La idea de que las brigadas médicas cubanas enviadas a decenas de países están formadas por personas que negociaron un contrato previo para irse a cumplir esa noble faena es un error, según declaraciones de profesionales de la salud cubanos ofrecidas a Radio Televisión Martí. Están reflejadas también en una demanda presentada por cuatro de ellos en mayo pasado en una corte federal de Washington contra la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
A cargo de los "contratos" del personal de salud está la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. (CSMC), registrada el 11 de octubre de 2011 y con sede en el municipio de Playa, en La Habana.
"Nunca nos dieron oportunidad de negociar el contrato", aseguró desde Sao Jose do Norte, en Brasil, la doctora Mara González, que formó parte de la brigada médica cubana llegada a ese país en diciembre de 2016.
"Solo firma aquí, y punto", cuenta que le dijeron.
Al menos algunos de esos "contratos" con médicos enviados a Brasil en 2013 los firmó, de parte de CSMC, el Dr. Rodolfo Álvarez Villanueva, especialista de negocios.
A pesar de esta condición, ningún médico se niega a firmar. "Si llegara a hacerlo no sale del país nunca", dijo a Radio Televisión Martí, también desde Brasil, el Dr. Eduardo Enrique Herrera, quien no llegó allí como parte de una brigada médica cubana, sino por cuenta propia, y ahora figura entre los galenos llamados por el Gobierno brasileño para enfrentar la pandemia del coronavirus en las zonas más afectadas.
No a 'posibles emigrantes'
La confianza política ha sido un factor determinante en la selección de quiénes integran esas brigadas.
"A nosotros no nos daban misión a ninguna parte", dice Lázaro Vichot, un técnico de salud que trabajó entre 2015 y 2017 en el Departamento de Estadísticas Médicas de la Dirección Provincial de Salud en Matanzas y ahora reside en Arizona. Vichot se refirió a él y a su esposa.
"Ni la pedíamos, de entrada no te la daban, porque éramos posibles emigrantes", dijo.
"La Organización Panamericana de la Salud hizo acuerdos con una entidad privada llamada Sociedad Mercantil Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC) para traficar personal médico cubano a Brasil", se lee en la página cuatro de la demanda presentada por Ramona Matos Rodríguez, Tatiana Carballo Gómez, Fidel Cruz Hernández y Russela Margarita Rivero Sarabia contra la OPS.
Según publicó Radio Televisión Martí, los demandantes aseguran que fue un funcionario del Gobierno cubano quien les entregó el contrato para que lo firmaran, no un empresario, y que solo pudieron leerlo la víspera del viaje al país adonde eran enviados.
"No hubo negociación, ni ningún contacto con la OPS, ni con las autoridades cubanas, ni con la compañía cuyo nombre aparece en el contrato, la Sociedad Mercantil Cubana Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. (CSMC)", precisa un párrafo de la demanda.
"Los demandantes fueron reclutados y les dieron su firma a funcionarios del gobierno cubano", continúa el texto legal, presentado inicialmente en noviembre de 2018 en una corte de Miami.
La OPS cobró el 5% de los pagos del Gobierno brasileño a la entidad estatal, como reveló DIARIO DE CUBA en 2018 en una serie de reportajes titulado "Programa Más Médicos: un pésimo negocio para los cubanos".
La sección "Quiénes somos" de la página de internet de CSMC habla de "una oferta integral para la exportación de servicios asociados a la salud", desglosa los que ofrece dentro de Cuba por provincias y presenta fichas de ocho expertos, pero no dice quiénes administran la Comercializadora.
Se trata de una Sociedad Anónima, con todos los beneficios que eso representa. Pero toda sociedad anónima tiene, de un lado, una junta de accionistas, y del otro una administración, y a veces también una llamada junta de vigilancia, apunta el texto de Radio Televisión Martí.
Por lo general, en las naciones de mercado libre, los propietarios de las sociedades anónimas no son los mismos que sus administradores. Pero que no aparezcan ni los accionistas ni los administradores revela el lado más oscuro del negocio, añade.
El caso de CSMC ejemplifica cómo los regímenes totalitarios se sirven de herramientas capitalistas para sobrevivir en el mercado global y darle a un Gobierno las ganancias que deberían ir a manos de los verdaderos accionistas, en este caso los contribuyentes cubanos, que no están debidamente representados en el órgano legislativo, al cual correspondería decidir tanto las inversiones como el uso de las ganancias.
De acuerdo con cifras oficiales publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el Gobierno cubano cobró en 2018 más de 6.398 millones de dólares por concepto de "servicios de salud humana y servicios de atención social", reportados como pesos en su artificial equivalencia monetaria.
Así, con su gestión para pactarlos, la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A., se convierte en la principal fuente de ingresos del Gobierno.
La Habana se queda con al menos el 75% de lo que pagan en salarios los países de destino por el trabajo de los profesionales, mientras vende las misiones como acciones de solidaridad.
En otra sección de la página de internet de CSMC, dedicada a "Preguntas más frecuentes", no aparece ninguna pregunta. Solo un párrafo que se repite:
"Para llevar a cabo con efectividad su gestión, Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. establece relaciones contractuales directas con entidades nacionales y extranjeras, organismos regionales e internacionales, gobiernos centrales o locales, entidades públicas o privadas y demás personas jurídicas debidamente acreditadas, así como con personas naturales, brindando la posibilidad de personalizar todos y cada uno de los programas y servicios que ofertamos", dice.
No hace ninguna mención de las relaciones contractuales con los médicos, enfermeros, técnicos y demás profesionales de la salud cubanos que integrarían las brigadas potencialmente "contratadas" por la Comercializadora para enviarlos a otros países.
"La voluntad del contratado se presupone", dijo a fines de los años 90 en La Habana un experto legal durante un encuentro teórico de la Unión de Juristas de Cuba, recuerda el analista Miguel Fernández.
Discutían las especificidades de los contratos para enviar cubanos como mano de obra a otros países, "y el contrato dejó de ser laboral para ser administrativo", indica Fernández. O sea: carente de lo que en tantos lugares del mundo habrían sido las insoslayables garantías laborales del contratado.
Se daba por sentado que, tratándose de un viaje al extranjero, el cubano no tendría reparos: iba a ser una forma de escapar, dice. "Los contratos reconocían tácitamente que salir de Cuba era una bendición, y que por lo tanto la gente estaba dispuesta a firmar cualquier cosa", comenta el jurista.
// ¿Sociedades "anónimas" en Cuba? //
En realidad no es necesario que declaren sus "propietarios", tienen solo uno, el PCC ( Partido Castrista Cubano )