El acuerdo 1/2020 del Consejo de la Administración Provincial, que fijó el precio de los servicios de los transportistas privados en La Habana, no ha beneficiado ni a estos ni a los pasajeros, según los criterios recogidos en los últimos días.
Como reacción a la nueva medida, los transportistas privados de La Habana, Mayabeque y Artemisa iniciaron una tercera huelga con serias afectaciones al servicio que ofrecen a la población de esas provincias.
"No hay máquinas para Santiago de las Vegas, le bajaron el precio al pasaje y los boteros no han salido. La situación es crítica para las personas que utilizamos este servicio", se quejó Suyin Botana, quien vive en Quivicán y trabaja en El Cerro.
A mediados de febrero, la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos (ACTA) anunció otra huelga hasta que el Ministerio de Transporte atendiera sus demandas. "Una vez más las autoridades demuestran que no quieren arreglar el problema del transporte y, por el contrario, frenan la prosperidad del cubano en todos los sentidos", alegó.
"Los principales afectados somos nosotros, el pueblo, que estamos en el fuego cruzado entre los boteros y el Gobierno", opinó el obrero metalúrgico Juan Francisco Gutiérrez.
"El servicio de los boteros se redujo a la mitad, pocos hacen el recorrido establecido partiendo los tramos y, por otro lado, los ómnibus estatales brillan por su ausencia por la falta de combustible. Uno no sabe ya a quién culpar", dijo Gutiérrez.
Aunque las críticas mayormente recaen sobre los boteros, los habaneros preguntados consideraron que el Gobierno lleva al caos una situación de décadas.
"Los trabajadores privados, en este caso los boteros, no pueden cargar con la solución de un problema de años. El desabastecimiento de combustible, así como el déficit de ómnibus, no se puede solucionar asfixiando a los boteros, o que estos tengan que cargar con el peso de la transportación", criticó Ana Luisa Sánchez, funcionaria de una Unidad Empresarial Básica en Artemisa.
Largas colas en las gasolineras, más la prolongación de las frecuencias del servicio de transporte estatal, se evidencian en todas las localidades habaneras a consecuencia del déficit de petróleo.
En los puntos de embarque de la Virgen del Camino, uno de los centros neurálgicos de La Habana, el promedio de la frecuencia de rutas estatales sobrepasa los 40 minutos, incluso fuera de las llamadas "horas pico".
"Y ninguno de los boteros hace los recorridos completos establecidos por el Acuerdo 1/2020, ni tampoco hay inspectores suficientes para obligarlos a cumplir con las nuevas normativas", se quejó Carla Dolores Izquierdo, enfermera de un policlínico.
"Lo que quiere el Gobierno es que nos delatemos unos a otros, y esa no creo que sea la solución al problema", añadió Izquierdo en referencia a las pegatinas que deben exhibir obligatoriamente los transportistas privados, y que contienen la ruta y datos personales del botero para que los pasajeros puedan denunciar violaciones en el servicio.
Las restricciones del Acuerdo 1/2020 establecen como precio máximo diez pesos (moneda nacional, CUP) por pasajero para los vehículos con una capacidad de hasta 14 personas, y de cinco CUP para los vehículos con una capacidad mayor a 14 pasajeros, "durante las 24 horas del día y para cualquier recorrido dentro de la ciudad en que se aborde el vehículo".
Sin embargo, transportistas privados consultados comentaron que ni este nuevo Acuerdo ni ninguna de las otras medidas gubernamentales anteriores toman en cuenta la realidad de país.
"El costo del combustible contra el precio de los pasajes no da la cuenta. Con esas imposiciones no obtenemos ningún ingreso, porque nadie valora ni el mantenimiento de los carros, ni que para tener alguna ganancia haya que estar detrás del timón hasta 14 horas", explicó Daniel Ferreiro, quien concordó en este sentido con colegas del sector.
Aunque Ferreiro y una docena de transportistas privados encuestados no pertenecen a la ACTA, sí dijeron estar de acuerdo con el Manifiesto que publicó esa asociación.
"La ACTA manifiesta su más profundo rechazo a estas y todas las medidas destinadas a coartar nuestro ejercicio de la libre empresa (…) Por estos motivos, una gran cantidad de transportistas autónomos en La Habana, Artemisa y Mayabeque, hemos decidido cesar la prestación de servicios hasta tanto las autoridades accedan a nuestros reclamos (…) Lo que está en juego es la supervivencia de nuestro modo de vida y el sustento de nuestras familias, a todo lo largo y ancho del país", reflejó el documento.
Para regresar a la prestación de servicios, los transportistas privados exigen al Gobierno libertad de movimiento; una sola licencia operativa de pasajeros; trabajar en todo el país, incluso en zonas turísticas; cantidad de combustible según consumo, y fin al tope de precios.
