Decenas de veterinarios cubanos demandan al Gobierno dar marcha atrás al decreto que ilegaliza el ejercicio privado de su profesión

Más de un centenar de doctores, profesores y médicos veterinarios cubanos dirigieron una carta a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para demandar el reconocimiento legal de su labor y rechazar la aplicación del Decreto 20/2020 que prohíbe el ejercicio de la profesión por cuenta propia.

La misiva, firmada por 140 profesionales de todo el país y publicada en el muro de Facebook del activista y protector de animales Javier Larrea, reconoce que la promulgación del Decreto "ha generado una gran preocupación social, especialmente entre las familias cubanas que cuentan, entre sus miembros, con animales afectivos, las cuales son, probablemente, la mayoría".

"¿Por qué? Porque la experiencia ha demostrado que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para brindar servicios veterinarios de calidad ni está en condiciones de satisfacer todos los que la población cubana demanda. Las causas pueden ser muchas, y las sabemos. Pero los hechos son los hechos. Y nadie puede negar que han sido justamente esa insatisfacción y la demanda creciente de servicios veterinarios en nuestra sociedad, las que han hecho emerger a los veterinarios por cuenta propia. Que tampoco son una figura nueva en nuestro país, pues siempre existieron", indica el texto.

El documento apunta que las clínicas y consultorios estatales hoy existentes "no cuentan con un abastecimiento constante de medicamentos, ni especializados ni sustitutos, ni tampoco con el equipo requerido para llevar a cabo el trabajo para el que fueron diseñadas y que reclama la población".

Asimismo, según el texto, los médicos veterinarios cubanos no tienen siquiera la potestad de expedir "recetas y prescripciones médicas para orientar el tratamiento a seguir. En relación a ello cabe recordar que hasta el inicio de la década de los 90 del pasado siglo, los médicos veterinarios se registraban en el desaparecido Instituto de Medicina Veterinaria y, con su número de registro, podían emitir esas recetas y responsabilizarse por la observación clínica de los animales, entre otras tareas. Hoy existe un control administrativo de doctores en medicina veterinaria y en medicina veterinaria y zootecnia, que no reconoce ni agrupa a la totalidad de los profesionales del sector". 

De ahí que el colectivo exija el reconocimiento legal de la labor de veterinarios particulares y de cooperativas organizadas para cumplir esa labor; el otorgamiento de licencias para el ejercicio a quienes las soliciten; la autorización de contratos con entidades estatales y extranjeras; así como la creación de un Registro de Médicos Veterinarios y Zootécnicos "que agrupe a todos los profesionales del gremio, así como la proclamación de una norma que regule nuestros derechos y deberes como tales". 

"El reconocimiento de nuestra labor debe llevar aparejada, igualmente, la facultad para emitir prescripciones y recetas, lo que por otro lado, evitaría que aquellos que no cuenten con la calificación, la licencia y el registro pertinentes, suplanten las capacidades profesionales y ejerzan la profesión sin estar habilitados, lo que pone en riesgo la salud animal y, por ende, la humana".

El grupo pide también "potenciar y mejorar la atención y el suministro de insumos a las clínicas veterinarias estatales y su personal, ampliando las oportunidades de capacitación y superación".

La carta, dirigida con copia al Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, el Ministerio de la Agricultura (MINAG) y la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria, subraya que no se trata de privatizar el ejercicio de la veterinaria sino de lograr la complementación de la práctica privada y la estatal. 

Después de la promulgación del Decreto a fines de enero, buena parte de los animalistas cubanos reaccionaron con repudio, pues desde su perspectiva este tendrá un efecto muy nocivo para la fauna del país.