Silencio oficial y dolor familiar: las muertes en el Servicio Militar Obligatorio en Cuba

Cada año, miles de adolescentes cubanos enfrentan el mismo destino: el Servicio Militar Obligatorio. Para la mayoría de los padres, se trata de un momento de inquietud; para otros, la experiencia se convierte en tragedia irreversible. En los últimos años, un número creciente de jóvenes ha muerto en las unidades militares, y en muchos casos, las autoridades han ofrecido explicaciones escasas o contradictorias, cuando no han condenado a las familias al silencio.

Según reportes de organizaciones independientes y medios periodísticos, al menos 19 jóvenes fallecieron durante 2025 mientras cumplían el Servicio Militar en la Isla. Las causas van desde accidentes durante prácticas militares hasta negligencias médicas, abusos dentro de las unidades y suicidios vinculados a presiones psicológicas o condiciones de vida extremas. Activistas y familiares organizados en el grupo de Facebook "No más víctimas en el servicio militar en Cuba", con más de 17.000 miembros, han documentado al menos 78 muertes desde 2019, muchas de ellas en circunstancias opacas o nunca aclaradas oficialmente.

Historias detrás de las cifras

Detrás de cada número hay un nombre y una familia que sufre. En octubre de 2025, Samuel Sampedro, un joven de 18 años destinado en el Combinado del Este, en La Habana, falleció en circunstancias que nunca fueron aclaradas, dando lugar a la indignación pública ante la falta de información oficial. El régimen, sin embargo, permaneció en silencio, y la familia de Sampedro sin respuestas.

Endis Leyva Nieves, de 19 años, falleció en diciembre de 2025 tras resultar gravemente herido por la explosión de un cohete durante un ejercicio militar en Guantánamo. Aunque fue trasladado a un hospital, no sobrevivió.

Antonio Rassi Roque, de 18 años, murió en agosto de 2025 en una unidad militar en La Habana. Testimonios de familiares indican que mostraba señales de deterioro emocional antes de su fallecimiento, sin que existiera intervención de las autoridades, sin que los decisores militares apliquen el más mínimo protocolo sanitario y humano.

Estos casos han generado alarma entre los padres cubanos. Jóvenes de 17 y 18 años, recién salidos de la adolescencia, se ven obligados a manejar armas, realizar ejercicios peligrosos y cumplir tareas de vigilancia bajo condiciones que muchas veces sobrepasan su preparación. Si bien el Servicio Militar no es nuevo en Cuba, el resquebrajamiento integral de la Isla ha llevado a la merma de las condiciones mínimas, y a que el ambiente opresivo habitual de las unidades militares lo sea cada vez con más vehemencia.

Voces de los padres

El peso de la tragedia se refleja en testimonios que claman justicia y transparencia. Alfredo González, padre de un joven fallecido en el servicio militar, afirma: "Estos no son números, son seres humanos". Desde la muerte de su hijo, González documenta casos similares y denuncia públicamente las negligencias: "¿Cómo es que le dieron un fusil a mi hijo para hacer guardia, sin ninguna preparación básica?", cuestiona.

Mercedes Roque, madre de Antonio Rassi Roque, reclama explicaciones oficiales sobre la muerte de su hijo: "Cinco meses y aún esperamos respuestas sobre la muerte de Antonio. Nadie me da respuesta". Sus palabras reflejan un sentimiento compartido entre muchas familias: frustración, dolor y un reclamo constante de justicia.

El caso de Leandro David: miedo y resistencia desde la familia

El testimonio del periodista independiente cubano residente en Brasil Joel Acosta Games, y su esposa Alisagna Lore Furones, introduce otra dimensión del drama: la angustia de padres exiliados que enfrentan la amenaza de que sus hijos sean reclutados por un sistema militar obligatorio que consideran represivo.

Su hijo, Leandro David Guzmán Lore, de 17 años, fue citado para un chequeo médico previo a su reclutamiento. Acosta Games y Lore Furones denuncian que no autorizan la participación de su hijo en el servicio militar, subrayando que no se trata solo de un trámite administrativo, sino de un mecanismo que el régimen utiliza para formar "carne de cañón" con fines represivos, incluso con "posibles despliegues internacionales".

"No damos autorización para que nuestro hijo contribuya con la fuerza de la tiranía comunista, ni dentro ni fuera de Cuba", señala Acosta Games. El testimonio revela la angustia de los padres, conscientes del peligro y de la represión que podría sufrir su hijo por negarse a cumplir una obligación impuesta por el Estado.

La responsabilidad del Estado

En Cuba, donde el servicio militar es obligatorio para la mayoría de los varones jóvenes, cualquier daño grave, y especialmente la muerte de un recluta, ocurre bajo custodia del Estado. Según el derecho internacional, cuando una persona está bajo control estatal, este tiene un deber reforzado de proteger su vida y garantizar condiciones seguras. Esto incluye entrenamiento adecuado, supervisión responsable, atención médica oportuna, condiciones de vida dignas y protocolos estrictos de seguridad. Elementos que no ocurren en las depauperadas unidades militares del régimen cubano.

En este contexto, el silencio institucional y la falta de transparencia ante cada tragedia profundizan el dolor de las familias y erosionan la confianza social. La obligación legal del Estado no termina con la notificación de un fallecimiento; requiere investigaciones independientes, explicación de las causas y asunción de responsabilidades cuando hay negligencia. Elementos que, como la seguridad, también brillan por su ausencia.

Entre la "defensa nacional" y la exposición a riesgos

El servicio militar suele justificarse como un aporte a la defensa nacional. Pero ningún sistema de defensa puede construirse sobre la desprotección de quienes son obligados a servir. Los adolescentes enviados a unidades militares enfrentan riesgos reales: manipulación de armas, entrenamientos intensos, exposición a accidentes y, en ocasiones, presiones psicológicas extremas. La tensión constante y la falta de supervisión aumentan la probabilidad de tragedias.

Para los padres cubanos, cada nuevo caso reabre la pregunta: ¿cuántos jóvenes más deben morir antes de que se implementen mecanismos de protección efectivos y una transparencia real? Asimismo, resurge con fuerza otra pregunta: ¿cuántos jóvenes más deben morir para que el régimen elimine una práctica arcaica y sin repercusión real en un muy hipotético conflicto armado?

El reclamo de justicia y verdad se hace imperativo, no solo por el dolor de quienes pierden a sus hijos, sino por la necesidad de prevenir que más adolescentes paguen con sus vidas la obligación impuesta por el obsoleto belicismo escenificado que domina la narrativa de La Habana.

Impacto social y psicológico

Las muertes durante el servicio militar tienen consecuencias que trascienden a las familias directas. La sensación de inseguridad, miedo y desconfianza hacia las autoridades se extiende a comunidades enteras, generando un clima de alarma y resentimiento. Los jóvenes que sobreviven observan las experiencias de sus compañeros, lo que puede afectar su desarrollo emocional y su percepción del servicio militar y del propio Estado.

La denuncia de Joel Acosta y su esposa también ilustra cómo la presión del régimen se proyecta más allá de la Isla, alcanzando a familias en el exilio. La amenaza de represalias sobre Leandro David, si se niega a cumplir el servicio militar, refleja un mecanismo de control que se sostiene tanto dentro como fuera del país.

La necesidad de cambios estructurales

El creciente número de casos documentados y la intensidad de los testimonios apuntan a la urgencia de reformas en el sistema de reclutamiento. La protección de los derechos humanos, la transparencia en los procedimientos y la seguridad de los reclutas deberían ser prioritarias. Cada adolescente bajo custodia militar merece respeto, información y condiciones dignas que minimicen los riesgos físicos y psicológicos.

Organizaciones de derechos humanos y activistas insisten en que el Estado cubano debe asumir su responsabilidad. Esto incluye investigaciones independientes, protocolos de seguridad claros y mecanismos de comunicación directa con las familias afectadas. La vida y el bienestar de los jóvenes no pueden depender de interpretaciones arbitrarias de la disciplina militar o de la ocultación de accidentes.

Así, cada historia es un recordatorio de que la disciplina militar no puede convertirse en excusa para la negligencia o la opacidad. La obligación del Estado es proteger la vida de los jóvenes, garantizar transparencia y asumir responsabilidades cuando falla. Mientras estas medidas no se cumplan, cada adolescente cubano que ingresa al servicio militar sigue enfrentando un riesgo que puede ser letal, y las familias continúan en la dolorosa espera de las respuestas que no llegan, las respuestas que el régimen, prepotente, se niega a brindarles.