Ley de bienestar animal en Cuba: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

La mañana del 11 de noviembre de 2019, un grupo de protectores de animales se reunió a las puertas del Centro de Protección Canina de Zoonosis para protestar por las recientes recogidas y sacrificios de decenas de perros en La Habana.

No era la primera vez que los animalistas rescataban perros de Zoonosis. Tampoco la primera vez que las autoridades decidían hacer una limpieza de canes en la ciudad, práctica que arreciaba con las visitas de jefes de Estado o ante festividades nacionales.

El 11 de noviembre, sin embargo, la protesta fue sonada. Enseñó a sus protagonistas y al resto del país que la comunidad de protectores de animales —esa que ya había llegado a organizar una marcha cívica poco tiempo antes— alcanzaba ya el rigor de un movimiento, con fuerza suficiente como para hacerse oír.

Ayudó también la difusión de sus reivindicaciones a través de internet, el acompañamiento de medios independientes, youtubers e influencers que potenciaron la voz de los activistas y les dieron visibilidad, protegiéndolos: los movimientos de la sociedad civil cubana han crecido a la par que la palabra libre en el ciberespacio.

Tras el 11 de noviembre de 2019, vuelta a empezar

Tras la acción y exposición mediática de esa mañana del 11 de noviembre de 2019, los protectores de animales consiguieron varias promesas de las autoridades. Una de ellas fue que Zoonosis dejaría de cazar animales sin aviso previo a los rescatistas. Otra, que por fin se trabajaría en la reclamada Ley de protección animal. De manera bastante formal, se fijó la fecha de noviembre de 2020 para la salida de la norma. Las autoridades dijeron que, de hecho, el texto ya estaba casi completamente redactado, a la espera de detalles.

Entonces llegó noviembre y, en lugar del esperado decreto, los animalistas vieron con asombro cómo el Ministerio de Agricultura (MINAG) convocaba a la ciudadanía a opinar para la elaboración de la norma que regularía el bienestar animal en el país. Las redes del movimiento estallaron en frustración e ira. ¿Cómo era posible que para la fecha en que se esperaba la publicación de la Ley, se convocara a los ciudadanos a dar opiniones al respecto, como si se estuviera al inicio del proceso? ¿No era que ya la Ley estaba redactada hacía un año? ¿Les habían mentido todo el tiempo? El MINAG ensayó una disculpa. Alegó que era la riqueza de opiniones lo que buscaba al convocar la voz del pueblo. Pero pocos le creyeron.

Larga ha sido la trayectoria de frustración del movimiento animalista con las autoridades cubanas. Una parte significativa de los activistas ya no confía en absoluto en las autoridades. Aseguran que el régimen no está interesado realmente en la protección de los animales y que poco hará. Para el régimen, por su parte, el movimiento animalista se ha convertido en una creciente preocupación, pues a pesar de que los activistas se declaran "apolíticos", cualquier organización espontánea de la sociedad civil que reúna decenas de personas, crea ansiedad en el poder.

Es así que destacadas protectoras como Beatriz Batista o Leidy Laura Hernández son ya víctimas de la maquinaria propagandística del Estado, dirigida a contenerlas. Otras maniobras más sutiles se pondrían en marcha para hacerse con el control del movimiento.

En noviembre de 2020, varios animalistas organizaron en secreto una protesta para el último día del mes, pues ya era evidente que no habría decreto. La acción fue detenida el día antes, cuando uno de los organizadores, Javier Larrea, presidente de Bienestar Animal Cuba (BAC), sorpresivamente anunció que se había reunido con la oficialista Aniplant y llegado a un acuerdo de trabajo. Este acontecimiento, además de un hito, marcó una escisión en el movimiento.

Al parecer, a partir de ese sobresalto de noviembre de 2020 las autoridades aprenden que hay que tomar en serio a los animalistas y convocan a BAC y a otros representantes, como CEDA, para que colaboren en la redacción del decreto-ley, que esta vez, se dijo, sí era seguro que redactarían. Prometieron entonces que en febrero de 2021 estaría listo y se publicaría.

Ha llegado febrero y, como en un plan hecho para desesperar, en lugar del ansiado decreto, el régimen ha publicado otro que prohibe la práctica privada de los veterinarios —única opción, casi absolutamente, que tenemos los cubanos para salvar a nuestras macotas—. Otra vez cundió la ira en el movimiento animalista. Otra vez las autoridades rectificaron la pifia a la carrera. Sin embargo, de la norma del bienestar animal nada apareció en la Gaceta Oficial. Llegó el pasado 19 de febrero y los activistas se plantaron con carteles frente al Ministerio de la Agricultura.

Beatriz Batista explicó que ya la Asamblea Nacional se había reunido para emitir tres decretos el 16 de febrero y que no volverían a hacerlo este mes, "porque usualmente no lo hacen". Pero el MINAG los convidó a entrar y una vez más tuvieron una reunión de dos horas y de nuevo hubo promesas y hasta esperanzadas activistas que declaran que sí, que ahora sí que sale el decreto.

Sin embargo, tras la protesta, defensores como Verónica Vega, Beatriz Batista u Omar Mena están siendo objeto de prisión domiciliaria y de una campaña de difamación en las redes sociales que tiene toda la impronta de la Seguridad del Estado.