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economía

Las autoridades cubanas retiran más de 600 licencias a trabajadores privados por subir precios

Culpan a la población por comprar los productos a altos costos y proteger a sus vendedores.

La Habana
Punto de venta de productos del agro en Guantánamo.
Punto de venta de productos del agro en Guantánamo. granma

El Gobierno ha retirado más de 600 licencias a trabajadores privados en toda Cuba por subir los precios establecidos por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) con la arrancada de la Tarea Ordenamiento el pasado 1 de enero.

Según publicó el diario oficial Granma, también han ejecutado unos 750 decomisos de productos.

Para el control de los precios, en el país se han realizado más de 52.500 inspecciones al comercio minorista, tanto al estatal como al no estatal y en el 47% de estas se han adoptado 33.910 medidas, ante las distintas violaciones de precios.

Según el órgano del Partido Comunista de Cuba (PCC), en esta primera etapa, "prácticamente un 65% de los incumplimientos está enmarcado en mercados agropecuarios y en la comercialización de diferentes productos de esa naturaleza, así como en servicios gastronómicos".

Irait Trujillo Álvarez y Joel Márquez Castillo, directores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en Villa Clara y Guantánamo, confirmaron que retiraron sus licencias a 87 personas que ejercían el trabajo por cuenta propia y obligaron a unas 150 a ventas forzosas a precios establecidos.

Según estos funcionarios, también practicaron decenas de decomisos y separaron a más de 110 administrativos de sus cargos, "por tener responsabilidad en los mencionados hechos".

En Guantánamo están en curso otras 401 medidas disciplinarias a infractores en 463 establecimientos estatales de Comercio y Gastronomía, sector que, en el caso de Villa Clara, incurre, sobre todo, "en ocultamiento de mercancías, actos de favoritismos y empleo de instrumentos de medición no aptos para el expendio", detalló Irait Trujillo.

Precisó que las violaciones de precios y engaño al consumidor, en estos días iniciales del año, se localizan, fundamentalmente, en puntos de venta del agro y en cuentapropistas que ejercen como carretilleros o transportistas, u ofrecen servicios gastronómicos.

En Guantánamo, unos cierran por el día y venden por la noche, dijo Márquez Castillo.

"Como el control lo ejercemos también en esos horarios, no pocos de ellos mudaron el negocio para el segmento de la madrugada al amanecer. Responderemos a esa y a cualquier otra maniobra que los violadores ensayen para evadir lo normado", advirtió.

El funcionario en Guantánamo afirmó que la labor coordinada entre el personal que dirige y el del Ministerio del Interior pasa porque los "funcionarios acuden como clientes ante los vendedores" y decenas de ellos "han sido sorprendidos in fraganti".

Márquez Castillo culpó a la propia población de favorecer los altos precios.

"Hay gente que protege a los violadores; compra una libra de tomate a 20 pesos, por ejemplo, y sin embargo, cuando tú le preguntas, dicen que la compraron a cinco pesos. Este problema es de todos y entre todos tenemos que resolverlo; necesitamos que la población avise, denuncie", dijo el directivo.

En Cuba las personas se ven obligadas a comprar los productos cuando aparecen debido al desabastecimiento imperante en los mercados estatales. Las escasas opciones las llevan a las puertas de casa, sobre todo, los vendedores ambulantes, o se encuentran en los pequeños puntos de venta.

"Además del abuso en la venta de productos del agro, también lo hay en otros servicios, como el de transporte privado", dijo el directivo.

"En todos vamos a poner las cosas en su lugar. Nuestro personal sabe persuadir, pero no le tiemblan las manos cuando hace falta severidad", concluyó.

Con la unificación monetaria, el Gobierno incrementó los salarios mínimos a 2.100 pesos, pero al mismo tiempo ha decretado una subida de precios de todos los bienes y servicios que deja a los cubanos sin poder adquisitivo para llegar a fin de mes.

Mientras, pone el foco en el sector privado, particularmente afectado con el alza de las tazas por servicios indispensables para mantener a flote sus pequeños negocios, como la electricidad, el gas y el agua.

Aunque el Gobierno dijo que veía normal la subida de los precios de los cuentapropistas, también dejó claro que no iba a permitir "el abuso y el parasitismo", como afirmó la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, durante el VI período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La semana pasada el MFP habilitó canales de comunicación con las autoridades en municipios y provincias para que la población realice denuncias de violaciones a los precios establecidos, mientras desde la prensa oficial justifican al alza de productos de importación.

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