La cúpula del régimen cubano se fabrica su propio 'paseo blindado' en La Habana

El pasado 24 de febrero la Gaceta Oficial Ordinaria No.20 publicó el Acuerdo 8999/2021 del Consejo de Ministros, el cual detallaba una nueva y abarcadora extensión de las "Zonas y Vías de Interés para la Seguridad y Orden Interior en La Habana". El documento, en resumen, garantiza una férrea seguridad en los espacios donde suele vivir, trabajar y moverse la elite del poder en Cuba. Además, crea una justificación legal para reprimir cualquier tipo de protesta frente a ministerios e instituciones estatales.

El texto menciona varios Consejos Populares y algunas vías específicas de la capital que pasarán a ser una suerte de "zonas especiales" o "congeladas", controladas de forma absoluta por el Ministerio del Interior (MININT). Estas zonas son: Siboney-Atabey, Cubanacán, La Coronela, Plaza, Vedado, Príncipe, Colón-Nuevo Vedado, Ceiba-Kholy, Vedado-Malecón, Sevillano, Tallapiedra y vías muy puntuales de los municipios Marianao, La Lisa y Boyeros.

El Acuerdo no ofrece ninguna explicación sobre los motivos por los cuales, de la noche a la mañana, tantos lugares se han convertido en zonas de interés para la seguridad y el orden interior. Los medios oficiales tampoco arrojaron pistas sobre esta decisión y solo se limitaron a reproducir íntegramente el texto. La noticia, excepto para algunos medios independientes cubanos, ha pasado sin penas ni glorias.

¿Qué dice el Acuerdo 8999/2021?

En primer lugar, que el primer ministro Manuel Marrero Cruz ha estado muy activo en los últimos meses, estableciendo acuerdos a diestra y siniestra, quizás como en ningún otro año. En 2020, por ejemplo, el Consejo de Ministros publicó su último acuerdo el 10 de diciembre, y era el número 8959 del año.

En segundo lugar, que la elite política del régimen ha creado una ciudad dentro de la ciudad bajo leyes muy precisas y restrictivas para su exclusiva conveniencia y seguridad. El Acuerdo 8999/2021 no aclara esto, sin embargo, remite explícitamente a la Resolución 13/2015 del MININT, donde se establecen las características que definen las zonas y vías de interés para la seguridad y orden interior.

La Resolución 13/2015 dicta que bajo estas zonas y vías cualquier actividad que se realice debe ser consentida previamente por el MININT mediante un permiso que será otorgado o negado en un plazo de 20 días hábiles. Estas actividades pueden ser desde políticas, deportivas y religiosas (desarrolladas en espacios públicos), hasta el cambio de inmuebles, viviendas y terrenos, o la apertura de un emprendimiento, cualquier tipo de instalación técnica, acciones constructivas, de mantenimiento o de reparación en propiedades individuales o estatales.

¿Qué no dice el Acuerdo 8999/2021?

Por lo general, las leyes impuestas por el régimen esconden más de lo que anuncian, unas veces por enrevesadas y ambiguas, y otras por escuetas. Para interpretar la intención que esconden, casi siempre es recomendable una segunda lectura que ate ciertos cabos. Dicho esto, se vuelve necesario hacerlo con el presente Acuerdo.

El 10 de agosto de 2019, cerca de 200 usuarios de la Street Network de La Habana (SNET) se concentraron de manera espontánea —y sorpresiva para la Seguridad del Estado— frente al Ministerio de las Comunicaciones para exigir el mantenimiento de su red inalámbrica. Se programó una segunda protesta en el mismo sitio, pero la policía actuó con eficiencia para evitarla.

El 27 de noviembre de 2020 un grupo de artistas e intelectuales se plantó a las afueras del Ministerio de Cultura en protesta por el violento desalojo al que fueron sometidos los activistas acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro. En cuestión de horas, la pequeña manifestación se había vuelto una masa de cientos de personas, muchas de ellas representativas de la cultura cubana. El uso de gas pimienta, el corte deliberado de ciertos servicios de internet y la represión a la que posteriormente fueron sometidos los organizadores de aquel hecho, no impidieron que el 27 de enero de 2021 ocurriera otro plantón en el mismo lugar.

El pasado 19 de febrero un grupo de animalistas realizaron una protesta frente al Ministerio de Agricultura (MINAGRI) para exigir la aprobación inmediata del prometido Decreto Ley de Bienestar Animal. Aunque en un principio las cosas parecieron salirse de control, las autoridades del MINAGRI actuaron con prudencia y prefirieron el diálogo antes que otro evento mediático que revelara la naturaleza represiva del régimen.

La cronología anterior no es fortuita, sino que demuestra cómo se van consolidando en la sociedad civil cubana los plantones frente a los ministerios como método de protesta. Poner fin a esto, justamente, es uno de los objetivos que parece perseguir el Acuerdo 8999/2021 al someter las zonas donde se encuentran todos los ministerios del país a la voluntad del MININT.

Quedan pendientes, sin embargo, otras zonas y vías declaradas de interés para la seguridad y el orden interior. Atendiendo a la lógica de las leyes cubanas, basta repasar qué lugares son estos para saber qué persigue el Gobierno al volverlos zonas congeladas.
 
En consejos populares como Siboney-Atabey, Kholy y Nuevo Vedado se ubican las viviendas oficiales de la elite política y militar del país. Si existiera la remota posibilidad de que este dato fuese casual, el hecho de que el Acuerdo 8999/2021 incluya ciertas avenidas de municipios como Marianao y Lisa confirma que la cúpula del régimen y sus familiares buscan protegerse de cualquier iniciativa popular.

Si ubicáramos en un mapa de La Habana las zonas mencionadas anteriormente y las uniésemos con aquellas donde radican los ministerios y principales instituciones estatales, quedarían ciertos espacios en blanco. Las vías de Marianao, La Lisa y Boyeros mencionadas en el Acuerdo completan entonces esta ruta diaria de la elite del régimen, la cual marca el camino de sus casas a sus habituales centros de trabajo, incluyendo el Aeropuerto Internacional José Martí.

Otras avenidas contempladas en este Acuerdo llaman la atención por el marcado interés turístico que tienen para el Gobierno. Una de ellas es la franja costera del Vedado, donde el Gobierno ha desplegado una serie de proyectos constructivos para inundar la zona de hoteles de lujo.
 
De un plumazo, el régimen se ha blindado contra todo tipo de manifestaciones ciudadanas en la capital. Aquello que pudiera poner en peligro a su elite política y militar, y también la imagen de paraíso tropical que vende a los turistas y visitantes extranjeros, simplemente, ya no tiene espacios. Con un simple texto, además, ha vuelto ley la limitación de un sinfín de derechos ciudadanos, haciéndose de un paseo exclusivo por donde Sandro Castro, quizás, pueda correr su Mercedes Benz sin ser cuestionado.