Yuri Pérez Martínez.
Mayda Goite Pierre, presidenta de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales de la UNJC, dijo que los jóvenes de entre 16 y 18 años de edad que se encuentren en un proceso penal como acusados tendrán un tratamiento diferenciado, en el cual podrán contar con el acompañamiento de sus padres y defensores, la participación de instituciones especializadas y el dictamen de disposiciones alternativas.
La realidad desmiente las declaraciones de la profesora titular de la Universidad de La Habana. Tras las manifestaciones del 11J, varios cubanos comprendidos entre las edades que mencionó permanecen en prisión con altas peticiones fiscales. Algunos cumplieron 18 años en la cárcel. Tres adolescentes fueron juzgadas en juicios sumarios.
Pese a sus edades y a no tener antecedentes penales, varios han cumplido prisión provisional mientras esperan juicio. Sus padres han denunciado que no han podido verlos desde su encarcelamiento. El arresto de menores durante las protestas provocó preocupación en el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que pidió información al Estado cubano.
El presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de la UNJC, Juan Mendoza Díaz, quien es además Premio Nacional de Derecho, dijo que antes no existía este amplio catálogo de garantías, lo que contrasta con las palabras del presidente del TSP, sobre la interrelación entre el ejercicio de defensa, la protección y el respeto de todos los derechos para todas las personas que presuntamente siempre ha habido en la Revolución.
Mendoza afirmó que el mencionado amplio catálogo de garantías se completará con la aprobación de la Ley de Protección de los Derechos Constitucionales el venidero año.
Según el cronograma legislativo aprobado en 2019 por la ANPP, esa ley debió aprobarse en octubre de 2020. En diciembre de ese año, durante la segunda jornada del VI periodo ordinario de sesiones de la IX Legislatura de la ANPP, Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, dijo que no fue posible cumplir el cronograma acordado en 2019 debido a la pandemia.
Obvió que normas como la Ley del Presidente y el Vicepresidente de la República, prevista para diciembre de 2020, se adelantaron para octubre de ese año, cuando debió sancionarse la mencionada Ley de Protección de los Derechos Constitucionales.
Durante los últimos años de la dictadura de Batista hubo miembros del Tribunal Supremo que públicamente renunciaron a sus puestos por las torturas, persecuciones y detenciones que se hacían. Hoy día, las arbitrariedades y violaciones de los ddhh se cometen a diario y desde hace décadas, pero ninguno de los miembros del TS renuncia, que es lo mínimo que pudieran hacer, sino viven de defender esa vacuidad que es la legalidad en Cuba.
La TABLA y CARA'ECOQUISMO de los comunistas ... nos deja mudos de espanto ...