Con reservas y poco entusiasmo se han recibido en el campo cubano las medidas anunciadas por el Gobierno como parte de la estrategia para enfrentar la aguda crisis que vive el país.
"Hay que ver en qué queda realmente todo eso que dijeron", comentó David, un cuentapropista comercializador minorista de productos del agro. Se refería a las medidas supuestamente encaminadas a reforzar el papel del sector privado en la economía nacional, que incluyen, como aspecto fundamental, estimular la producción agropecuaria y captar más divisas.
"Me extraña que dejen a la gente trabajar libremente. Sería una gran sorpresa", añadió David.
"¿Será que van a dejar a los particulares comprar libremente a los campesinos? Lo dudo mucho porque hasta hoy a los que hacen ese negocio los están sacando en la televisión como delincuentes y los 'parten al medio'", afirmó aludiendo a los operativos y juicios ejemplarizantes que divulgan los medios oficiales desde hace meses.
"No creo que cambien eso de hoy para mañana y es algo muy importante, porque desde que los quitaron (a los intermediarios que compran los productos a los campesinos) no hay nada que venderle al pueblo a ningún precio".
Las medidas contra esos vendedores han ido acompañadas de presiones sobre los campesinos para que entreguen sus productos al Estado a precios que muchos productores consideran abusivos.
Ismael, un campesino holguinero, consideró, por su parte, "interesante eso que dijeron de poder exportar directamente lo que uno produce, y de que permitan a la gente traer de afuera los venenos (insecticidas) y cosas así".
"Podría ser una buena alternativa y ser bueno para que haya competencia y no estar solo atenidos al Estado, pero la verdad tengo que verlo para creerlo. Esta gente no ha aflojado en 60 años y cuesta creer que vayan a dar chances al pueblo", dijo.
Por ahora, "en la cooperativa lo que nos están exigiendo es que entreguemos toda la producción a (la empresa estatal) Acopio, aunque no nos dé negocio, y dicen que no tienen nada que vendernos para producir. Quieren que uno haga más con menos y eso es imposible", criticó Ismael.
El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, dijo que el Gobierno creará "las condiciones para que las formas de gestión no estatales puedan importar y puedan también exportar", pero aclaró que tendrán que hacerlo a través de empresas estatales especializadas.
Para el periodista de DIARIO DE CUBA Osmel Ramírez Álvarez, productor de tabaco en Mayarí, Holguín, "en lo referente al tema de la producción de alimentos que pretenden estimular, las nuevas medidas tienen que quebrar el monopolio estatal que frena la producción agrícola. Si no lo hacen, será más de lo mismo".
"Lo anunciado este jueves por el Gobierno deja muchas interrogantes", dijo Ramírez Álvarez. "Tal vez ya comprendieron que la riqueza de un país es la suma de la riqueza de sus ciudadanos. No se sabe".
A su juicio, las autoridades "deberían permitir cooperativas y pequeñas y medianas empresas (PYMES) de servicios en la agricultura, como de roturación y cosecha mecanizada, de riego, de comercialización o de abastecimientos de insumos, que compitan con las empresas estatales en igualdad de condiciones para potenciar la eficiencia".
"Recientemente bajaron el tope impositivo para los agricultores del 45% al 30%, lo que es correcto, pero en materia de control estatal no estoy seguro de que realmente dejen a la gente trabajar con ese grado de libertad. Eso es algo que les cuesta mucho, porque empodera a sectores populares que ya controlan poco", razonó.
"Y queda pendiente para todo lo anunciado la parte legal, porque lo que ha pasado hasta ahora con el sector privado es que permiten actividades económicas que no están exactamente escritas en decretos, leyes o resoluciones ministeriales, y luego, cuando les da la gana, por una u otra razón política criminalizan lo que estuvo tolerado".
"Cualquier apertura en Cuba, para que sea al menos un poquito creíble, tiene que estar legislada", concluyó.
Las nuevas medidas supuestamente encaminadas a fortalecer el rol del sector privado, contrastan con la tendencia del Gobierno cubano en los últimos años a minimizar y criminalizar a ese sector.
