VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba: ¿antesala del quiebre o reforma del sistema?

A pocos días de comenzar el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), expertos y analistas especulan sobre lo que teóricamente será el relevo de la generación al mando del país por otra más joven, inepta, mediocre y obediente.

La pregunta que se hacen es si Raúl Castro y sus generales van a echarse a un lado y permitir una apertura al menos económica.

El conclave de los comunistas cubanos acontece en medio de la situación más vulnerable que ha tenido el sistema en sus 62 años de existencia. Con la economía atrapada en los tentáculos de una mafia familiar, y en medio de una crisis que ha llevado al país al límite y sacado a relucir lo peor del régimen, millones de cubanos esperan con atención las noticias que traerá el VIII Congreso.

El sistema se encuentra en una crisis terminal

Si algo positivo ha dejado este desastre de 62 años, es que ha demostrado ser un sistema totalmente irreformable. Por tanto, si el VIII Congreso del PCC trae el mantenimiento del estatus quo y la "continuidad", estaría convirtiéndose en la antesala del quiebre definitivo de la dictadura. Solo quedará por ver si dicho quiebre sucede por la desaparición natural de los octogenarios, o por el poder de cambio que genere la masa descontenta.

La razón, en cualquier caso, no será la economía, sino el propio sistema, expuesto ya a una crisis terminal.

En otros tiempos de crisis y de gran vulnerabilidad, como lo fue el Período Especial de los años 90, el país tocó fondo en el plano económico; sin embargo, sobrevivió porque la falla no fue sistémica. En aquel entonces prevaleció el apoyo de la población al Gobierno, a pesar de las circunstancias. El PCC y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) tenían aún poder de convocatoria. No el que tenía el Gobierno en las décadas anteriores, pero suficiente para no permitir el hundimiento del sistema. La propaganda oficial era inquebrantable, no existían internet y las redes sociales para hacerle contrapeso. Las convocatorias a las marchas eran efectivas, el dictador Fidel Castro supo mover muy bien las fichas, lo cual le permitió mantener viva la comunicación con las masas.

Desde el punto de vista económico, aun con las terribles dificultades del Período Especial, la industria azucarera era todavía un componente importante, al cual se sumaron la industria del níquel, la circulación del dólar, los envíos de remesas, el turismo internacional, la apertura limitada al trabajo por cuenta propia y la inversión extranjera, que tuvo resultados positivos en la exportación de ron, tabaco, y en el desarrollo de la industria del turismo.

El momento de mayor peligro y vulnerabilidad fue cuando se produjo la manifestación popular del 5 de agosto de 1994, conocida como "el maleconazo". Sin embargo, el propio dictador la abortó con una brutal represión, y presentándose en el lugar de los hechos cuando todo estaba bajo control, logró enfriar la situación.

Acto seguido creó una crisis migratoria al abrir las fronteras para que todo el que quisiera irse a EEUU se lanzara al mar, lo que devino en un acuerdo migratorio, con Washington garantizando una válvula de escape de al menos 20.000 emigrados anuales.

Años más tarde, esta vía se convertiría en el más rentable brazo financiero de la dictadura, a partir de las remesas tanto en efectivo como en mercancías que los emigrados enviarían a sus familiares en la Isla: un esquema inagotable que permitiría obtener cientos de millones de dólares generados no por el desarrollo empresarial de una fuerza productiva autóctona, sino por la condición política de someter, controlar y regular las libertades ciudadanas de un pueblo entero.

Bajo este escenario, la economía del país mostraba algunas señales de recuperación. Para ese entonces, el régimen agregaba a su fórmula de sobrevivencia la exportación de los servicios de salud. Comenzaba entonces el alquiler a gran escala de médicos y personal paramédico. Nacía así otro brazo financiero: la trata esclava de las batas blancas, a quienes el Estado arrebataba entre el 75 y el 80% de los salarios, una situación que no ha cambiado en la actualidad.

Hoy, ese modelo de sobrevivencia surgido al calor de la crisis de los 90, mediante el cual la elite militar convirtió al Estado socialista en uno mafioso, está agotado. La crisis, por tanto, no es únicamente económica, sino sistémica y terminal.

Incapaz de llenar el vacío de poder dejado por su hermano, Raúl Castro prefirió manejar, controlar y adueñarse de las riquezas del país, en lugar de trabajar en un cambio de modelo que dejara atrás la crisis y apuntara a la vía del desarrollo.

Como resultado, el país ha sido defalcado, y a los ciudadanos no se les permite generar riquezas. La economía está en bancarrota y sin créditos pues además de no pagar a sus acreedores, la elite mafiosa roba a sus socios políticos. La industria azucarera se halla en ruinas, apenas produce lo que producía en 1913, cuando las zafras se hacían con trapiches. La industria del níquel se encuentra en el suelo, el precio del mineral se ha deprimido tanto que ya casi no es rentable producirlo. Las exportaciones tradicionales han disminuido considerablemente por la ineficiencia productiva y los efectos generados por la pandemia. El pueblo es tratado como esclavo, a los trabajadores se les paga en pesos y se les cobra en dólares. El sistema de salud es un desastre, el deterioro de las estructuras es profundo, la falta de medicamentos extrema, y la moral y el cansancio mental de los recursos humanos se traducen en apatía y falta de amor al trabajo: a nadie le importa nada, salvo tratar de sobrevivir al caos. El cierre generado por la pandemia ha llevado al turismo casi a cero. Las remesas han caído estrepitosamente por el cierre de los aeropuertos y el control de los militares sobre las vías de envío. Las medidas tomadas e implementadas con urgencia, como la dolarización y la llamada Tarea Ordenamiento, lejos de ayudar a mejorar la economía han acelerado el desorden y la protesta ciudadana. Hoy, en el país hay más escasez que nunca y la inflación se ha disparado.

Lo que le queda al régimen es el salario que roba a los médicos contratados en el exterior, los dividendos generados por las recargas telefónicas, y el petróleo que aún envía Nicolás Maduro como pago por ayudarlo a mantenerse en el poder.

Al mismo tiempo, la hegemonía informativa impuesta por décadas ha sido quebrada por internet y las redes sociales, vías a través de las cuales la población muestra su creciente poder contestatario. El PCC y la UJC ya no mueven masas, su poder de convocatoria es pírrico. Su discurso aburre e irrita. La desconexión del pueblo con el Gobierno es profunda: la apatía de la gente es el gran premio generado por la mediocridad ideológica.

De esa manera, la élite mafiosa en el poder ha perdido incluso su pericia para atraer deshielos. Ni siquiera generar una nueva crisis migratoria sería hoy una opción posible, pues el Gobierno de EEUU la interpretaría como un acto de guerra.

¿Qué alternativas le quedan a la elite mafiosa que controla el país para sobrevivir al quiebre?

En estos momentos, a la elite mafiosa solo le quedan dos opciones: una reforma estructural profunda al menos en lo económico, al estilo de Vietnam o China; o acudir a un último recurso: la venta del país.

La más sensata sería la primera opción. Implementar reformas económicas al estilo vietnamita y chino sería dar un giro de 180 grados y podría significar el respaldo inmediato y genuflexo de la Unión Europea, además de ser interpretado de forma positiva por los círculos políticos y agentes de influencia que hoy presionan a Washington para implementar un nuevo deshielo.

Sin embargo, habría varias interrogantes por despejar: ¿Estará dispuesta la elite mafiosa a ceder cuotas de poder económico, a implementar leyes de libre empresa y libre mercado? ¿Está dispuesta a permitir que los cubanos puedan generar riquezas sin límites y a protegerlos jurídicamente? ¿Está dispuesta a negociar las reclamaciones certificadas y no certificadas pendientes de compensación, a permitir la inversión libre y sin límites de los emigrados, así como la de los residentes en la Isla bajo las mismas premisas y condiciones que permite hoy invertir a inversionistas extranjeros? ¿Está dispuesta a implementar leyes que protejan de verdad a los inversionistas?

Como van las cosas, todo parece indicar que este no es el camino por el que optará la elite mafiosa. De hacerlo, sería prematuro medir el impacto. Lo más prudente sería valorar los pasos que se den, verificar su implementación, y comprobar que irían en la dirección de liberar las fuerzas productivas y beneficiar a los ciudadanos.

La otra opción que le queda a la élite mafiosa es vender el país. Es tentadora, pues representa la posibilidad de ganar miles de millones de dólares en poco tiempo. Para ello, ya han adelantado ficha y enmendado la Ley de inversión extranjera, permitiendo que los inversionistas foráneos puedan ser accionistas mayoritarios o exclusivos de las empresas mixtas cubanas. Teóricamente, existe la posibilidad de vender las industrias y cientos de hoteles construidos en terrenos de propiedad que fue confiscada, además de otros que ya existían y fueron directamente expropiados.

Esta opción, sin embargo, sería difícil de implementar en la práctica, pues el Título III de la Ley Helms-Burton imposibilitaría todo intento de venta al menos en los sectores afectados por las confiscaciones no compensadas por el Gobierno cubano en los primeros años de la revolución. Ningún inversionista extranjero pondría en riesgo su capital por muy tentadora que fuera la opción de compra puesta sobre la mesa por el Gobierno cubano.

En cualquier caso, si la élite mafiosa opta por esta vía, la precipitación del quiebre podría acelerarse, puesto que una solución como esta podría enfurecer e irritar aún más a las masas cansadas ya de la impunidad con que se les asfixia y reprime política, económica y socialmente.

El VIII Congreso del PCC se producirá en un momento crucial del país: mientras para unos pocos miles es cuestión de "patria o muerte", para 11 millones de cubanos residentes en la Isla y para otros 2.4 millones de emigrados, es de "patria y vida".