Gobierno de Panamá sobre los médicos cubanos: 'Ellos verán cómo solucionan sus problemas'

El doctor Francisco Sánchez Cárdenas, asesor del presidente panameño Laurentino Cortizo en cuestiones relacionadas con el Ministerio de Salud de Panamá (MINSA), reveló esta semana que la contratación de médicos cubanos por parte de su país para atender a pacientes con Covid-19 "es un trato de Gobierno a Gobierno".

La declaración, dada en el programa televisivo Polígrafo de La Estrella de Panamá, ocurre en medio de las protestas de varias instituciones médicas panameñas por la violación de la Ley 89 de noviembre del 2013 referida a la contratación de personal médico extranjero que representa la llegada de la brigada médica cubana.

"Esa es una industria de salud del Gobierno cubano. Ellos verán cómo solucionan sus problemas", expresó Sánchez ante la pregunta de por qué el Gobierno de Panamá paga al Gobierno de Cuba y no directamente a los galenos. Sánchez también insinuó que el Gobierno cubano usaría el dinero recibido para el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19.

Al ser cuestionado sobre el hecho de que Panamá fuese cómplice de la violación de derechos humanos a los médicos de la Isla, el asesor presidencial declaró: "Los que tienen que resolver eso no somos nosotros, son los médicos cubanos". Según datos revelados, por el acuerdo con Panamá, el Gobierno cubano se embolsará unos 441.450 dólares mensuales, mientras cada médico recibirá un pago de 640 dólares.

Sobre si la aprobación de los médicos cubanos pasará por el Consejo Técnico de Salud de Panamá, tal y como exige la ley, y sobre la posible violación de las normas panameñas en que se incurre por este contrato con el Gobierno cubano, Sánchez esquivó cualquier respuesta clara. "Panamá está en crisis, en una guerra, y no podemos estar con tanto legalismo", se limitó a contestar.

A raíz de la llegada de 230 médicos cubanos a Panamá, en diciembre pasado renunció el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, el doctor Enrique Mendoza. En una carta pública al ministro del MINSA, Mendoza explicó que su renuncia se debía a la violación de la Ley 89 del 1 de noviembre de 2013, la cual establece que la contratación de personal médico extranjero debe hacerse de manera individual y no a "grupos o contingentes a través de concepciones o tercerización".

De igual forma, la Ley 89 dicta que los galenos contratados deben cumplir con los mismos requisitos exigidos a los médicos y técnicos de salud panameños en cada una de sus disciplinas.

A la protesta del doctor Mendoza se sumaron varias instituciones, entre ellas la Sociedad Panameña de Cardiología (SPC), que denunció al MINSA por no cumplir con la obligación de informar y presentar los currículums individuales de los médicos cubanos contratados al Consejo Técnico de Salud. El SPC se refirió, además, a la no idoneidad de los médicos cubanos en todas las disciplinas que exige el país en su lucha contra el coronavirus, lo cual argumentó con experiencias similares vividas con otros galenos de la Isla.

Sobre este hecho se pronunció a finales de diciembre pasado el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, quien le exigió al presidente panameño no ser cómplice de las continuas violaciones de derechos humanos a las que son sometidos los médicos cubanos por parte del Gobierno.

Según un comunicado de HRW que salió a la luz en julio de 2020: "Los gobiernos que solicitan asistencia de trabajadores de la salud cubanos para responder a la pandemia de Covid-19 deben exigir a las autoridades cubanas que reformen las leyes y reglamentos aplicables que vulneran, entre otros, los derechos a la privacidad, la libertad, la libertad de expresión y asociación, y el libre movimiento."

Por su parte, la organización no gubernamental de derechos humanos Cuban Prisoners Defenders, se pronunció en Twitter sobre las declaraciones de Francisco Sánchez Cárdenas y denunció públicamente que "Panamá acepta formalmente la trata de personas".

La vulneración de libertades y derechos fundamentales de los médicos cubanos por parte del régimen ha sido varias veces denunciada ante organismos internacionales. Una de las denuncias más contundentes fueron los mandatos de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; y de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, en noviembre de 2019.

Los pronunciamientos de esta funcionaria de Naciones Unidas se fundamentaron en más de un testimonios recogidos por Cuban Prisoners Defenders de médicos cubanos que escaparon de sus "misiones" y hablaron de los constantes atropellos a los que fueron sometidos. El Gobierno de la Isla jamás respondió a los mandatos de Naciones Unidas.