Las reformas constitucionales posteriores al 24 de febrero de 1976 no han supuesto cambios significativos para la vida de los cubanos, coincidieron habaneros entrevistados al respecto. Por eso, ante el nuevo proceso que se iniciará el próximo 2 de junio en la Isla, priman el hastío y el desinterés.
"Sí, la gente acudirá en masa a las urnas, como siempre, para votar por cambios que ni siquiera sabe si serán para bien", dijo Aracelys Maturell, trabajadora de un mercado artesanal industrial en el consejo popular Buena Vista. Se refería al hecho de que el Gobierno ha prometido llevar a referéndum los cambios.
"Ratificar el carácter socialista de la Revolución no es una reforma, es una imposición", comentó por su parte el vendedor de hierbas Raudel Cabrera "Y nosotros [el pueblo] haremos el simulacro de que nos consultaron", agregó en alusión a que, en su discurso de despedida como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro advirtió que cualquier cambio mantendrá el "carácter irrevocable del socialismo […] y el papel dirigente del Partido Comunista".
Limitar los cargos políticos y partidistas a dos mandatos de cinco años ha sido, a criterio de los consultados, la única propuesta de reforma política introducida por Raúl Castro.
Sin embargo, para habaneros como Gonzalo Morán, vecino del consejo popular Diezmero, plasmar esa decisión como ley no tendrá mayor importancia en la Isla, en tanto el actual jefe de Gobierno, Miguel Díaz-Canel, expresó en su discurso de investidura que su predecesor "encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y futuro de la nación".
"Ninguna reforma a la Constitución cambiará nuestras vidas", insistió Morán, quien fue trabajador portuario durante 40 años, se vio forzado a la jubilación por un accidente laboral que lo incapacitó y vive hacinado con seis familiares en un cuarto de solar.
"Yo sí que he leído la Constitución y allí hay que cambiar el Artículo 9 para que yo siga creyendo en esto [la Revolución]", señaló.
El Artículo 9 indica que el Estado, "como poder del pueblo, en servicio del propio pueblo, garantiza […] que no haya persona incapacitada para el trabajo que no tenga medios decorosos de subsistencia [y trabaja] por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable".
Alina Massip es dependiente en una panadería privada del consejo popular Las Cañas. Asegura ser graduada de Historia, pero nunca ejerció porque en el Período Especial —la crisis económica de la década de los 90— "los museos cerraron y no había alimentación como para ser maestra".
"Si haces una encuesta, nadie podrá recordar cuáles fueron los cambios a la Constitución en 1992 y 2002", especuló Massip. En ese último año fue cuando el castrismo introdujo en su Carta Magna el "carácter irrevocable" del socialismo.
Los salarios estatales y los emprendedores
A pesar de ser un documento poco leído por la población, entre los artículos más conocidos de Constitución los entrevistados mencionan el 14, donde se recoge que en Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, y también rige el principio de distribución socialista de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo.
"¿Cuándo se dará cuenta [el Gobierno] de que ni la economía ni la distribución basadas en los principios socialistas han dado beneficios para los obreros y para los humildes de verdad?", lamentó Alberto Noa, albañil que percibe una jubilación de 350 pesos mensuales —aproximadamente 14 dólares— tras casi 35 años de trabajo.
"Ahora mismo se puede decir que los obreros cubanos vivimos endeudados con el Estado. El precio de nuestra contribución al desarrollo energético y el ahorro al país es la deuda por todos los efectos electrodomésticos que nos enmorcillaron", fustigó Noa.
En un país donde el salario promedio no supera los 30 dólares mensuales y un 50,6% de los ciudadanos percibe ingresos salariales por debajo de ese estándar, el consenso entre los encuestados resultó en que si el Gobierno es reacio a establecer una economía capitalista, al menos debería permitir la expansión del sector privado interno.
Los cambios reales en la economía podrían verse frustrados mientras el Gobierno se empeñe en prohibir la concentración de propiedades y riquezas por parte de quienes decidanemprender negocios, consideraron.
Lino Alberto Cañizares, exprofesor de Geografía en la enseñanza secundaria, señaló el peligro del Artículo 25, que autoriza la expropiación de bienes por razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización, "en un país donde la interpretación de las leyes a conveniencia es habitual".
Junto a su esposa, Joheslin Reyes, Cañizares regenta con éxito un hostal para extranjeros.
Ambos consideraron que debería reactualizarse, puntualmente, el Artículo 45 de la Constitución, que dice que "el sistema económico socialista propicia el desarrollo económico y social, sin crisis, y que con ello ha eliminado el desempleo y borrado para siempre el paro estacional".