La Gaceta Oficial No. 98 Ordinaria publicó el 31 de agosto los acuerdos 9151/2021 y 9152/2021 del Consejo de Ministros. Ambos abordan el tema de la prevención social y fueron aprobados el 21 de agosto, un mes y diez días después del estallido de las protestas del 11J, que sacudieron varias ciudades de Cuba.
En esas manifestaciones participaron muchos cubanos de barrios pobres y marginados, para los que el Gobierno utiliza el eufemismo de "vulnerables", y que prometió no intervenir, sino a apoyar.
El Acuerdo 9151/2021 determina las funciones de los ministerios de Educación (MINED), Educación Superior (MES), Salud Pública (MINSAP), Cultura (MINCULT) e Interior (MININT), así como el Instituto Nacional de Deporte Educación Física y Recreación (INDER), que son los organismos de la Administración del Estado que intervendrán en la labor de prevención social.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de su Dirección de Prevención Social, dirige y controla las políticas y servicios sociales para el desarrollo de la prevención y el trabajo social.
Entre otras tareas, el MINED deberá "potenciar la disminución de la cantidad de niños y niñas, adolescentes y jóvenes que no continúan estudios" y "propiciar la atención integral de niños y niñas y adolescentes, que se encuentran en los Hogares de niños y adolescentes sin amparo familiar".
Las tareas del MES incluyen "brindar la atención que se requiera en el ingreso y la formación de pregrado a las personas en situación de discapacidad" y "desarrollar proyectos socioculturales asociados a las comunidades en situación de vulnerabilidad social". El MINSAP, entre otras funciones, deberá priorizar "la atención al embarazo en la adolescencia" y "favorecer la atención a niños y niñas, adolescentes y jóvenes con conductas suicidas", además de "asegurar las capacidades y dar seguimiento a las personas en situación de vulnerabilidad social que requieren ingresar en instituciones sociales, Casas de Abuelos, Hogares de Ancianos, Centros Médicos Psicopedagógicos, Centros de Protección Social y Hospitales Psiquiátricos con servicios de Crónicos o asistenciales, de acuerdo con la condición de vulnerabilidad social que presenten".
Las funciones que el Consejo de Ministros asigna a dichos ministerios revelan problemas antiguos que el Estado cubano no ha sido capaz o no ha tenido interés en solucionar hasta ahora.
El MINCULT, entre otras funciones, deberá "trabajar con la cultura popular tradicional y local, como medio de enfrentamiento a las ilegalidades, indisciplinas sociales, el delito y la corrupción en comunidades y grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad social".
¿Será por falta de actividades culturales que los residentes de esas comunidades incurren en actividades delictivas? ¿No debería el Estado indagar en las causas de las ilegalidades, el delito y la corrupción en esas comunidades y grupos poblacionales e intentar eliminarlas? Esto sin dudas requiere un trabajo más profundo que el que puede realizar el MINCULT.
Por su parte, el INDER tiene entre sus funciones "fomentar la participación de la población en particular de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, en las actividades y eventos que se organizan en las comunidades"; "contribuir a la formación de valores a través de las ofertas deportivas y recreativas dirigidas a niños y niñas, adolescentes y jóvenes", "y convertir los combinados deportivos en el centro fundamental de la recreación física a nivel de consejos populares".
El Consejo de Ministros obvia el mal estado en que están los combinados deportivos de las comunidades donde hay alguno, y que muchos padres de niños cubanos que practican deportes deben proporcionarles uniformes, calzado, guantes, bates, pelotas y otros equipamientos por sus propios medios. ¿Podrán hacerlo los cubanos de esas comunidades "vulnerables", donde el poder adquisitivo no alcanza para lo básico?
Por otra parte, el MININT deberá "actuar proactivamente, de manera profiláctica, preventiva y comunitaria, sobre las personas de interés policial" para "elevar el control comunitario sobre ellos, seguimiento y evaluación del cumplimiento de su sanción y conducta, reinserción social y reincorporación laboral" y "promover acciones preventivas, profilácticas, de control e influencia sobre personas sin vínculo laboral o con proclividad al consumo de drogas, en coordinación con los actores de la comunidad, las organizaciones de masas, Salud Pública y Educación".
El Acuerdo no aclara cuáles serán esas acciones profilácticas, preventivas, de control e influencia que realizará el MININT, que se ha mostrado renuente a eliminar el procedimiento de peligrosidad predelictiva, usado para encarcelar a muchos residentes en comunidades "vulnerables", personas sin vínculo laboral y, según el MININT, proclives al consumo de drogas, aunque no hayan cometido ningún delito. También se usa para encarcelar o amenazar con la cárcel a opositores. De hecho, es probable que el recién aprobado Acuerdo 9151/2021 sirva para justificar la permanencia del procedimiento en la nueva Ley de Proceso Penal.
La subordinación del Acuerdo a la política se evidencia en el punto undécimo, que establece que el ente coordinador "de la actividad de prevención social en el Consejo Popular es el trabajador social que se desempeñe como especialista principal (…) que se selecciona entre los más idóneos, basándose en su compromiso político, capacidad organizativa y de comunicación, liderazgo…".
Por otra parte, el Acuerdo 9152/2021 dispone "entregar recursos, utensilios y dotar a las personas en situación de vulnerabilidad social para emprender y trabajar, en formas de gestión no estatal, en correspondencia con el desarrollo económico y social del territorio, a propuesta de las direcciones de Trabajo municipales" y "diseñar e implementar servicios para la ayuda en el domicilio y gestiones fuera del hogar por cualquier forma de gestión, destinados a personas y familias en situación de vulnerabilidad social, con énfasis en adultos de sesenta (60) años o más que vivan solos", entre otras acciones, que lucen bien sobre el papel, pero chocan con la realidad de un país que atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, además de una crisis sanitaria.
El Estado cubano no ha conseguido dar las soluciones habitacionales prometidas ni a la mitad de las madres cubanas con tres hijos o más, que viven en situación de vulnerabilidad, aunque esto forma parte de un Programa priorizado. Apenas ha cumplido el 23% de su plan anual de viviendas y eso gracias al esfuerzo privado.
Durante la pandemia, no ha podido proporcionar servicio de mensajería a todas las personas mayores, embarazadas o con algún tipo de discapacidad que lo necesitaban. ¿Se podrá confiar en que logre cumplir lo dispuesto en estos acuerdos?
A estas alturas es imposible resolver todos esos problemas es como querer ponerle una curita a una herida de diez puntos.
Parece que es tarde