Las sentencias impuestas a seis cubanos que protestaron por un prolongado apagón en Encrucijada, Villa Clara, en noviembre de 2024, constituyen el más reciente ejemplo de criminalización en Cuba de un derecho recogido en la Constitución: el de manifestarse pacíficamente. La falta de una norma que regule su ejercicio es un incumplimiento de los órganos legislativos, que ha servido de coartada al régimen para condenar a manifestantes. Sin embargo, ese vacío legal también crea escenarios de riesgo para las autoridades de la Isla.
El cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba preveía la aprobación de un decreto ley sobre el derecho a la manifestación con fines pacíficos en septiembre de 2020. Casi siete años después, la norma no solo no ha sido sancionada, sino que ha desaparecido de las sucesivas actualizaciones del cronograma que ha anunciado el Parlamento.
A ello se suma una crisis económica y social profunda, visible y cotidiana: escasez de alimentos y medicinas, deterioro del sistema de salud, desplome sostenido de la calidad de vida, empobrecimiento generalizado, emigración masiva y ruptura del tejido social. Estos fenómenos son evidentes y deben ser tenidos en cuenta por cualquier autoridad que actúe con responsabilidad institucional.
En este contexto, la élite que ejerce el poder real en Cuba no ha dado pasos hacia un escenario de transición interna pacífica, ni ha habilitado mecanismos creíbles de diálogo, control ciudadano o rendición de cuentas.
Cuando todas las vías institucionales están cerradas, la manifestación social pacífica se convierte en el único espacio disponible de expresión política, desahogo colectivo y reclamo ciudadano.
Sin embargo, lejos de atender los reclamos que expresan los ciudadanos en las protestas, el régimen cubano ha optado por detener, acusar, juzgar y condenar a los manifestantes —principalmente a quienes convocan, lideran o visibilizan el descontento social—, incluso cuando las quejas se expresan en los espacios que son legítimos, según las autoridades.
Fue lo sucedido en la manifestación del 7 de noviembre en Encrucijada. Los videos que circularon sobre el hecho muestran que los participantes en la protesta se dirigieron a las sedes del Gobierno municipal y del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el territorio. Así lo expone, además, la sentencia contra los imputados.
En el texto no hay mención a actos violentos, porque los manifestantes no los cometieron. Sin embargo, los seis acusados recibieron sanciones de hasta ocho años de privación de libertad, por supuestos delitos de desórdenes públicos.
Entonces, no se sancionó la violencia —que no existió—, sino la crítica y la manifestación de descontento social.
Desde el punto de vista jurídico, es imprescindible dejar claro que manifestarse pacíficamente es un derecho legítimo y nunca constituye un delito. Los derechos fundamentales no nacen del permiso del Estado; son inherentes a la persona.
La ausencia de una ley que regule el derecho a la manifestación no lo extingue, sino que compromete al propio Estado cubano por su incumplimiento. Esa omisión normativa no puede ser interpretada por los tribunales en perjuicio de la ciudadanía.
Por otra parte, el uso del derecho penal para castigar el reclamo social vulnera principios básicos del Estado de Derecho. El derecho penal es un instrumento de última ratio y solo puede intervenir cuando existe un daño real, concreto y jurídicamente relevante.
En numerosos procesos, como el reciente contra los manifestantes de Encrucijada, no se ha probado ninguna afectación jurídica efectiva: no hubo daños materiales, no hubo violencia, no hubo lesiones, no hubo interrupción grave de servicios esenciales. Las condenas se han sustentado en opiniones subjetivas de la parte acusadora, como la supuesta "inseguridad" o "desestabilización", sin respaldo probatorio objetivo.
Desde una perspectiva jurídica elemental, los jueces cubanos no están obligados —y de hecho no deben— validar la criminalización del descontento social. Su función es controlar la legalidad, la proporcionalidad y la legitimidad del uso del poder punitivo. Donde no hay daño, no hay delito.
Donde hay ejercicio pacífico de derechos fundamentales, no puede haber condena penal. Convertir al poder judicial en instrumento de disuasión política erosiona gravemente la confianza pública en la Justicia. Los jueces faltan a su deber, cuando dejan que pese más sobre la balanza el interés del régimen en castigar que su propia imparcialidad.
Los riesgos de sostener la criminalización de la protesta pacífica
Criminalizar las protestas pacíficas no solo es injusto e ilegítimo, es peligroso. La historia comparada demuestra que cuando un Estado cierra de manera prolongada todas las vías pacíficas de participación y expresión, la presión social no desaparece: se acumula y se desplaza.
En estas condiciones, el riesgo en Cuba no es una oposición organizada y cívica, sino estallidos espontáneos, reacciones desestructuradas y episodios de violencia no planificada, mucho más difíciles de contener. Paradójicamente, la represión que se presenta como garantía de estabilidad siembra inestabilidad.
Asimismo, una escalada interna de violencia incrementa la probabilidad de que aumenten las presiones internacionales y de que se produzca una intervención militar externa, con consecuencias imprevisibles. Ante la desigualdad de armas entre el régimen cubano y la población, y la histórica obcecación de las autoridades, la ayuda del exterior, venga como venga, será valorada interna e internacionalmente como una tabla de salvación.
Los pueblos cansados y pisoteados no piensan, sólo se defienden; no son responsables del caos ni de las lamentables consecuencias que sobrevengan.
Por ello, defender el derecho a la protesta pacífica no es ingenuidad, es una estrategia de prevención. Mantener el conflicto en el plano cívico, político y jurídico reduce los riesgos de violencia interna, preserva la legitimidad a nivel nacional e internacional y evita escenarios de ruptura irreversibles.
Manifestarse pacíficamente es un derecho. Criminalizar su ejercicio no resolverá la crisis que atraviesa el país; solo profundizará la fractura entre el poder y la sociedad, y empujará a Cuba hacia escenarios de mayor confrontación y riesgo. Los jueces no deben permitir que se les siga utilizando para silenciar lo que la política se niega a escuchar.
Alguien ha visto al Diaz Canel en los ultimos dias? Esta perdido.
Uno de los pilares del régimen cubano, como toda dictadura, es la represión. Por lo visto, como no se ha presionado lo suficiente por el lado de los DDHH, el cuartico sigue igualito. No han soltado a ningún preso político y siguen en esa "tradición" de golpear, encarcelar, deportar y hasta asesinar, a cualquiera que no opine igual que ellos. A este ritmo y si no pasa nada extraño, no podrán soportar mucho tiempo porque el país ya está parado, y con el riesgo que en cualquier momento Días-Contados vaya a hacerle compañía a Maduro.
El derecho a la protesta, como todos los derechos en un regimen totalitario estan prohibidos, aunque la constitucion, los codigos y las regulaciones digan lo contrario.
Esos textos decorativos no son disenados para servir de marco legal interno. Su unica funcion es enviar senales al exterior de cierta legalidad en un campo de concentracion y para entretener a los que creen en ellos.
Bueno, en Cuba quedan menos de 6 millones de personas. No me creo esas cifras que dicen que hay 8 punto y pia de millones de habitantes. En el ultimo exodo se fueron 800 -puede que mas pero lo dejo ahi.
Por tanto, en un pais lleno de viejos quien va a protestar.
Esto es bueno, que sigan haciendo lo único que saben hacer (reprimir y dar palo), así aceleran su propio fin.
La revolución de "los humildes, por los humildes y para los humildes" mutó, degenerando en una grosera dictadura que aplasta, somete y castiga a "los humildes" - estamos ante la evidente constatación del envilecimiento de muchos y en primer lugar de: Raúl Castro, Ramiro Valdés, Guillermo García y J. Ramón Machado. Ellos son los peores criminales. Patria y Vida!
La roboilusión NUNCA fue ni de los humildes, ni por los humildes ni para los humildes. Fidel Castro, un gánster de pacotilla que se sacó un título universitario a punta de pistola, consiguió secuestrar a un país lleno de comemierdas para enriquecimiento de él y de su familia.
Así mismo.
Discrepo con Ud, nunca mutuo, la ROBOILUSION siempre fue REPRESIVA contra todo lo que consideraron peligroso a su dominio total.
Empezaron fusilando y encarcelando a lo que llamaron "batistianos", siguieron con los que llamaron "bandidos", hasta dia de hoy que protestar por las carencias esenciales son actos "contrarevolucionarios".
Quitarle al que tiene para repartir migajas (y quedarse ellos con la major tajada) no fue "revolucion" fue un gancho para que los apoyaran y consolidar el poder.