Ciegos y débiles visuales cubanos denuncian discriminación a las personas con discapacidad

La Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI) en La Habana denunció en una carta al Gobierno de la capital de Cuba la discriminación que están sufriendo las personas con discapacidad ante las estrictas medidas aplicadas desde el 1 de septiembre ante la propagación del Covid-19.

La misiva, compartida por el periodista oficialista Joaquín Borges en su perfil de Facebook, fue escrita "a partir de las preocupaciones y vivencias de personas ciegas residentes en la capital cubana y que, hasta este momento, no han recibido la respuesta indispensable por parte de las autoridades gubernamentales".

"(…) Ocurre que tras la intervención del Gobernador (Reinlado García Zapata) en la Mesa Redonda, donde manifestó que a los niños y adultos discapacitados no se les permitiría encontrarse en la vía pública y que serían multados sus tutores, palabras que luego fueron reproducidas por todos los medios de prensa y quedaron a la interpretación de cada persona, se ha producido una muy tensa situación para las personas con discapacidad", señala la carta. 

"Así, se ha ocasionado que en algunas tiendas y/o establecimientos no permitan a las personas con discapacidad el acceso para la adquisición de productos de primera necesidad. Incluso, en una que otra, han llegado hasta poner carteles diciendo que allí, en el periodo que dure esta situación de emergencia, no se le ofrecerá servicio a ninguna persona con discapacidad", añade.

"Lo expresado por el Gobernador de La Habana y reproducido una y otra vez por los medios de prensa cubanos es un error pues no se corresponde con lo publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, no. 44, donde aparece el Decreto 14 del Consejo de Ministros con las medidas vigentes en La Habana a partir del 1 de septiembre y que en el artículo 2, apartado 2, deja claro que los que no pueden circular son los niños e incapacitados judicialmente, o sea personas con incapacidad cognitiva o sicosocial y que han sido previamente así dictaminadas por los tribunales", señala la ANCI.

Para la organización, "ningún otro órgano puede privar de la capacidad jurídica a una persona, como se está haciendo a partir de las interpretaciones dadas después de la errática intervención del gobernador en la Mesa Redonda y que ha originado un proceder discriminatorio para las personas con discapacidad residentes en La Habana".

Lamenta que han tratado de entrevistarse con los máximos dirigentes de la provincia de La Habana, tanto autoridades gubernamentales como partidistas, "lo cual hasta el momento en que se redacta y publica este documento ha resultado absolutamente imposible". 

"De tal suerte, la ANCI se ha visto obligada a canalizar individualmente con cada municipio las situaciones puntuales que ocurren. Esto provoca un desgaste físico y mental de los cuadros de la Asociación, quienes también somos personas con discapacidad", denuncia.

"Con lo sucedido se corrobora una vez más lo desacertado de establecer políticas para el sector de las personas con discapacidad sin contar previamente con la opinión de éstas, así como la necesidad de que jurídicamente exista en Cuba una ley que regule todo lo concerniente a dicho sector de la población cubana", demanda.

"Con sumo respeto, la ANCI en la capital reclama a los dirigentes del Estado en la misma la observancia y cumplimiento de la Convención de las Personas con Discapacidad, promulgada por las Naciones Unidas, de la cual nuestro país es signatario, así como del artículo 89 de la Constitución de la República de Cuba y que hoy se están violando, aunque sea involuntariamente y hasta con el ánimo de cuidarnos", finaliza.