La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, volvió a salir al paso este lunes ante lo que ya ha llamado "artificios" para evadir los topes de precios. Anunció mano dura para quienes violen las medidas tomadas por el Gobierno que, aunque lo niegue, ponen contra la pared al sector privado.
"Vamos a ser rigurosos con aquellos que intenten, mediante artificios, evadir y violar las nuevas medidas aprobadas para evitar el incremento de los precios (…) No podemos admitir que medidas como estas que aprueba el país para impulsar la economía y generar mayor capacidad de compra en la población, se echen a perder por unos cuantos inescrupulosos que provocan que los cubanos pierdan confianza en el control estatal", dijo Bolaños a medios oficiales.
"Ningún actor económico puede aumentar los precios", puntualizó la titular, citada por el sitio oficial Cubadebate.
Así lo establecen las resoluciones 301 y 302, que prohíben la subida de los precios mayoristas y también de los productos y servicios que ofertan los cuentapropistas, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción, y otras modalidades.
La ministra negó que el propósito de las medidas sea "frenar el desarrollo de las formas no estatales" y llamó a quienes han emitido criterios como estos "malintencionados".
El joven economista Oscar Fernández, residente en la Isla, fue muy crítico en una opinión reciente emitida en su blog y replicada por otros expertos.
En un post en el que calificó el tope de precios como "alimento vivo para la segunda economía", Fernández también pidió que se pusiera fin a la criminalización del sector privado.
El objetivo —insistió Bolaños— "es evitar el incremento de las tarifas que no se correspondan con un aumento de los costos, así como regular aquellas ya excesivas", con el fin de proteger "la capacidad de compra de la población".
La ministra dijo que en el sector no estatal rige el principio de oferta y demanda y admitió que su Gobierno tiene "claro la limitación existente por la no generalización del mercado mayorista".
Defendió que "ya se había producido un ordenamiento" en el sector estatal y puso como ejemplo que "están centralizados los precios de los productos básicos a la población, los llamados de primera necesidad y que integran la canasta familiar normada (…) y que poseen regímenes especiales los precios de más de 40 productos (aceite, pollo, picadillo), con una actualización y revisión desde el año 2016".
En palabras de la funcionaria, "si bien hay un grupo de productos cuyos precios resultan altos para el nivel de compra de la población, la mayor parte se comercializa solo con el costo o con un margen comercial que no rebasa el 1.30 y negó que se siga imponiendo el "llamado gravamen del 240".
El economista Oscar Fernández también había recomendado que, si se quería de verdad proteger al pueblo trabajador, el Estado debía actuar sobre los precios que sí están en sus manos, cuya "inmensa mayoría (…) afectan los consumos esenciales de la población, más allá de la libreta".
Inspección control, sanción
Meisi Bolaños volvió a convocar a la población a "que se sume al control de los precios, denunciando oportunamente el lugar y el momento en el que detectó el abuso en la conformación de los precios".
Ejemplificó otra vez con la cuestión de los combos (en los que se unen refrescos o cervezas con confituras u otras opciones). Para la titular, esto es "un artificio para incrementar los precios (y) se aplicarán, con rigor, las medidas correspondientes".
"Violar los precios fijados se considerará como una infracción grave, que incluirá desde la cancelación del contrato de arrendamiento hasta medidas disciplinarias severas y el retiro de la licencia", precisó Cubadebate.
Para chequear estos temas se creó un grupo de trabajo a nivel provincial y municipal, en el que participan los Ministerios de Finanzas y Precios (MFP) y Comercio Interior, la Oficina Nacional de Estadística e Información, la Fiscalía General de la República, entre otros organismos e instituciones. Las autoridades locales deben investigar la denuncia y adoptar las medidas en un plazo no mayor de una semana, dijo.
También anuncio que el MFP trabaja con la Universidad de las Ciencias Informáticas en la creación de una aplicación que permita hacer más expedita las quejas, así como también avanza en la creación de un sistema de información de precios que posibilite conocer en tiempo real cuáles son las tarifas establecidas para todos los bienes y servicios.
Mediante los mecanismos habilitados por el MFP se han recibido y procesado desde el 5 de julio último más de 400 denuncias y comentarios, anunció.
La Resolución 302 ratifica la facultad de los gobiernos territoriales para establecer los precios y tarifas máximos a aplicar por las formas no estatales. Ordena "la responsabilidad de crear los mecanismos de control pertinentes".
Hasta la fecha ya se han fijado precios máximos en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Sancti Spíritus, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Granma. Las restricciones han sido a precios de productos listos para la venta, de productos agropecuarios o de servicios de transportación.
Según Grisel de la Nuez, directora provincial de Finanzas y Precios en La Habana, en la actualidad se están evaluando "los precios de los bienes y servicios de las cafeterías gestionadas por cooperativas no agropecuarias, además de las peluquerías y barberías".