Las Cooperativas no Agropecuarias (CNA) en el sector de la gastronomía, una de las apuestas del Gobierno cubano para impulsar el deteriorado sector, se enfrentan al cierre debido a las mismas deficiencias de calidad e imagen que presentaban cuando funcionaban bajo total administración estatal.
Mirurgia Ramírez, directora general de Servicios del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), citada por el sitio oficial Cubadebate, anunció que nueve establecimientos ubicados en La Habana, Artemisa y Camagüey "se encuentran en proceso de extinción por mal funcionamiento y litigios entre sus socios", mientras el organismo "'evalúa' la disolución de otras cuatro".
Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), hasta el cierre de septiembre de 2018 existían 434 CNA, de las 498 autorizadas por el Consejo de Ministros, 157 de las cuales corresponden al sector gastronómico, la mayoría bajo el control del MINCIN.
Ramírez dejó claro que, "como se trata de un experimento, aún se está estudiando el desempeño de estas formas de gestión". Dijo que "no se va a permitir" que sigan con problemas sin solucionar.
Entre las deficiencias citadas por Ramírez está, en primer lugar, lo que definió como "la violación de los principios del cooperativismo", que a su juicio ha sido "lo que más ha influido en la extinción de varias de ellas".
Habló de además de "litigios entre los socios con respecto a asuntos internos que afectan el desempeño de la cooperativa, falta de completamiento de la cantidad de miembros (como mínimo debe estar conformada por tres), y descontrol de los recursos económicos: gastos injustificados, 'desconocimiento' del destino final de los ingresos o del origen de los recursos, y productos vendidos de manera mayorista a otros actores económicos".
Según la funcionaria algunas cooperativas han solucionado los problemas detectados, "pero cuando las incongruencias se reiteran y no se resuelven, una de las medidas es disolverlas".
La denominada Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, encargada de dar seguimiento al "ensayo" ha dicho que entre las limitaciones e insuficiencias identificadas sobresalen "actos de indisciplinas, apropiación indebida de recursos y de ingresos, personas que fungen como socios de varias cooperativas a la vez, deficiencias en los registros contables, utilización de créditos bancarios con fines diferentes para los cuales se otorgaron, y algunos hechos de corrupción".
Lo que el Gobierno ha requerido presentar como "una alternativa más socialista al sector privado", le ha costado "deudas millonarias con el Banco, la ONAT y algunos proveedores" en el caso de la céntrica cafetería-restaurante El Potín o "falta de capacitación" en el caso de El Carmelo, o el tema "de la contratación temporal de trabajadores" y un reclamo de una Ley General de Cooperativas que se hace desde La Casona.
Otro problema que enfrentan las cooperativas gastronómicas es la ausencia de un mercado mayorista. El medio estatal reconoce que el tema del abastecimiento es un escollo en los procesos productivos, no solo de las CNA, sino del empresariado de manera general.
Las cooperativas pueden comprar a las diferentes empresas comercializadoras mayoristas estatales del país. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, estas empresas no cuentan con la mercancía necesaria en cantidad, calidad o variedad; deben cumplir con lo establecido en los planes y priorizar empresas bajo su subordinación.
El anunciado Mercabal nacido en marzo de 2017 para satisfacer la demanda de productos alimenticios para las CNA no abastece de todo lo necesario. Muchas de ellas terminan comprando en la red minorista con lo que implica, el encarecimiento de los precios, incluido. La situación es tal que La Casona se enfrenta a la quiebra.
En agosto de 2017, el Gobierno anunció que no autorizaría la creación de nuevas cooperativas no agropecuarias hasta tanto no erradicara las "limitaciones e insuficiencias" que dice haber identificado en el desarrollo de estas.
Ese mismo mes fueron anunciadas nuevas regulaciones para el sector no estatal, entre ellas el fin de las autorizaciones para un grupo de actividades y restricciones para arrendadores de viviendas, vendedores ambulantes y elaboradores vendedores de alimentos en restaurantes y cafeterías (paladares), entre otros.
Los negocios del sector no estatal, al que el Gobierno llama "por cuenta propia" para evitar usar la palabra "privado", sufren restricciones que no le permiten funcionar como empresas. Las actividades económicas autorizadas están limitadas fundamentalmente a oficios que no demandan fuerza de trabajo calificada.
Para economistas cubanos como Carmelo Mesa-Lago y Omar Everleny Pérez, las políticas de La Habana en este sentido, de enorme lentitud, constituyen un freno al desarrollo económico.
Para Everleny, "Cuba es el único país en el que se persigue la riqueza y no la pobreza". Considera que el Gobierno debe concentrarse en erradicar este último flagelo (...) antes de "perseguir a aquellas personas que han alcanzado un mayor bienestar".
En opinión del especialista "el ajuste se debe hacer hacia arriba, no hacia abajo", como lo han ratificado las últimas regulaciones al sector privado.
