Tráfico ilegal de divisas, un delito al cual el Gobierno induce ahora más que nunca a los cubanos

A partir del 1ro de enero, con el inicio de la Tarea Ordenamiento, el CUC desaparecerá finalmente y la tasa de cambio oficial del dólar será de 1x24 pesos cubanos. ¿No era eso lo que quería el pueblo? Ahora, en vez de salarios mensuales de entre 25 y 40 dólares, los cubanos cobrarán 87 dólares (2.100 pesos), como mínimo. Claro, el sueldo se cobrará en pesos cubanos, la moneda oficial del país, con la que se deberán comprar los dólares… ¿a quién? ¿Dónde están esos dólares que cuestan 24 pesos cubanos?

El Estado cubano no tiene dólares para vender. No tiene ni siquiera para que quienes poseen cuentas bancarias en dólares o euros puedan retirar la cantidad de dinero que deseen, cuando lo deseen. Incluso el personal médico que cumple misiones en el extranjero —reconocidas por el Gobierno como su principal fuente de entrada de divisas— verá sus ahorros bancarios congelados si decide convertirlos en dólares o euros.

Los cubanos que no tiene dólares ni quien se los envíe deberán comprar con pesos, la moneda oficial del país tras la eliminación del CUC. ¿Pero dónde? ¿Qué producto de primera necesidad vende el Estado cubano en pesos, además de los de la bodega? Ninguno. Quien necesite jabón, champú, detergente, puré de tomate, aceite, tendrá que adquirirlos con dólares. Pero primero deberá ponerlos en una cuenta bancaria y, una vez allí, no podrá volver a tocarlos. Deberá solicitar una tarjeta magnética para comprar en las tiendas en Moneda Libremente Convertible.

Es entonces que los cubanos verán que su salario real no es de 87 dólares, sino de 60 o menos. Si el Estado no vende dólares, solo podrán adquirirlos en la calle, donde difícilmente los encontrarán por menos de 35 pesos cubanos.

Los trabajadores cubanos no solo se encontrarán ante la drástica disminución de su salario, sino además ante la disyuntiva de prescindir de productos de primera necesidad o cometer el delito de "tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas".

El Artículo 235.1 del presente Código Penal sanciona "con privación de libertad de dos a cinco años o multa de trescientas a mil cuotas o ambas al que f) haga operaciones de cambio en mercados negros de monedas nacionales o extranjeras o por canales distintos a los legalmente establecidos".

Ese inciso f es el que ha servido para acusar a los llamados "revendedores" que se ubicaban en los alrededores de las Casas de Cambio (CADECAS) y las tiendas en CUC y vendían el peso convertible en 25 pesos cubanos, que era el mismo precio al que lo vendía la CADECA, con la diferencia de que a ellos se les compraba sin hacer cola.

Muchos cubanos rechazaban comprar CUC a esas personas porque no deseaban emplear un canal distinto "a los legalmente establecidos". ¿Dónde están esos canales para comprar divisas ahora?

La privación de libertad de dos a cinco años o multa de 300.000 cuotas, o ambas, no está prevista solo para quien vende la divisa, sino también para la persona que, a falta de alternativas legales, tiene que comprarla. Ambas partes materializan la acción de operaciones de cambio en el mercado negro, de acuerdo a la ley.

En la actualidad, no es necesario tener el efectivo en la mano. Una transferencia bancaria que se considere sospechosa de operaciones de cambio ilegal de dólares o Moneda Libremente Convertible (MLC) entre cubanos, o entre extranjeros, o entre extranjeros y cubanos situados en el territorio nacional, mediante el uso de tecnologías para la circulación electrónica de dinero, basta para que se radique la denuncia policial. Los bancos en Cuba están en la obligación de informar a las estructuras especializadas del Ministerio del Interior a cargo de la determinación de delitos económicos, sobre la identidad de las personas cuyas operaciones bancarias de cualquier índole considere sospechosas.

En las intervenciones sobre el llamado "ordenamiento", el Gobierno ha asegurado varias veces que nadie quedaría desamparado. ¿Se refería al hecho de que en las cárceles los reclusos tienen la comida garantizada? Muchas personas honestas, que no han hecho sino trabajar a lo largo de sus vidas y continúan haciéndolo o se encuentran jubiladas, podrían ir a prisión o pagar multas por un delito que es inducido por el Estado.

Si el Gobierno no es capaz de proveer las tiendas que venden en la moneda oficial del país —lo cual, según las autoridades, era el objetivo de las tiendas en MLC— ni de proporcionarle al pueblo una alternativa para la compra legal de dólares, debe eliminar del Código Penal la figura delictiva de tráfico ilegal de divisas o abstenerse de aplicar ninguna sanción hasta resolver el problema que ha creado.