Aproximadamente 830 personas con discapacidad en la provincia de Holguín denunciaron haber recibido maltratos en las colas durante el periodo de confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus.
Los directivos de la sucursal provincial de la Asociación Cubana de personas con discapacidad (ACLIFIM) declararon al periódico local Ahora que más del 10% de sus 8.337 asociados "ha presentado quejas por maltrato durante el período en el contexto de las colas".
Añadieron también que durante la primera fase de apertura tras el confinamiento, los ciudadanos con discapacidad u otras enfermedades que provocan disminución en sus capacidades se han mantenido dentro del grupo de "vulnerables", por lo que la ACLIFIM "determinó quiénes podían salir y quiénes no".
Con el objetivo de disminuir las situaciones de maltrato que viven frecuentemente estas personas en las colas, la organización tomo la decisión de ubicar "a sus presidentes de base, en muchas ocasiones, en el control de cola, junto a los oficiales del Ministerio del Interior y funcionarios del Gobierno", declararon sus directivos.
Durante la segunda fase de la desescalada la prohibición de asistencia a los mercados para los discapacitados desapareció, por lo que pasaron al grupo de personas priorizadas junto a las embarazadas y los trabajadores de la Salud.
"Estamos de acuerdo con que exista un tope para la cantidad de discapacitados que pueden pasar (por las colas), pero si se cuenta junto al resto de personas priorizadas, la cifra de nuestras posibilidades disminuye", dijo Martha Santiesteban Suayero, presidenta de la ACLIFM en Holguín.
Entre las numerosas personas con discapacidad que denunciaron maltratos durante la pandemia se encuentra el periodista oficialista Joaquín Borges Triana, quien publicó una carta abierta en las redes sociales denunciando maltratos por parte de la policía cuando intentó comprar leche en un comercio de su localidad.
Numerosos proyectos religiosos, emprendimientos privados y miembros de la sociedad civil cubana organizaron donativos y grupos de ayuda a los casos más vulnerables durante los meses del confinamiento.
Pero por otra parte la prohibición de que se personaran en los comercios, unida a la falta de acompañamiento que padecen muchos de ellos, provocó que fueran reprendidos e incluso multados por las autoridades policiales encargadas de vigilar las colas.
