El incremento de los precios de la representación letrada en procesos judiciales, junto al alza del coste de la mayoría de los servicios como parte de la llamada "Tarea Ordenamiento", ha sorprendido incluso a los abogados del sistema de Bufetes Colectivos.
La Resolución 511/2020, publicada en la Gaceta Oficial de Cuba el 18 de diciembre de 2020, establece nuevas tarifas apenas cuatro meses después de una subida de los servicios jurídicos a empresas y a la población, recogida en la Resolución 345 de 16 de julio de 2020 del Ministro de Justicia.
El abogado independiente Amado Calixto considera que ya esas tarifas de la Resolución 345 eran "exageradas".
"Es algo de lo que los usuarios se han quejado y hasta los propios abogados han comentado. Eso ha tenido un impacto negativo dentro del sistema de Bufetes Colectivos", señala. "Estos bufetes, que aparentemente son para proporcionar representación legal al pueblo, en la práctica son una institución que responde a los intereses del Estado y una más de las formas que ha utilizado el Gobierno para buscar solvencia para las cajas estatales, que están vacías y no es un secreto".
"Los precios vuelven a aumentar tras solo cuatro meses" de la anterior subida, "porque el ordenamiento este que entró en vigor el primero de enero está regido por el Ministerio de Finanzas y Precios. Ese Ministerio ha establecido determinadas tabulaciones y, evidentemente, pese a que ya eran exagerados los precios, hubo una modificación para ponerlos a tono con las orientaciones".
Para el también abogado Hildebrando Chaviano, con las nuevas tarifas se cumple la maldición "que entre abogados te veas". Broma aparte, no cree que la nueva tarifa para los servicios jurídicos sea excesiva, "como sí lo es desde hace mucho, ahora más, el acceso a bienes de consumo y servicios de primera necesidad".
En el aumento de los precios de la representación letrada se ve "la ratificación de la capacidad de improvisación del Gobierno cubano, de ahí su preferencia por legislar mediante decretos y decretos-leyes", dice Chaviano.
Para Amado Calixto, el incremento de los salarios y pensiones cuatro o cinco veces, en la práctica queda muy por debajo de cubrir las necesidades de las personas. "No creo que pueda servir para que, en un momento determinado, una persona pueda usar ese dinero para su representación en un trámite o un litigio ante los tribunales".
570 pesos por divorciarse, 330 para reclamar la pensión alimenticia
Las nuevas tarifas implican un aumento de aproximadamente seis veces los precios anteriores. Por ejemplo, el costo de un divorcio antes no superaba los 90 pesos y ahora es de 570 pesos. Los procesos pueden llevar además sellos de cinco o diez pesos, que deben entregarse en el momento de contratar al abogado.
El precio de un abogado para una madre divorciada que reclame la pensión alimenticia para sus hijos aumentó a 330 pesos, pero en este caso no es obligatoria la representación letrada. Sin embargo, el abogado sabe cómo adquirir documentos —algo que quizás la madre ignora—; sabe también cómo enfocar las ganancias del padre, y puede asesorar a la madre respecto a las pruebas que necesita si el hijo tiene una enfermedad y requiere medicinas o alimentación especial. El abogado puede recomendarle aportar pruebas que quizás ella consideraría innecesarias.
Cuando dos personas se divorcian, deben realizar la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes. Si hay litigio, deben ir a los tribunales. La representación letrada representará para cada parte un costo, en el menor de los casos, de 2.400 pesos cubanos, y puede llegar hasta los 15.000 pesos, en dependencia del valor total de los bienes comunes.
En los procesos penales, las tarifas son progresivas según la gravedad del delito y la pena. El precio de un abogado va de 690 a 990 pesos para delitos agravados como el atentado, el desacato y la actividad económica ilícita.
Para delitos como espionaje, propaganda enemiga, robo con fuerza y corrupción de menores, la representación letrada cuesta entre 2.400 y 4.200 pesos.
Para delitos como promoción de la acción armada contra Cuba, espionaje o tráfico de drogas, la representación letrada cuesta entre 3.000 y 5.400 pesos.
Estos precios hacen previsible un aumento de las defensas penales de oficio, pues muchos acusados no podrán costear los servicios de un abogado.
¿A qué se expone quien no pueda contratar un abogado?
¿Podría representar esto una desventaja para quienes cuentan con pocos recursos? ¿Tiene igual probabilidad de obtener una buena defensa quien pueda contratar un abogado que quien tenga asignado uno de oficio?
Hildebrando Chaviano no considera que constituya una desventaja. "No siempre un abogado contratado tiene el tiempo, el interés, el acceso debido al expediente de su defendido, o al defendido mismo. Exactamente igual le ocurre a un abogado de oficio. Considero, además, que los abogados merecen un mejor salario y los bufetes colectivos mayores ingresos para mejorar las condiciones de sus trabajadores. Ojalá estas nuevas tarifas contribuyan en este sentido".
Amado Calixto explica que los abogados cobran un porciento de lo que paga el cliente, de acuerdo al contrato. "El abogado termina la defensa, recibe de la secretaría un documento, lo lleva al bufete y cobra exactamente lo mismo tanto si la persona es absuelta como si es condenada incluso a una sanción extrema, como la pena de muerte o la cadena perpetua. No hay un incentivo para el abogado. Si la persona se pone de acuerdo con el abogado, que es lo que existe en la práctica en Cuba, y lo incentiva con una cantidad, el abogado podría hacer un esfuerzo mayor y realizar otras gestiones. Pero en la práctica da lo mismo si es un abogado contratado o uno de oficio".
Otra experta consultada por DIARIO DE CUBA y que pidió no ser identificada opina que sí es "una total desventaja".
"A un abogado al que contratas le puedes llevar pruebas, le puedes exigir que presente pruebas. No es que no puedas pedírselo a uno de oficio, pero este no tiene la misma obligación contigo que uno con el que firmaste un contrato de servicios jurídicos. Puedes ponerle una queja al bufete en virtud de ese contrato. No es lo mismo que un familiar vaya, converse con el abogado y le explique todo, a que el abogado reciba un expediente en el que todo está escrito. No se establece desde el principio un de voluntariedad, sino que el tribunal dispone", dice.
"El abogado de oficio llega al proceso una vez el expediente ya está en el tribunal. Se pierde todo el trámite durante el cual el expediente está en manos del fiscal. Prácticamente, va a representarte cuando el proceso está terminado. No podrá ejercer una defensa legal en toda su amplitud. Se le acorta el tiempo de preparación de pruebas", agrega.
"Aunque los buenos abogados defienden igual de oficio que por contrato, porque va en su ética, en la práctica no es as. Por ejemplo, los de oficio no suelen ir a entrevistarse con el acusado mientras está en prisión provisional", advierte la abogada.
Además, llama la atención sobre una desventaja que tienen todos los acusados, puedan o no contratar un abogado, y que es objeto de reclamación de los letrados en Cuba: "Los primeros siete días, cuando la persona es detenida, el abogado nunca participa. En esos días, se le toma declaración, pero la persona está sola y no sabe cómo defender sus derechos. Está sujeta a que se cometa cualquier ilegalidad y se le tomen declaraciones que no haría si tuviera asesoría jurídica", explica.
Aburre el cuento de que las cosas están más caras en Cuba. Cómo se podría intentar arreglar algo sin pasar por ese punto? De qué se quejan, de que están eliminando las gratuidades?
Correcto.
Obvio que la ONBC incrementará el ingreso personal de los abogados ahora, pues ellos también tienen que comer y vivir a la vez que se afectan los derechos de representación o el acceso a una mejor defensa técnica. Que el dinero vaya a las cuentas de las cajas del Estado no es un enigma. La ONBC hace años que tiene en cada provincia cuentas congeladas en varios tipos de monedas con lo que recaudaban y el Estado si bien no se las confisca "en teoría o muela", tampoco se los deja gastar a su antojo en favor de los abogados y su infraestructura. No pueden tan siquiera salir a invertir en computadoras y portátiles, porque es tarea estratégica del Estado.
Paradójicamente es la única organización que conserva las casas de visitas para recreo del gremio y sus familiares en playas y ciudades, privilegio merecido que sirve lastimosamente para comprar su complicidad.
Algo raro hay, pero que dependen del Estado y trabajan para él es seguro.