Año y medio después de que un grupo de choferes de la terminal de ómnibus metropolitanos de El Calvario denunciara sobornos, abusos y despidos laborales, aún persiste las irregularidades entre los directivos y administrativos a cargo de ese centro, pero las malas prácticas incluyen ahora el chantaje y la represalia contra los denunciantes.
Aunque el proceso investigativo iniciado a finales de febrero de 2019 llevó a la destitución de Ángel Renato Walker Osorio (director), Diana Castro (jefa de Recursos Humanos) y Yanisleidis Beltrán (trabajadora del Departamento de Colecturía), "no removieron de su cargo a Miguel Ángel Velázquez Pérez —jefe de Tráfico en funciones— alrededor del cual gira casi todo el problema", explicó Rogelio Sagarra Leyva, uno de los afectados.
Según choferes entrevistados, Velázquez Pérez continúa ejerciendo, año y medio después, "en funciones, pues no ha sido nombrado oficialmente". El año pasado, trabajadores del paradero dijeron que este funcionario tiene un historial de antecedentes penales que incluyen desde el hurto y la amenaza hasta la tenencia de armas y lesiones.
A mediados de julio de este año, Rogelio Sagarra Leyva y Rolando Pérez Ramírez fueron sancionados, junto a otra media docena de choferes, por incumplimiento del plan de recaudación del mes. Dicho plan, aseguraron ambos trabajadores, fue impuesto arbitrariamente y no bajo las normas de "conteo de pasaje", obligatorio para establecer una cuota de entrega para los conductores de las terminales de ómnibus.
A consecuencia de la situación creada por la expansión del Covid-19 en la Isla, el Gobierno decidió limitar la cantidad de pasajeros en los vehículos del transporte urbano. No obstante, denunció Pérez Ramírez, "el plan de recaudación en este paradero no está acorde con las limitaciones que la Empresa Provincial de Transporte estableció para evitar contagios".
Para intentar cumplir el plan de recaudación en medio de las circunstancias actuales, los choferes tienen que violar normas, entre ellas la que prohíbe recoger pasajeros fuera de los puntos de embarque, lo que puede acarrearles medidas administrativas, incluyendo separación definitiva del puesto laboral.
"Por otra parte, este plan de recaudación obvia que el pasaje es de 40 centavos, no de un peso. La única verdad es que ningún chofer en Cuba podría cumplir el plan de recaudación si este se establece en base a 40 centavos. Los choferes lo completan de su bolsillo para evitar los descuentos del salario y perder la divisa por estímulo", dijo Pérez Ramírez.
Sin embargo, no es esta la primera ocasión en que el jefe de Tráfico en funciones del paradero de El Calvario viola las normas para fijar el plan de recaudación.
"Desde hace dos años él imponía la recaudación que entendiera para cada chofer; nunca se rigió por ninguna norma de la Empresa Provincial de Transporte. Y estas son cosas bien conocidas porque llevábamos casi dos años con este tipo de situación y nadie de arriba se pronunció ni ordenó una investigación ni nos entrevistó a ninguno de los choferes", apuntó por su parte Sagarra Leyva.
La medida impuesta, de 30 días de separación del puesto laboral —hasta que sean citados para un análisis—, afecta directamente el salario de estos trabajadores, a quienes la dirección de la terminal les ofreció una alternativa, según dicen: "pagar de nuestros propios bolsillos la recaudación del mes de agosto y todo sería olvidado".
"Pero esto obliga a dos cosas: hacer la vista gorda ante la violación del plan de recaudación e involucrarte en una red de corrupción que al final podría virarse en contra del propio trabajador", razonó Sagarra Leyva, quien junto a Pérez Ramírez determinó no pagar una recaudación que los asfixia.
Sagarra Leyva, a quien el resto de los choferes de este paradero y la administración consideran ejemplar en su trabajo, asegura haber enviado a inicios de enero de 2019 una carta a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, oficialista), en la que denunció la arbitrariedad de la sanción que le fue impuesta como represalia por denunciar constantemente, ante la administración y el sindicato de la terminal, la corrupción que allí imperaba.
El proceso llegó a los tribunales, y la justicia falló en favor de Sagarra Leyva. Como consecuencia, fueron destituidos los tres funcionarios implicados. Durante ese mismo período, fue destituido el titular del Ministerio de Transporte (MITRANS), Adel Yzquierdo Rodríguez.
Los choferes sancionados por incumplimiento de la recaudación opinaron que, el jefe Tráfico en funciones "tiene que ser colaborador de la Policía o tendrá chantajeado a los directivos de Empresa".
"No es posible que a quien más se señaló en la investigación del año pasado haya sobrevivido a las destituciones, y que ni siquiera haya sido nombrado oficialmente para el cargo", cuestionó Sagarra Leyva, quien exige una investigación más profunda que incluya a los directivos de la empresa.
"Como hice hace año y medios atrás, llevaré esto hasta las últimas consecuencias. No son los trabajadores quienes incumplen las normas, sino un sujeto corrupto que apela al chantaje y vive del soborno de trabajadores temerosos. Mi conciencia está tranquila, y una vez me someto a la justicia", concluyó Sagarra Leyva.
