En una situación inédita para el Gobierno cubano tras décadas enviando a sus profesionales a trabajar en las más disímiles latitudes, zonas conflictivas incluidas, el secuestro de los dos médicos cubanos en Mandera, Kenia, coloca a La Habana en una clara disyuntiva: pagar o no pagar.
Es una circunstancia sin precedentes para la Diplomacia de la Isla. Lamentablemente, estos hechos no son aislados. No para otros muchos países. España y EEUU, solo por mencionar algunos, en reiteradas ocasiones se han visto obligados a lidiar con estos casos.
Por el momento, el Gobierno de Cuba se ha limitado a informar en una escueta nota del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), que estableció el viernes contactos con el de Kenia y constituyó un grupo de trabajo para dar seguimiento al secuestro cometido presuntamente por hombres armados sospechosos de pertenecer al grupo yihadista somalí Al Shabab.
Cooperantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y periodistas se encuentran entre los actores internacionales que más han sufrido actos de secuestro y España ha estado entre los blancos favoritos de los perpetradores de estas acciones terroristas.
En 2015, Manuel Ángel Gómez, jefe de las secciones Internacional y Defensa en la COPE, una emisora nacional española, explicó a El Confidencial Digital que una vez que el caso ha salido a la luz, la opinión pública suele dividirse en dos facciones: los partidarios de pagar a los terroristas para obtener la liberación de los secuestrados, y los que piensan que el Estado no debe ceder ante los raptores.
"El asunto es espinoso", aseguró, pero aclaró: "tú no puedes estar permanentemente pagando rescates millonarios, sabiendo que ese dinero va a parar a terroristas".
Para Gómez, "pagar a terroristas fomenta más secuestros", por lo que "no puede ser algo que se dé por hecho: secuestrar y dar dinero".
El periodista Hermann Tertsch, también está "radicalmente en contra de que el Estado pague un secuestro".
Tertsch añadió: "Como norma, los secuestradores deberían tener el mensaje de que un Estado no negocia esto".
¿Qué hará el Gobierno de Cuba en el caso de sus dos especialistas secuestrados en Kenia? Si paga, expone a otros médicos que están desplegados en lugares conflictivos.
La Habana se ha vanagloriado siempre de enviar médicos a zonas adonde los locales se niegan a llevar asistencia. ¿Cambiará su percepción ahora? Probablemente lo que sí sufrirá un giro será la disposición de esos médicos a ir a donde se les mande, sin evaluar antes los riesgos.
Landy Rodríguez (cirujano y original de Placetas en Villa Clara) y Assel Herrera Correa (especialista en Medicina General, de Puerto Padre, Las Tunas) forman parte de un grupo de 100 doctores que arribaron a Kenia en junio del año pasado gracias a un acuerdo bilateral firmado entre Nairobi y La Habana.
En ese momento un tribunal keniano decidió desestimar un caso judicial que buscaba paralizar el trabajo de los profesionales de la Isla recién llegados.
Tres doctores locales en paro interpusieron una demanda alegando que los cubanos no tenían licencia para practicar la medicina en el país, y que no había pruebas de que Kenia tuviera falta de personal médico que se debiera suplir con trabajadores extranjeros.
En mayo de 2018, el diario Business Daily informó que el salario de los médicos cubanos en Kenia sería de unos 800.000 chelines mensuales (entre 7.800 y 8.790 dólares), una cifra superior a la de los sueldos de los doctores locales e incluso por arriba del salario de altos funcionarios y diputados kenianos. El 75% de esta cifra iría a las arcas del Estado cubano, como ocurre con todos los sueldos devengados por los gobiernos que compran los servicios profesionales cubanos.
