Los voceros del régimen de Cuba que en los últimos años han sido punta de lanza de su propaganda desde los medios oficiales y cuya ejecutoria ha trascendido incluso a escenarios internacionales de desinformación, deberían responder en los tribunales de un país futuro, con un sistema legal justo.
Pero esas figuras, ¿han cometido delitos punibles o se han limitado a una postura partidista en sintonía con la doctrina oficial que los entronizó en escenarios de los medios masivos?
Miremos tres casos en los que la evidencia está más clara para definir responsabilidades penales.
Acaso no exista hoy en Cuba sujeto más despreciado por la ciudadanía crítica que Humberto Dionil López Suárez, estrella ascendente del aparato de propaganda oficial a partir de las masivas manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, cuando su formación como licenciado en Derecho le hizo conveniente para la justificación pública de los procesos de castigo y condena a prisión de cientos de detenidos.
Aparte de actuar como defensor de políticas del régimen a partir de supuestos legales, López utiliza con regularidad la exposición televisiva de presuntos opositores dentro de una construcción narrativa contra el disenso político.
Ello implica la negación pública de la represión política. En febrero de 2026, por ejemplo, afirmó en horario de máxima audiencia en la televisión oficial que en Cuba "no se persiguen opositores políticos" y que los encarcelados lo están por delitos comunes o contra la seguridad del Estado.
En abril de 2025 aseguró que quienes "dañen el prestigio" del sistema de salud cubano podrían enfrentar consecuencias legales, luego de las críticas generalizadas al Ministerio de Salud Pública por el tratamiento del caso del niño Damir Ortiz.
En ese mismo mes, López amenazó con decomisos, procesos penales y sanciones por contenidos considerados "incómodos" en internet, apelando a normas legales que imponen la censura y criminalizan la libre expresión.
En 2022, y siguiendo un mal guion de la Contrainteligencia cubana, el vocero recurrió a una fotografía de armas confiscadas durante la Guerra de los Balcanes para mostrarla como evidencia de supuestas acciones terroristas en Cuba y de un plan de invasión militar, liderados por exiliados en Estados Unidos, en otro capítulo de ataques al disenso en televisión y de intimidación pública a los participantes en protestas populares.
Al año siguiente, y con otras "evidencias" en mano, presentó a la periodista independiente Camila Acosta como parte de una campaña "contra Cuba", en un patrón de abierto acoso mediático.
Son inolvidables los testimonios que difundió en el Noticiero Estelar de la televisión estatal cubana de Mayelín Rodríguez Pardo, detenida por grabar las protestas del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey. Los fragmentos de su autoinculpación, arrancados por la Seguridad del Estado en prisión, le sirvieron para deslegitimar las protestas y de paso criminalizar a los cubanos que participaron en ellas.
Por si no bastara, López mostró cárceles cubanas, a las que calificó como "escuelas al campo", luego de que el Comité contra la Tortura de la ONU cuestionara con dureza a La Habana por las condiciones de encarcelamiento que sufren los reclusos en el país. Ese lavado de imagen es constante en sus intervenciones.
No solo desinformar y criminalizar destacan en el arsenal de Humberto López. En agosto de 2022 mintió a Cuba y el mundo, al difundir en televisión las "pruebas" de un presunto ataque con cocteles Molotov contra una tienda TRD en La Habana. DIARIO DE CUBA probó entonces que ese fue un suceso fabricado.
¿Explica tan largo historial que fuera premiado con su designación como miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba?
En lo descrito arriba caben presuntos delitos como la vulneración de la presunción de inocencia; la difamación; la infracción de la neutralidad institucional y la violación del derecho a la libertad de expresión.
Ello, por no mencionar el uso político de la televisión pública y la apología de violaciones sistemáticas de derechos humanos, que en sistemas jurídicos democráticos pueden tener consecuencias penales cuando se usan para justificar la represión y persecución de opositores.
De la nada, surgió la segunda estrella rutilante del aparato de propaganda posterior al 11J en Cuba, calificado como "comunicador y analista político" del programa televisivo "Con Filo", quien además funge como profesor universitario.
La línea editorial del espacio que Torres Corona escribe y conduce es en sí misma una autoinculpación. Además de tratar de emular el modelo de comunicación de los youtubers e influencers en redes sociales para apelar a la audiencia juvenil, el eje de su exposición es la criminalización de figuras indeseables para La Habana.
Si bien el objetivo confeso del programa consiste en desmontar las campañas de desinformación contra el régimen, en la práctica funciona a partir del "haz lo que yo digo, no lo que yo hago". Esto último, descansando en la difamación pública sistemática de activistas y voces críticas.
A partir de esa idea de la contra propaganda, "Con Filo" presenta perfiles individuales de periodistas independientes, artistas críticos, activistas de derechos humanos y creadores digitales, de los cuales se exponen a menudo sus datos personales o trayectorias políticas, su presunta asociación con gobiernos extranjeros, más acusaciones de financiamiento ilegal de las cuales a menudo no se ofrecen pruebas.
La estigmatización de personas dentro de un entorno donde el Estado controla casi todo el espacio mediático apoya además la construcción narrativa de un "enemigo interno", blanco de represalias cuando la policía política estime conveniente.
En todo lo anterior tiene un papel central la deslegitimación de las demandas sociales, atribuyéndolas a manipulación externa. Este encuadre aparece especialmente en "Con Filo" tras el 11J, cuando el programa dedicó múltiples emisiones a explicar las protestas como resultado de una "guerra mediática". Casualmente, la misma tesis que hasta la saciedad repite el régimen al mundo, sin conseguir con ello justificar su respuesta violenta.
Fuera de ser parte de la estrategia estatal de control del marco interpretativo del conflicto social, en "Con Filo" abundan las afirmaciones graves sin derecho a réplica, la exhibición de fragmentos de declaraciones fuera del contexto completo, la mezcla de opinión política con acusaciones implícitas y el empleo de un lenguaje descalificador hacia activistas e informadores. Su ubicación en un horario estelar del principal canal televisivo nacional muestra la asimetría extrema del poder comunicativo entre el presentador y las personas señaladas.
Entre los probables delitos en que incurren Torres Corona y los otros guionistas del espacio están la difamación o calumnia, el abuso de los medios públicos y el acoso mediático, agravados todos en un contexto como el cubano, donde a la ausencia de respeto a la libertad de expresión se une un sistema judicial que no protege a los individuos señalados como enemigos del Estado.
Olvidemos su rol de funcionaria del régimen cubano como directora de Juventud Rebelde, periódico de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), o como periodista oficial de Miguel Díaz-Canel y una de las coordinadoras de la "Mesa redonda", espacio de la televisión estatal cubana creado durante la Batalla de Ideas impulsada por Fidel Castro. O sea, todo aquello que la ubica dentro de un modelo comunicacional no pluralista.
Dejemos a un lado también su rol como vocera, por lo que ya fuera premiada en 2024 con el Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida, dado que su "pifia" en Russia Today afirmando que el apóstol cubano no conoció la luz eléctrica la dejó expuesta para siempre. Porque con ello, no se pierda de vista nunca, buscaba justificar los apagones en Cuba.
Sumemos a lo anterior cuando aseguró en Radio Rebelde en 2024 que el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, no se fue "con la cartera llena" al ser destituido, pese a que un año después acabó condenado a cadena perpetua por, entre otros presuntos delitos, espionaje y corrupción. Para estar tan cerca de las fuentes, Arleen comete demasiadas "pifias".
Detengámonos en su trabajo como operadora discursiva del régimen, encargada de explicar y justificar decisiones del poder político, reconstruir narrativas favorables tras las crisis políticas, humanizar al liderazgo en entrevistas a Miguel Díaz-Canel y de explicar a su audiencia decisiones impopulares de las autoridades.
Diluir la frontera entre el periodismo y la comunicación gubernamental en favor del periodismo de Estado o de partido es apenas una evidencia de falta de profesionalismo, por si las "pifias" no fueran suficientes.
Veamos su trabajo justificando la violencia: en 2021 afirmó en la televisión que los actos de repudio organizados por el aparato represivo contra activistas eran la reacción natural de "el pueblo" al acoso y las críticas al régimen y sus acólitos en redes. "Bueno, tendrán que asumir lo que la gente le responda", explicó, acotando que no le gustan tales acciones y evitando mencionar que las agresiones se produjeron en las viviendas de los afectados y califican como hostigamiento colectivo.
Mas, la medalla de oro se la lleva cuando en 2022, para la oficial Radio Rebelde, entrevistó al perfil anónimo de la Seguridad del Estado autodenominado Guerrero Cubano, quien, paradójicamente, y a nombre de combatir el "terrorismo mediático", criminaliza a opositores sin la más mínima verificación independiente.
¿Hay intención dolosa, daños concretos que pueden probarse y violación de leyes nacionales e internacionales en esta clase de actuación?
Visto desde el punto de vista del Derecho Penal Internacional, y a partir de instrumentos como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el ataque generalizado o sistemático contra población civil en ejecución de una política de Estado calificaría como coautoría funcional o indirecta, según su Artículo 25.3.a.
Este criterio aplica cuando el acusado controla una parte esencial del aparato oficial y su aporte es indispensable para la ejecución del crimen. Por ejemplo, a través de la construcción de narrativas que legitiman arrestos o el señalamiento público de personas que luego son detenidas, más la normalización de la represión como forma de "defensa nacional".
El propio artículo del Estatuto de Roma, en su inciso c, refiere actos que implican complicidad, ayuda y facilitación: la contribución práctica o moral con conocimiento de que se facilitan crímenes.
Un proceso penal paradigmático en este sentido es el denominado Caso Nahimana del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que condenó a cadena perpetua a dos periodistas por incitación y facilitación del genocidio ocurrido en ese país en 1994.
Aunque los acusados no empuñaron las armas ni en todos los casos llamaron explícitamente a matar, para la sentencia bastó con estigmatizar, deshumanizar, identificar blancos para la violencia y luego justificarla.
El Artículo 7.1.h, sobre la persecución, califica la privación grave de derechos fundamentales por motivos políticos, y es aplicable cuando los medios estatales niegan legitimidad civil a opositores; justifican exclusión, cárcel, exilio, y construyen al disidente como "enemigo".
¿Cuál es el lenguaje típico de los operadores oficiales que entraña riesgo jurídico? Pues términos como mercenarios, traidores, agentes enemigos, frases como "no son periodistas" o "no merecen derechos". Si este tipo de discurso precede o acompaña la represión real, puede ser prueba de nexo causal.
A todo lo anterior, habría que precisar: las pruebas existen y son accesibles como evidencia documental en los programas grabados, artículos, editoriales y redes sociales oficiales. Cualquiera puede acceder a ellos en YouTube, por ejemplo.
Los voceros mediáticos estatales cubanos pueden ser penalmente responsables no por opinar, sino por integrarse funcionalmente a un aparato represivo en el cual su discurso facilita, legitima o normaliza violaciones graves que tienen impacto real y previsible sobre víctimas concretas.
En procesos de justicia transicional, tales actores no suelen ser los primeros, pero sí terminan investigados cuando el archivo probatorio existe, el régimen cae y se abren comisiones de la verdad o fiscalías especiales. ¿Estarán preparados los ventrílocuos del poder en Cuba para defenderse de sus acusadores?
Por ahi anda una cola online con ticket y todo pa detonarle la cara a galletas a humberto y a michel
A Arlene mandenla para un centro de ANORMALES Y RETRASADOS MENTALES , SOLO HABLA SANDECES...HUMBRETE Y EL G2STAPO CORONA LLEVAN SOGA Y GUASIMA.
Dentro del actual sistema cubano no existen "periodistas", todo es propaganda oficial del PCC.
Falta mucha gente en esa lista
Fox New está al mismo nivel de sopla tubos que está voceros.
Estos tres "arrastraos" (para decirlo en buen criollo) denigran el sustantivo "periodista". Son grandes traidores a su propio pueblo, una verguenza para la honrosa y hermosa historia del periodismo cubano.
Bueno, parece que a usted se le olvidó sus viejas andanzas periodísticas en la isla.
Y esto lo dices tu que fuiste "periodista" del Granma?, estos al menos son congruentes con lo que piensan, tú para decirlo en buen criollo y tomando tus palabras eres una arrastrao.
Pienso que éstas alimañas de cloaca ya tienen planeado salir para otro país, España probablemente, donde lo que sobra ahora mismo son comunistas dispuestos a darle una plataforma donde vomitar su acostumbrada retahíla de imbecilidades sobre su abyecto público.
One word: GUÁSIMA
Es lo que únicamente se merecen.
A estos personeros de poca monta, la mejor de las lecciones sera entregarlos a las masas enardecidas y con deseos de descargar la impotencia y el empingue acumulado y que sean ellos quienes les den los caramelos.
Nada mejor que la sabiduria popular en decidir que les toca a estos desagradables e hdp.
El caso de Arleen Rodríguez Derivet es más amplio que los otros dos propagandistas, ya que su trabajo viene de hace décadas. Hoy la mencionaba justamente, recordando el aniversario de la Primavera Negra del 2003, cuando salió a la luz un libro panfletario llamado El Camaján, en el que hacían ver a Elizardo Sánchez Santa Cruz, defensor de los DDHH, como si fuera un mercenario. El libelo cuestión fue escrito por Lázaro Barredo y ella misma. En aquel entonces complementaba la zaga represiva un libro llamado Los Disidentes, donde los protagonistas eran supuestamente personas comunes que en realidad respondían a la Seguridad del Estado. El adefesio literario fue escrito por Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez, ambos biógrafos de Castro I.
Claro que deberán ser juzgados - excepto que les abran un hueco en el avioncito, al cual, se comenta, le han quitado muchos asientos para que quepan mas. Los tres de marras son Goebbels-like.
El tribunal mas independiente e imparcial que existe es el de las turbas enardecidas y hastiadas, arrastrando por las calles a los esbirros. Suele ser mas ejemplarizante y no le cuesta nada al erario publico.