No cabe duda de que el principal actor económico en Cuba son las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Oficialmente no se divulgan datos al respecto, pero algunos expertos calculan que las empresas militares ya representan alrededor del 70% de la economía nacional. Y ocupan de forma privilegiada, y hasta monopólica, los sectores más importantes y lucrativos, aquellos que ofrecen una rentabilidad muy segura.
Sin embargo, tras un breve análisis no se encuentra en el nuevo texto constitucional nada que ampare una realidad tan significativa. El Artículo 221 dice: "Las instituciones armadas tienen como misión esencial proteger y mantener la independencia y soberanía del Estado, su integridad territorial, su seguridad y la paz”. No alude siquiera a que tenga la misión de interferir o asumir la conducción o participación en la economía nacional. Incluso no se menciona en el texto como "actor económico".
En el Título II, referente a los fundamentos económicos, nada hay escrito sobre algún papel de las FAR al respecto. Y en el artículo 22 de dicho Título, donde se reconocen los diferentes tipos de propiedad, no se halla ninguna donde quepa la propiedad militar sobre medios de producción y lucro.
No puede ser considerado en el inciso a), sobre la "propiedad socialista de todo el pueblo" porque el representante es el Estado, que lo efectúa a través del Gobierno, y aunque las FAR son un ministerio del Gobierno ya quedó claro en el Artículo 221 cuál es su misión, que en nada menciona la economía. Y tampoco en el inciso f), sobre la "propiedad de las instituciones", porque aclara que tienen un fin no lucrativo.
Al parecer mientras se redactó la nueva Constitución se pretendió ocultar el papel protagónico de los militares en la economía cubana. Tal vez porque EEUU en los últimos tiempos ha arreciado el embargo económico enfocado mucho más en las empresas militares, a las que atribuye el sostén financiero del régimen y un oscuro foco de corrupción y apropiación ilícita de recursos por parte de la elite político-militar y sus privilegiados vástagos. Pero en el afán por disimular han dejado al principal actor económico sin sostén legal.
Los militares cubanos controlan mediante el Grupo GAESA el sector turístico con la empresa Gaviota S.A., la mayor de Cuba y la que más crece en los últimos años; abarcando sectores como el transporte aéreo y terrestre para el turismo, y casi el monopolio completo de los almacenes y cadenas de tiendas recolectoras de divisas a través de CIMEX. Igualmente, con esta última empresa controlan el expendio de combustible en todos los servicentros del país.
Pero existen muchas otras empresas militares con gran protagonismo en la economía cubana, como es el caso de la Unión de Construcciones Militares (UCM), que acapara los encargos de las obras más importantes y estratégicas del país, como son los hoteles para el turismo internacional, los embalses y canales.
Recientemente el grupo empresarial Habanaguex que dirigía Eusebio Leal, dedicado a la restauración y explotación del patrimonio histórico de La Habana Vieja, pasó al control de GAESA, como muestra evidente de una tendencia hacia la militarización de la economía cubana.
Sin embargo, la nueva constitución no atribuye a la institución castrense semejante rol económico, dejando un vacío jurídico que pone en el terreno de la ilegalidad la hegemonía de los militares. Aunque ello no constituya, por supuesto, un problema para su funcionamiento dentro del sistema autoritario del Partido Comunista.