La Sociedad Panameña de Cardiología (SPC) se sumó este lunes a las distintas instituciones sanitarias de ese país que se oponen a la llegada de 230 médicos cubanos como parte de un acuerdo comercial entre los gobiernos del istmo y la Isla.
En una carta abierta, la SPC exigió el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de contratación de personal médico en el exterior, en especial en el caso de los cubanos llegados para tratar a pacientes con coronavirus en Panamá.
"Siempre hemos estado dispuestos a participar en la solución a este grave problema sanitario, pero en forma coordinada y sin descuidar la atención al resto de los problemas de salud de nuestra población", expresaron en la misiva.
Según la SPC, no están claros todos los datos respecto a los médicos cubanos recién llegados a su país y tienen entendido que entre los galenos de la Isla hay cardiólogos, a lo cual se oponen.
La SPC explicó que el ejercicio de la especialidad de cardiología requiere en Panamá de un sólido entrenamiento, que incluye seis años de estudio entre las materias de medicina interna y cardiología, mientras que los planes de estudio en Cuba requieren tres años de cardiología sin el requisito de medicina interna.
La institución expresó, además, que su país no necesita más cardiólogos de los que ya posee y que no han sido positivas las experiencias con médicos cubanos en ocasiones anteriores.
"Es falso lo que en diversas reuniones con el Ministerio de Salud (MINSA) nos han dicho, en relación a que pueden ayudar con la base de medicina interna, la cual no tienen. Ya hemos tenido experiencia de cardiólogos formados en Cuba que, al no cumplir con los requisitos establecidos en el Consejo Consultivo Técnico de Salud, solo pueden ejercer como médicos generales", señaló la misiva.
La SPC acusó al MINSA de tomar decisiones unilaterales, violando el artículo 4 de un documento conjunto con las sociedades médicas de Panamá, en el cual se establecía que la contratación de galenos extranjeros debía ser consultada y evaluada por el Consejo Consultivo Técnico de Salud. Por esta violación la pasada semana pidió su renuncia del Consejo el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, el doctor Enrique Mendoza.
Panamá también pidió ayuda a Estados Unidos para solucionar su crisis sanitaria a través de una llamada que en agosto el presidente panameño, Laurentino Cortizo, le hizo a Donald Trump. En la conversación, Cortizo le pidió a EEUU apoyo para la compra de equipos e insumos médicos para tratar el Covid-19 en el istmo.
Mauricio Claver-Carone, actual director del Banco Iberoamericano de Desarrollo, expresó en esa ocasión que EEUU había donado a la región de Centroamérica 150 millones de dólares en materia de equipos médicos y que se mantendría la cooperación de su país con Panamá.
Por otra parte, Claver-Carone manifestó su preocupación con la contratación de médicos cubanos, y añadió que varias oenegés y entidades internacionales califican estos acuerdos con la Isla como tráfico humano.
"Nos preocupa el robo por parte del Gobierno cubano de los salarios de estos médicos y la violación de derechos laborales bajo estándares internacionales, así que abogaríamos con Panamá y todos los países que se respeten sus derechos y que no permitan que sean usados como rehenes del régimen cubano", añadió.
Según datos revelados, por el acuerdo con Panamá, el Gobierno cubano se embolsará unos 441.450 dólares mensuales, mientras cada médico recibirá un pago de 640 dólares.
