Aciertos y desaciertos: Manuel Urrutia

Manuel Urrutia Lleó (Yaguajay, 1901- Nueva York, 1981). Magistrado de la Audiencia de Santiago de Cuba. Emitió un voto absolutorio en la Causa 67 de 1956, a favor de los participantes en la expedición del yate Granma y el alzamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba. Propuesto por el Movimiento 26 de Julio (M-26-7) para presidente provisional de la República, cargo al que juró en la noche del 1 de enero de 1959. Se opuso al rumbo totalitario que tomó la Revolución. Renunció en julio de 1959, salió al exilio en abril de 1963 y participó en actividades contrarias al totalitarismo cubano. Escribió libros y fue profesor de Español. Falleció en julio de 1981 en el Hospital Saint John de Nueva York.

El contexto de su nombramiento

A propuesta de Frank País, Fidel Castro se reunió en la Sierra Maestra con Raúl Chibás, presidente del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo (PPCO) y Felipe Pazos, expresidente del Banco Nacional de Cuba, para tratar la situación política nacional y la conformación de un Gobierno provisional. La reunión duró dos días y al concluir, el 12 de junio de 1957, se suscribió el "Manifiesto al Pueblo de Cuba". Según Luis M. Buch, Pazos dejó entrever su aspiración a ser el presidente provisional de la República, pero Fidel, "después de los primeros tanteos, consideró muy difícil vencer sus escrúpulos personales ante el temor de que en ese caso interpretasen su viaje a la Sierra como movido por un interés personal..."; razón por la cual no fue propuesto para esa responsabilidad (Gobierno Revolucionario cubano: génesis y primeros pasos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1999).

Chibás y Pazos viajaron a EEUU en octubre de 1957. Allí suscribieron, con las asociaciones cívicas cubanas en el exilio, incluyendo a dos representantes del M-26-7, el "Acuerdo de la Junta de Liberación de Cuba" (Pacto de Miami), en el que se declaraba "la aspiración a la conformación de un Gobierno constitucional, legal y democrático, en el que el pueblo de Cuba pueda expresar sus aspiraciones". Para ese Gobierno se propuso a Felipe Pazos como presidente provisional.

En diciembre de 1957, en respuesta al Pacto de Miami, Fidel planteó que "lo importante no era la unidad en sí, sino la base sobre la cual se sustentaba la misma". Cinco meses después, en mayo de 1958, en la reunión de Altos de Mompié —en la que Fidel fue nombrado comandante en jefe de todas las fuerzas revolucionarias—, Urrutia fue ratificado como candidato presidencial por el M-26-7. Luego, en julio de 1958, en Venezuela se creó el Frente Cívico Revolucionario (Pacto de Caracas), donde el M-26-7 logró que se aprobara a Manuel Urrutia, en lugar de Felipe Pazos, que había sido propuesto por el Pacto de Miami. Finalmente, el 1 de enero de 1959, en Santiago de Cuba, Urrutia prestó juramento y habló al pueblo en funciones de presidente de la República.

El Gabinete y las primeras disposiciones

El 2 de enero de 1959, declinando una responsabilidad que constitucionalmente le correspondía por su condición de presidente, Urrutia designó a Fidel Castro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y por recomendación de Fidel, al coronel Rego Rubido como jefe del Estado Mayor del Ejército.

Al día siguiente comenzó a integrar su Gabinete, con figuras procedentes de los movimientos cívicos y revolucionarios. Entre los primeros, Ángel Fernández, en Justicia; Julio Martínez Páez, en Salubridad; Humberto Sorí Marín, en Agricultura; Luis Orlando Rodríguez, Gobernación; Manuel Ray Rivero, Obras Públicas; Rufo López Fresquet, en Hacienda; Elena Mederos, en Bienestar Social; Roberto Agramonte, ministro de Estado; y José Miró Cardona, primer ministro, este último propuesto por Fidel por considerarlo "como un bálsamo para la burguesía".

Entre los segundos, Luis M. Buch, ministro de la Presidencia y secretario del Consejo de Ministros; Faustino Pérez, ministro de Recuperación de Bienes Malversados; Armando Hart, en Educación; Raúl Cepero Bonilla, en Comercio; Manuel Fernández García, en Trabajo; Enrique Oltuski, en Comunicaciones; Augusto Martínez Sánchez en Defensa; Regino Boti, encargado del Consejo Nacional de Economía; Julio Camacho Aguilera, en la Corporación Nacional de Transporte; y Osvaldo Dorticós, encargado de la Ponencia y Estudio de las Leyes Revolucionarias.

Las leyes dictadas

El 7 de febrero se sustituyó la Constitución de 1940, la cual —según Fidel Castro en el juicio por el asalto al cuartel Moncada— debía ser restablecida como “la verdadera y suprema ley del Estado, en tanto el pueblo decidiese modificarla o cambiarla”. Sin embargo, en lugar de restablecerse plenamente fue sustituida por unos estatutos constitucionales conocidos como Ley Fundamental del Estado Cubano.

El Congreso fue disuelto y los mandatos de gobernantes, alcaldes y concejales extinguidos. Las figuras del Gobierno anterior fueron cesanteadas, y las organizaciones e instituciones y organizaciones disueltas. Se implementó un programa para cerrar todos los prostíbulos, casinos y loterías. Se intervino la Cuban Telephone Company. Entre otras leyes dictadas, la de mayor impacto fue la Reforma Agraria, de mayo de 1959, cuyo antecedente estaba en la Ley 3 de la Sierra Maestra, la cual había concedido a los colonos, arrendatarios, aparceros o precaristas, la propiedad de hasta dos caballerías, previa indemnización a la parte afectada. El autor de esta Ley de la Sierra Maestra, Humberto Sorí Marín, había asegurado que "dentro de los cánones precisos de la Constitución de 1940, no habría una sola confiscación".

Fidel, al presentar al Gabinete el nuevo proyecto de Ley —elaborado por Antonio Núñez Jiménez—, aceptó que fuera examinado por una comisión presidida por Sorí Marín, pero las enmiendas realizadas no se tomaron en cuenta. Finalmente, la Ley se firmó el 17 de mayo de 1959 en el Pico Turquino, con tal prisa que ese mismo día, en el avión que los conducía, Fidel, leyendo y releyendo el texto, añadió el tema de las cooperativas. Mediante un decreto presidencial que acompañó a la Ley se creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria con Fidel como director ejecutivo, lo que generó una dualidad de poderes: el real, en manos de Fidel, y el nominal, depositado en Urrutia.

Al poner en práctica la Ley, se aconsejó a los jefes agrarios que cuando se dispusieran a intervenir una finca, "la Ley debe llegar después de la intervención y agregó que a la hora de decidir cuántas caballerías le dejan a un latifundista, puede que tengan el criterio de dejarle 100 como marca la Ley, si están bien cultivadas, pero mejor dejarle 50."

Los conflictos

Resultado de la heterogeneidad de las diversas fuerzas políticas que participaron en la lucha insurreccional, surgieron fuertes contradicciones. Una de ellas fue la ocupación militar por el Directorio Revolucionario, el 1 de enero de 1959, del Palacio Presidencial, la Universidad de La Habana, la base aérea de San Antonio de los Baños y el Capitolio Nacional. El Che, que ya estaba en La Habana, viajó a Camagüey el día 5 de enero para informárselo a Fidel. El conflicto se pudo negociar, y el día 6 de enero el Directorio entregó el Palacio a Camilo Cienfuegos y Machado Ventura, quienes asumieron la dirección del edificio.

Según Luis M. Buch, José Miró Cardona tenía contradicciones con Urrutia, por esa razón varios ministros provenientes del M-26-7 le plantearon a Fidel que ocupara el premierato. Para aceptarlo, Fidel puso como condición: “tener el control directo de la política general, sin menoscabo de las facultades que, conforme a la Ley Fundamental, le correspondían al presidente de la República”.

El 13 de febrero de 1959 el Consejo de Ministros procedió a analizar la exigencia de Fidel y se acordó cambiar la redacción del artículo 146 de la Ley Fundamental, quedando así: “Corresponderá al primer ministro dirigir la política general del Gobierno, despachar con el presidente de la República los asuntos administrativos, y acompañado de los ministros, los propios de los respectivos departamentos”. Al respecto Buch comenta que no es lo mismo "representar" que "dirigir". En virtud de este cambio, el jefe de la Fuerzas de Tierra, Mar y Aire y primer ministro se convirtió, en jefe político del Gobierno. Miró Cardona presentó la renuncia y Fidel, al ocupar el cargo, anunció un programa de gobierno que "lograría para el pueblo un nivel de vida superior al de cualquier otra nación" y, en  paralelo a las primeras medidas de beneficio popular, se concentró la propiedad en manos del Estado y se desmontó la sociedad civil existente.

El 21 de enero de 1959, el primer ministro afirmó: "ni me inmiscuyo, ni me inmiscuiré en los problemas de la Presidencia de la República". Sin embargo, el 6 de febrero, en un discurso público, hizo señalamientos críticos al Gobierno. Urrutia, que lo escuchó por la radio, se presentó al Consejo de Ministros y dijo: "Yo creo que cuando Fidel está hablando del Gobierno se está refiriendo a mí", a lo que Enrique Oltuski respondió: "A mí me parece que no es contra usted, sino contra el Gobierno en general".

En julio Fidel "renunció" al premierato. Al día siguiente acusó a Urrutia de obstaculizar la aprobación de leyes revolucionarias en el programa televisivo Ante la prensa, donde dijo: "La razón de la renuncia es una razón de orden interno (…) obedece a la imposibilidad por mi parte de continuar ejerciendo el cargo en las actuales circunstancias, dadas las dificultades con el señor presidente de la República". Ante la presión, Urrutia presentó la renuncia y en su lugar se designó a Osvaldo Dorticós Torrado. El 26 de julio, en el sexto aniversario del asalto al Cuartel Moncada, Fidel reasumió el cargo con plena autoridad para juzgar, legislar y gobernar.

A manera de conclusión

La gran lección de nuestra historia política, magnificada durante el Gobierno de Urrutia, es la importancia vital de la soberanía popular: el pueblo tiene que participar activamente, elegir libremente y exigir a los elegidos: algo imposible en un sistema totalitario.

Urrutia no fue electo por el pueblo, sino designado y subordinado a los revolucionarios que tomaron el poder. Aunque no fuera su voluntad, las medidas implementadas durante su mandato sentaron las bases del totalitarismo. Su acierto, infructuoso, se limitó a intentar frenarlo. El hecho fue que la Constitución de 1940, por la que se había derramado tanta sangre, fue sustituida de forma definitiva. Su restitución había identificado a los que se opusieron al golpe de Estado de 1952. Con ella se justificaron las acciones armadas como el asalto al cuartel Moncada, el desembarco del Granma y la lucha guerrillera. Y el propio Urrutia, en su condición de magistrado, se basó en ella para emitir el voto absolutorio a favor de los acusados por esos hechos.

La sustitución de la Carta Magna de 1940 por la Ley Fundamental del Estado Cubano sentó las bases del poder político, económico, cultural y social que se institucionalizó en 1976 y perdura hasta hoy. Ese fue su gran desacierto, que por su impacto negativo, arroja sombras sobre cualquier acierto de su Gobierno.