El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes la creación de una comisión, presidida por el considerado como número dos del chavismo y diputado, Diosdado Cabello, para hacer una "revolución judicial" en un lapso de 60 días.
"Anuncio la creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano presidida por el compañero Diosdado Cabello Rondón", indicó Maduro al encabezar un Consejo de Estado.
Como vicepresidenta de la comisión nombró a su esposa, la también diputada Cilia Flores, y como secretaria ejecutiva a la magistrada Lourdes Suárez Anderson.
El mandatario hizo este nombramiento luego de señalar que en Venezuela "hace falta" la construcción de una "revolución profunda y acelerada del sistema de justicia nacional".
"Hace falta en nuestro país una revolución que estremezca, que sacuda, que transforme el sistema de justicia del país", indicó al tiempo que informó que ya Cabello tiene preparada una "documentación" para ejecutar el plan con el que busca transformar el sistema judicial.
La comisión, explicó Maduro, deberá solucionar en un plazo de 60 días el hacinamiento en los centros de detención preventiva y garantizar el paso de los de reclusos de estos centros a las cárceles.
Para ello, continuó el mandatario, tienen que presentar un plan en un "breve lapso" que permita los "cambios estructurales" a través de reformas y creación de nuevas las leyes.
Por su parte, el diputado Cabello, vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), indicó que la comisión se ha puesto como plazo un mes para visitar todos los centros penitenciarios del país y revisar las causas judiciales.
Esto, dijo Cabello, "nos va a permitir que, 30 días después, nosotros tengamos desocupados los centros de reclusión preventiva".
El Gobierno venezolano viene poniendo atención a los centros penitenciarios desde hace más de un mes.
El 12 de mayo publicó en la Gaceta Oficial un decreto en el que establece que las autoridades de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) debían "transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días".
La situación ocasionó el rechazo de la oposición pues señaló que esto implicaba el traslado de los "presos políticos" a cárceles comunes.
La elección de Cabello como líder del proceso ha causado polémica en varios sectores de la oposición, pues el actual vicepresidente del partido de Gobierno y líder de la Asamblea Constituyente es blanco de sanciones estadounidenses por diversos delitos transnacionales.
Desde 2018 Estados Unidos incluyó a Cabello en la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos en el Extranjero) por estar involucrado en una extensa y poderosa red de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico.
De acuerdo con un informe de Washington, el número dos del chavismo realiza esas actividades en conjunto con Nicolás Maduro y el Ministro de Petróleo Tareck el Aissami, quien al mismo tiempo ha sido señalado por sus vínculos con el grupo terrorista libanés Hezbollah.
En 2019 Suiza también aplicó sanciones contra la cúpula chavista, entre los que se encontró Cabello por estar "involucrado en socavamiento de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, mediante el uso de los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política venezolana".
También la elección de la esposa de Maduro, Cilia Flores, ha causado polémica, pues la primera dama está señalada por la comunidad internacional como parte responsable de los atropellos a la democracia.
Es como poner a Alcapone a dirigir la Reserva Federal ...