'La arquitectura independiente en Cuba debe ser legal porque es un derecho'

Tras la publicación del listado de actividades prohibidas para los trabajadores del sector privado cubano emergió en el debate público un gremio históricamente silencioso, el de los arquitectos, que a través del Grupo de Estudios Cubanos de Arquitectura (GECA) publicó dos comunicados demandando la legalización del ejercicio privado de la profesión, lo que desembocó en una reunión con el ministro de la Construcción.

Hasta entonces el GECA se había centrado en la organización de exposiciones sobre el trabajo de los estudios independientes cubanos y la documentación de sus obras, pero la exclusión de la arquitectura y la ingeniería de las profesiones que se pueden ejercer "por cuenta propia" en la Isla los hizo dar un paso más allá.

Amed Aroche, un arquitecto cubano de 28 años que se encuentra actualmente cursando un máster de Estudios Urbanos en el INRS-UQAM de Canadá, comentó a DIARIO DE CUBA que, aunque no podría asegurar que haya un movimiento de arquitectos independientes en la Isla, "lo que sí hay, sin dudas, son arquitectos con ganas de trabajar".

En la opinión de Aroche, una muestra de la existencia de los arquitectos privados en Cuba es la aparición de la profesión en el listado de actividades prohibidas para ejercer de forma privada, pues "si está prohibida es porque existe", indicó.

"Esta prohibición confirma que algo está pasado en ese sector que ya no está muerto, al parecer. Por tanto, de momento es suficiente con comprender que hay gente talentosa que puede y está haciendo cosas interesantes. Eso es genial y de aquí a un tiempo se puede convertir en algo sólido y de mayor impacto", afirmó Aroche.

"Los arquitectos nos insertamos en una grieta legal de la ciudad, que permitía proyectar para personas que en el momento del llamado deshielo comenzaron a emprender y se dieron cuenta que necesitaban a alguien con cierta formación para materializar ideas. Ahora esa grieta quiere tomar otra forma. Algo ha comenzado", agregó.

Adria Valdés, una joven arquitecta que trabajó en Infraestudio y Ad Urbis Arquitectos, dos de los estudios que integran el GECA, comentó con DIARIO DE CUBA la importancia de legalizar dichos colectivos, pues "sus contribuciones serían muy visibles y ayudarían a mejorar la cara de la ciudad".

"Los arquitectos trabajan desde lo más mínimo. Desde dónde debe ir ubicada una farola, un banco, una mesa para tomar un café, hasta las avenidas, los puentes, las conexiones entre ciudades y la movilidad", afirmó.

"El arquitecto es una figura muy importante para el desarrollo de las ciudades y marca el modo en que la ciudad trata a sus habitantes, aunque ahí también entran los sociólogos, los antropólogos, los ingenieros, y, por supuesto, el Gobierno y las políticas públicas", agregó.

Sin embargo, pese a la insistencia de los profesionales en la importancia de la legalización del ejercicio privado de la arquitectura, el Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CNAE) en su apartado 7.110 indica que no se pueden ejercer de forma privada "las actividades de consultoría de arquitectura que incluye diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajista".

En ese sentido Amed Aroche cuestionó que "toda práctica profesional independiente debe ser legal", pues "no hay lógica posible que explique el hecho de prohibir que una persona con conocimientos ponga en práctica lo que sabe".

Al mismo tiempo, Aroche señaló que "muy poco puede hacer la arquitectura por La Habana", pues, aunque muchos opinan que su legalización contribuiría a "salvar la ciudad", el joven arquitecto considera que se trata de una idea errada.

"Dentro de tantas nociones de ciudad que se pueden movilizar, creo que una justa es pensar que la ciudad es la gente. Por tanto, se necesitan políticas y estructuras que resuelvan problemas elementales de la vida urbana, que es en esencia la vida de la gente. La arquitectura aparecería, en el mejor de los casos, como una de las manifestaciones materiales de estas políticas en función de la gente", argumentó.

En opinión de Aroche tampoco es correcta "la marginalización de las construcciones por esfuerzo propio", pues "ese discurso marginaliza y ubica a la gente más vulnerable en la periferia de lo bueno. Es una narrativa clasista y elitista de una práctica en crisis".

Adria Valdés, por su parte, es pesimista en cuanto a la legalización de la arquitectura de forma privada, pues "la historia ha demostrado que el Gobierno es muy reticente a ceder antes las peticiones ciudadanas".

Además, recordó que el ejercicio de la arquitectura requiere de la participación de otros profesionales como son los ingenieros civiles, eléctricos y mecánicos, lo que entra en contradicción con lo dispuesto por el Gobierno, que impide "el diseño de ingeniería que incluye proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación hídrica, proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica, mecánica, industrial y de sistemas, ni la gestión de proyectos relacionados con la construcción".

Valdés también lamentó que los arquitectos cubanos no tengan acceso a incidir en el espacio público, pues "no hay mecanismos, como podrían ser los concursos, para participar del diseño de las ciudades".

"Sirve de poco tener arquitectos que trabajan construyendo viviendas muy bien diseñadas cuando están aisladas con muros y desconectadas de un sistema de espacios públicos que enriquecen su valor, pues la arquitectura es una red que se interconecta", cuestionó.

En tanto, para Aroche "la arquitectura independiente debe ser legal porque es un derecho, al igual que el periodismo o la agronomía, nada más", y agregó que "no hay ciudad ni arquitectura apolítica: ambas son cuerpos inevitablemente políticos".