Los Bufetes Colectivos obligan a los cubanos a sacar más dinero de sus menguados bolsillos

Bufetes Colectivos, la única organización de abogados autorizada por el Gobierno cubano y bajo su control, elevó sustancialmente varias de las tarifas por los servicios de representación que presta para todos los ciudadanos cubanos, según una circular interna a la que tuvo acceso DIARIO DE CUBA.

Las nuevas tarifas, vigentes desde este mes de septiembre, afectarán principalmente a las personas que soliciten los servicios de un abogado y estén involucrados en delitos económicos u otros de altas penas de cárcel. De igual manera suben considerablemente los precios para aquellas personas que soliciten asesoría legal en temas relacionados con herencias u otros litigios de interés lucrativo, según se desprende del desglose hecho por esta organización en el documento.

"La justificación que esgrimió la directiva de Bufetes para subir las tarifas es que esta es una organización autofinanciada y necesita tener mayores ingresos para poder seguir operando. Además se excusaron en la comparación con las tarifas que cobran los bufetes de otras naciones y arguyeron que aún con estos aumentos las de Cuba continuaban siendo bajas, sin mencionar el bajo ingreso promedio de los cubanos", señaló una abogada parte del sistema quien no reveló su nombre por temor a represalias.

Esta organización tiene establecidas tarifas progresivas según la gravedad de los delitos y su pena correspondiente, por ejemplo, aquellos ciudadanos involucrados en delitos de tráfico de drogas ahora deberán pagar 900 pesos por los servicios de un abogado, cuando anteriormente debían gastar por ese servicio 415 pesos.

En cuanto a los litigios o reclamos de herencias, mientras más alto sea el monto del reclamo, la tarifa a pagar es más alta, llegando como máximo a los 6.000 pesos y un mínimo de 1.500. Anteriormente, solicitar el servicio de un abogado en Bufete Colectivo para asuntos de esta naturaleza no superaba los 1.000 pesos.

"Estas nuevas tarifas también afectan a los abogados que trabajamos en Bufetes pues    si las personas ahora deben pagar más de manera legal por sus servicios, entonces ya no hay igual disposición de los clientes de ofrecer una retribución extra a los abogados, situación muy habitual entre el abogado y su cliente", hizo ver esta abogada a DIARIO DE CUBA.  

Aunque se dice una organización autónoma, Bufetes Colectivos funciona como una organización estatal más y es la única autorizada para representar y defender a un ciudadano ante el cuestionado sistema judicial del país. 

Varios abogados que se han atrevido a defender a opositores políticos o recusar a jueces y fiscales han terminado expulsados de Bufetes Colectivos, como es el caso de los juristas Amelia Rodríguez y Julio Ferrer Tamayo, entre otros.