Leonides Sánchez Danger, ex director de la Empresa de Gastronomía y Recreación de Santiago de Cuba, fue puesto en libertad bajo fianza en medio del proceso legal en su contra por la venta ilícita de cigarros en el territorio.
La fianza otorgada por la Fiscalía se fijó en 2.000 pesos, un monto risible teniendo en cuenta la gravedad de un negocio que, según los propios encartados, mueve anualmente en el mercado negro de la ciudad entre 100 y 150 millones de pesos.
La noticia se esparció con rapidez dentro del sector del Comercio, que retorna a la "normalidad" en medio de la disminución de casos de Covid-19, según las cifras oficiales.
A Pepe y Osmany, dos administradores multados con 3.000 y 2,500 pesos, respectivamente, por violar el protocolo sanitario, les resultó inentendible la decisión de la Fiscalía, "más proclive a facilitar que un delincuente de cuello blanco emigre para que no extorsione a sus jefes, que a hacer justicia y condenarlo como merece", opinaron.
"De las 73 unidades de la empresa, solo funcionan 15", señaló Paquita Ríos, una dependienta con 30 años de servicio que considera injusto liberar al responsable de un desfalco que afectó salarialmente a los trabajadores, "al punto de que el sueldo de julio lo cobramos a mediados de octubre, y todavía nos deben los de agosto y septiembre".
En mayo, Leonides Sánchez Danger fue trasladado a la Prisión Provisional de Aguadores, acusado de malversación, acaparamiento y tráfico de influencia, en los que habría incurrido al presuntamente tutelar el contrabando y la venta ilícita de cigarros.
Su detención formó parte del operativo policial con el que el Gobierno supuestamente desmanteló la red que operaba uno de los fraudes de mayor envergadura en el municipio más poblado del país.
Como parte del proceso fueron acusados varios administradores de las tres unidades básicas económicas del Grupo Empresarial de Gastronomía: Paraíso, Recreación y Coyaba. También otros funcionarios que participaban en la estafa y vulneraban el esquema de distribución establecido.
Según la información que circuló entonces, Sánchez Danger "estimulaba" a los administradores de las unidades básicas con 12 cajones de 500 cajetillas de cigarros Criollos cada uno.
Esa cifra les reportaba como mínimo 180.000 pesos, vendiendo cada cajetilla a 30 pesos cuando su precio oficial es de diez.
Con esa cantidad, los administradores cubrían los 60.000 pesos del Estado y, sin invertir un centavo, obtenían una ganancia de 120.000 pesos. Con esto el director aseguraba la "colaboración" de sus subordinados para que nadie interfiera en su negocio.
Durante el proceso de instrucción, los oficiales de la Unidad de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior condujeron al Sánchez Danger hasta su oficina, donde le incautaron, de acuerdo con testigos presenciales, más de dos millones de pesos.
La salida de Sánchez Danger bajo fianza se produce en momentos en que los organizadores de la marcha del próximo 15 de noviembre son perseguidos y amenazados con la cárcel, y se celebran juicios contra los manifestantes pacíficos del pasado 11 de julio.
Los trabajadores desconfían de la justicia.
La causa abierta a mediados de año contra la delincuencia alrededor de la venta de cigarros atenuó el nivel de insatisfacción de los trabajadores, pero ahora se acentúa la desconfianza en la capacidad de la justicia para tratar este tema.
"Aquí nadie es bobo", dijo Paula, una de las económicas enviadas con el 60% de su salario para su casa. "Todo el mundo sabe el daño económico y humano que Leonides hizo en la empresa".
El presunto negocio ilegal de Sánchez Danger tenía dos vertientes: una con los cigarros de factura nacional y otra con los comercializados por BRASCUBA.
A raíz de la Tarea Ordenamiento, los cigarros H. Upmann, Monterrey, Cohiba, Populares y Hollywood —en todas sus denominaciones— quedaron fuera de la supervisión del Gobierno y del esquema de distribución de gastronomía.
Como norma, los representantes de BRASCUBA los llevaban a unidades seleccionadas por sus "comisiones y capacidad de pago".
Esta brecha permitió que Sánchez Danger simulara un estricto control en la distribución de los cigarros Criollos y Populares, mientras por "debajo de la mesa" entregaba a los administradores otras cifras para que lucraran y nadie se fijara del contrabando con los surtidos de BRASCUBA.
Cuando Sánchez Danger fue detenido, los cigarros se cotizaban en el mercado informal a entre 50 y 100 pesos la cajetilla. En la actualidad el precio oscila entre 200 los Criollos y 300 los de BRASCUBA.
