Yarielys Rodríguez, una cubana lesbiana, cuenta que la última vez que asistió al consultorio para realizarse la prueba citológica, le introdujeron un espéculo muy grande y le dañaron el cuello del útero, además de burlarse de ella. Su historia está recogida en el capítulo sobre las mujeres lesbianas de Pinar del Río, del informe "Mujeres y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en Cuba".
DIARIO DE CUBA tuvo acceso al informe, que se presentó el martes 2 de noviembre en un webinar realizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, bajo el título "Mujeres, Interseccionalidad y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en Cuba: Una deuda histórica".
El capítulo sobre las mujeres lesbianas en Pinar del Río fue elaborado por la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR). Además de las violaciones del derecho al acceso a la salud que sufren estas mujeres, la activista Lisandra Orraca Guerra, miembro de la organización, se refirió a las discriminaciones que sufren en los ámbitos laboral y estudiantil.
La activista e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Marthadela Tamayo, fue la encargada de presentar el capítulo "Afrodescendientes cubanas entre desigualdades y ausencia de derechos".
"Coincidían varias de las mujeres entrevistadas en las largas estancias en los llamados albergues o comunidades de tránsito, como alternativa provisional a la vivienda", apuntó.
La activista se refirió al hacinamiento en que viven las mujeres negras y mestizas entrevistadas en La Habana y Holguín. En muchas de esas viviendas conviven hasta tres generaciones, pero varias de esas mujeres ni siquiera tienen una vivienda
Tamayo recordó que Cuba es el único país de América Latina que no ha ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Económicos, que el Estado cubano no firmó hasta 2008.
También llamó la atención sobre el hecho de que, a punto de cumplirse dos años del anuncio por parte del Gobierno cubano, del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, no se conoce nada sobre la implementación del mismo.
Por último, los periodistas independientes y activistas Marisel Nápoles y Jorge Amado Robert Vera, de la organización Mujeres Esperanza, presentaron el capítulo "Las adultas mayores en Santiago de Cuba: el olvido que no debe ser".
Los activistas decidieron abordar este tema debido a "las condiciones de dependencia tienen esas personas con respecto a sus hijos" y "la creciente población de personas de la tercera edad en Cuba. Según fuentes gubernamentales, la mayor de América Latina", explicó Nápoles.
El capítulo sobre las adultas mayores de Santiago de Cuba reflejó la ausencia de pensiones que permitan una manutención digna y la deficiencia en la atención a la salud de este sector poblacional, a pesar del Programa de Atención Integral al Adulto Mayor, creado por el Estado cubano en 1984.
Nápoles señaló que, según este programa, en cada policlínico comunitario se crearía un equipo multidisciplinario para atender a los adultos mayores a nivel primario y se encargaría de la evaluación integra física y social de todas las personas mayores de su comunidad para su correcta atención.
"De las 16 entrevistadas en nuestro informa, nunca ninguna de ellas ha recibido este servicio de atención, al arribar a los 60 años", sostuvo Nápoles.
Al dar la bienvenida a los panelistas y al público que se conectó a través de Zoom y Facebook, Christina Fetterhoff, directora de programas del Instituto sobre Raza e Igualdad, destacó la importancia de los DESCA de cara al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre.
"La experiencia de trabajar de la mano con las y los activistas en la preparación de este informe claramente demostró que las violaciones a los DESCA son otra forma de violencia contra las mujeres", afirmó Fetterhoff.
Aunque consideró que el embargo norteamericano afecta la economía del país, la directora de programas del Instituto sobre Raza e Igualdad recordó que el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales ha afirmado que "la imposición de sanciones no anula ni atenúa las obligaciones pertinentes de un Estado parte".
"Pese a la existencia de sanciones, el Estado debe garantizar los DESCA a su población, especialmente a grupos históricamente marginados", señaló Fetterhoff.
El evento contó además con la presencia de la relatora especial sobre los DESCA de la Comisión de Derechos Humanos, la doctora Soledad García Muñoz, quien saludó el informe y el esfuerzo de quienes lo realizaron.
Las personas interesadas pueden consultar el informe aquí.
