Zarpazo a la libertad de expresión: el número dos del chavismo se apropia de la sede de 'El Nacional'

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo ha calificado de "robo". Finalmente, un tribunal controlado por el chavismo, ha entregado el edificio sede del diario El Nacional, así como los terrenos adyacentes, al número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, para resarcirlo por "daños morales".

Siete años después de iniciado un proceso, a todas luces rocambolesco, se consumó este 7 de febrero una decisión judicial que estaba previamente cantada por el propio Cabello. En abril del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela determinó con lugar que se embargaran los bienes del medio de comunicación crítico del régimen de Nicolás Maduro. Acto seguido, la militarizada Guardia Nacional rodeó las instalaciones y desalojó a los últimos empleados de El Nacional que permanecían allí.

El Nacional fue demandado en Venezuela porque replicó una publicación del medio español ABC y del estadounidense The Wall Street Journal en la que se vinculó a Diosdado Cabello con presuntos hechos de narcotráfico, sobre la base de información revelada por Leamsy Salazar, ex escolta del dirigente político.

La noticia fue posteriormente difundida por agencias y medios nacionales e internacionales. Pese a formar parte de la doctrina fiel, que forma parte de los estándares de libertad de expresión, el chavismo optó por llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

Miguel Henrique Otero, presidente-editor del periódico que devino en portal digital tras quedar sin acceso al papel periódico, confirmó a DIARIO DE CUBA que el proceso culminó con otra serie de arbitrariedades.

El tribunal que dictó la decisión final estuvo a cargo de la jueza Carmen Amoroso, hermana de un alto cargo del chavismo colaborador estrecho de Maduro. El acto no fue publicitado previamente y solo se permitió la presencia del abogado de Cabello. La decisión de la jueza fue adjudicarle directamente al capitán retirado la propiedad del edificio y los lotes de terreno que le rodean.

Otero recordó que en 2018 otro tribunal había fijado una multa para el medio, que se ajustaba a los montos de la época. Pero una vez que el TSJ decidió avocarse elevó de forma inaudita el monto a pagar. Fijándolo en el equivalente a 13,3 millones de dólares. Esta decisión dejó claro en su momento que la estrategia era dar un zarpazo para quedarse con las instalaciones del medio.

El Nacional tuvo su última edición impresa en 2018, con lo cual se sumó a más de 100 periódicos impresos que desaparecieron por no tener acceso al papel periódico, cuya importación pasó a ser un monopolio oficial en 2013. Su propietario y directivos están exiliados víctimas de la persecución judicial. La redacción de la versión digital —que sigue en línea— ocupaba hasta el año pasado una mínima parte, en lo que fue una imponente edificación ubicada en una zona estratégica del este de Caracas.

El Nacional ha sido propiedad de la familia Otero Castillo, quienes fundaron lo que fue en su momento el periódico más moderno de Venezuela, en 1947.

Miguel Henrique Otero, actualmente exiliado en Madrid, es el actual presidente-editor de El Nacional, siendo la tercera generación al frente de este medio. Su padre, el escritor Miguel Otero Silva, y su abuelo Henrique Otero Vizcarrondo, fundaron el periódico que fue un espacio durante décadas para la izquierda cultural de Venezuela y América Latina.

Durante su exilio en Venezuela, el escritor cubano Alejo Carpentier fue un asiduo colaborador de El Nacional, en cuya redacción solía encontrarse con Otero Silva durante los años 50.

El caso de El Nacional es un claro ejemplo de "reporte fiel de información". Esta figura no genera ningún tipo de responsabilidad, según los principios de la libertad de expresión.

Esto es lo que establece el informe dedicado al tema por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 1999: "la reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona".

A finales de 2013, Nicolás Maduro anunció formalmente la renuncia de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con lo cual se desligó de la CIDH y desoye, de forma recurrente, sus recomendaciones y decisiones.

Aunque Cabello no ostenta ningún cargo en el Poder Ejecutivo, dado que solamente es diputado a la Asamblea Nacional, sigue siendo considerado el número dos del chavismo. Conserva ascendencia sobre el estamento militar y un grupo importante de magistrados del TSJ que fueron designados en unas sesiones extemporáneas, bajo mecanismos irregulares, en diciembre de 2015, cuando Cabello era presidente del Parlamento. Por lo que se da por descontado que sigue teniendo una influencia determinante en este poder público, claramente cooptado por el chavismo.