Cada hora se roban en Cuba 626 litros de combustible, según publica el sitio oficial Cubadebate en otro extenso reportaje que pone el foco en el eslabón más bajo de la cadena estatal y en los transportistas privados, en momentos de una severa crisis que afecta el país y que el Gobierno ha definido como "coyuntural".
Identifica a la provincia de Villa Clara como la tercera provincia del país con más procesos penales por esta causa con pérdidas reportadas tras los juicios concluidos este año por más de 25.000 litros.
Para el medio, que el chofer estatal robe, que el pipero y el pistero adulteren los registros en un servicentro, que algunos directivos prefieren mirar a otro lado cuando detectan irregularidades en el uso del combustible "no se puede justificar por los bajos salarios" o por "una cultura basada en el aprovechamiento de los recursos estatales en pos del beneficio personal".
O sea, la culpa sigue siendo de la falta de "ética y de responsabilidad social", y no del sistema que la ha alimentado durante seis décadas.
Cubadebate entrevista, bajo nombres que no corresponden a los reales, a choferes privados que sobreviven en el mercado negro, donde un litro de diésel cuesta entre ocho y diez pesos, menos de la mitad del precio que en los servicentros.
Las formas del robo, según CIMEX
Juan Carlos Marante Mariño, gerente comercial de la Sucursal CIMEX Villa Clara, habitual en las inspecciones en el territorio, dice que la manera más sencilla de robar es el mutuo acuerdo entre el pistero y el chofer estatal responsable de una tarjeta prepagada de combustible: "De la bomba sale la cantidad justificada con el chip de venta, pero no va íntegramente al tanque del vehículo".
Como "otras más complejas", explica cómo las normas técnicas permiten una pérdida entre un 1% y 3% del combustible durante el proceso de reabastecimiento, en dependencia de si la medición ocurre por vara o de forma automática. Dice que se han detectado a trabajadores que aprovechan esa brecha, reportan el faltante y se lo apropian.
Otro modus operandi consiste en utilizar los comprobantes de compra emitidos cuando una persona natural adquiere combustible. Junto al diésel o la gasolina robada, el pistero vende también el chip a los choferes particulares como una justificación en caso de algún chequeo.
Finalmente, otra manera radica en la emisión de dos comprobantes por una misma extracción. El pistero anula uno por la verdadera cantidad descargada y habilita el otro por la cifra que el chofer reportará a su entidad. Si en las empresas o unidades presupuestadas no existe un control frecuente sobre el combustible, esta fórmula se convierte en una de las más exitosas.
"Una de las medidas que hemos tomado es incrementar las inspecciones sorpresivas y chequear si coincide la última operación con lo registrado en la cinta auditora", señala.
Según la estatal Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE), en 2018 la provincia apenas vendió 1,06 litros de combustible por día a cada porteador no estatal, "una cifra infinitamente menor a lo que la lógica y la cantidad de viajes indican como normal", asume el medio oficial.
Esa tendencia se mantuvo hasta abril de este año. Ese mes comenzó a cambiar, impulsada por el aumento del control, pero también por las reducciones en las entregas de combustible al sector estatal. Al cierre de agosto Villa Clara vendía 54.80 litros diarios por cada uno de sus 517 transportistas privados.
La ONURE ejecutó en la provincia 190 acciones de control en los primeros ocho meses de este 2019 —166 de ellas a entidades con altos consumos— de las que se desprendió una pérdida económica de 26.596 pesos. Las pérdidas de 2018 se ubicaron en más de 17.000 CUC y 6.000 pesos en moneda nacional.
Asimismo, hasta agosto del actual año, siete entidades no lograron justificar su gasto de combustible durante un mes.
Casos específicos, procesos y medidas judiciales
En la Unidad Empresarial de Base Transporte Caibarién, una de las entidades de ese municipio que más diésel recibe para mantener sus operaciones, "desaparecieron" unos 15.549 litros de combustible.
Sin embargo, en este caso la pérdida no fue producto del robo, sino del deterioro de los medios de conservación, que provocó que el diésel se derramara sin que nadie lo notara, dejando los tanques vacíos.
El diésel perdido podía garantizar más de 680 viajes entre Caibarién y Santa Clara, o más de 130 entre la capital provincial y La Habana.
Como parte de la Causa 29 de 2019, el Tribunal Municipal Popular de Caibarién determinó la implicación del director provincial de Transporte, el jefe de la UEB y el responsable de Seguridad y Protección, quien además de la privación de libertad, recibió una multa de 300 cuotas de un peso cada una.
Durante el juicio, junto al delito de incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas, la Fiscalía también acusó de falsificación de documentos al jefe de Seguridad y Protección.
Según el reporte, el procesado creó un reporte ficticio para simular que había comunicado el estado de deterioro de los depósitos al Instituto Nacional de Reservas Estatales.
Entre los delitos más comunes está la receptación, con el 50% de los casos; apropiación indebida, con el 33% de los casos con 3.250 litros; e incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas estatales, con el 10% de los casos, pero las mayores pérdidas, de 20.700 litros, o sea el 86% del combustible perdido en Villa Clara.
Así, la provincia es la segunda con más medios de transporte decomisados en Cuba por casos relacionados al desvío de combustible. Junto a Santiago de Cuba, es el territorio que más viviendas confisca por esos delitos.
Nada de esto sucede donde hay un "dueño", y punto redondo. No pueden continuar vendiendo la burra.
"la culpa sigue siendo de la falta de "ética y de responsabilidad social", y no del sistema que la ha alimentado durante seis décadas"...esa frase lo dice todo