Las autoridades cubanas han amenazado en las últimas semanas con procesar judicialmente y encarcelar a los cubanos que utilicen equipos de conexión satelital de Starlink, la proveedora de internet de alta velocidad propiedad de Spacex, empresa de Elon Musk.
En una nota publicada en su perfil de Facebook, la Unidad Presupuestada Técnica de Control del Espectro Radioeléctrico (UPTCERCuba), adscrita al Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) cubano, indicó que el uso no autorizado de Starlink en Cuba viola varios principios establecidos por el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), además de ir contra la legislación nacional.
La entidad estatal argumentó que el MINCOM no ha otorgado licencia a Starlink para operar en la Isla, "lo que lo convierte en un servicio ilegal según el marco internacional", y aseguró que hacer uso de ese servicio viola la Resolución 272/2015 de Cuba, "infringiendo la soberanía cubana sobre su espectro radioeléctrico".
Pero luego el monopolio estatal de las telecomunicaciones cubano, ETECSA, fue más lejos, al amenazar con dar una "respuesta judicial" y llevar a la cárcel a quienes usan esos equipos, que son legales en todo el mundo, pero no en la Isla, y que permiten sortear tanto el control sobre la navegación en la red como el pésimo servicio que ofrece la entidad, el único disponible en Cuba.
Según amenazó Kevin Castro Rodríguez, director adjunto de la Vicepresidencia de Operaciones de la Red de ETECSA, "utilizar estos equipos prohibidos y no homologados intercepta en las radiobases y deteriora, en zonas específicas, la calidad de la telefonía y redes móviles. (...) Estas violaciones no solo atentan contra la calidad y la soberanía del espectro radioeléctrico, sino que tienen respuestas judiciales en el Código Penal, en el cual se prevé la aplicación de contravenciones, decomisos, y en casos extremos, la privación de libertad a los infractores".
En todo lo anterior, tanto el MINCOM como ETECSA evitaron mencionar que los principales usuarios de Starlink en Cuba son los negocios autorizados por el régimen a vender productos, sobre todo alimentos, en tiendas online. DIARIO DE CUBA reportó que Supermarket23, vinculado al comandante de la Revolución Guillermo García y sus descendientes, exige a los negocios minoristas que contraten suministros con ellos tener ese servicio.
Asimismo, los denominados Mercados Doble J, con sede en La Habana, y la cadena de venta online y mercados físicos de MercoCaribe, este último con vínculos con la Seguridad del Estado cubana, utilizan Starlink en Cuba.
Pero aparte de lo anterior, ¿puede el régimen encarcelar a un ciudadano por utilizar la internet de Elon Musk dentro de la Isla?
La intríngulis legal cubana
El paquete normativo aprobado y puesto en vigor en Cuba justo después del estallido social del 11J y de la propuesta de legisladores de Estados Unidos de proveer internet masivo a los cubanos para evitar el corte del servicio que realiza ETECSA durante las protestas, descansa en el Decreto Ley 35/2021 y la Resolución 107 de 2021 de MINCOM, o Reglamento para el Uso de los Servicios de Radiocomunicaciones por Satélites, de conjunto con la Resolución 108 de 2021 de MINCOM, o Reglamento de Interconexión, Acceso e Instalaciones Esenciales de Redes de Telecomunicaciones.
La Resolución 107, por ejemplo, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los servicios de radiocomunicaciones por satélite, que implican la trasmisión, la emisión o la recepción de ondas radioeléctricas por satélite para fines específicos de telecomunicación.
En el Artículo 2 de esa disposición se dice: "Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que pretendan usar los servicios de radiocomunicaciones vía satélites artificiales de la Tierra en las bandas de frecuencias radioeléctricas atribuidas a estos, deberán solicitan autorización al Ministerio de Comunicaciones".
Luego, el Artículo 17 señala: "En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, se aplica lo establecido en el Decreto 42 Reglamento General de Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 24 de mayo de 2021, en materia de contravenciones".
¿En qué consisten las sanciones, según las leyes cubanas? En multas y decomiso de medios y tecnologías necesarias empleadas para recibir y navegar a través de Starlink.
Lo anterior descarta la posibilidad de que califique como delito la simple recepción de ondas radioeléctricas por satélite, no así el uso que se le pueda dar y que genere consecuencias de muy alto nivel de peligrosidad.
"Tratándose de que existe la posibilidad de que infinidad de cubanos se beneficien con los servicios de Internet que puedan facilitarse desde el exterior, se considera improcedente regular la acción como delito, quedando su valoración al arbitrio de los órganos de inteligencia que controlen y fiscalicen la actividad satelital", comentó a esta redacción el abogado cubano Edel González Jiménez.
"No obstante, una persona multada y represaliada en varias ocasiones puede ser llevado a los tribunales por el delito de desobediencia a autoridades administrativas adscriptas al MINCOM, acción legal que los tribunales deben abstenerse de realizar", añade.
"Ante estos casos de invasión administrativa y de amenaza de castigo penal, han de prevalecer los derechos fundamentales prescritos en la Constitución. Por tanto, estas normativas en contradicción no deben ser argumentos de aplicación", enfatiza.
Meter miedo, función básica del aparato estatal cubano
González Jiménez señala que las amenazas oficiales a los cubanos que utilizan Starlink es "otro termómetro demostrativo de inexistencia de libertades y derechos fundamentales en Cuba".
"En la actualidad, el acceso a Internet ha de concebirse como una garantía de realización de libertades y derechos. Suprimir las formas de obtener este vital servicio es negar y reprimir libertades y derechos como los de acceso a la información, expresión, comunicación y prensa, así como otros conexos, fundamentales para vivir en sociedad con dignidad. No acceder a internet afecta derechos al trabajo, participación, petición, queja, etc. ETECSA es la única empresa proveedora de este servicio, pues gracias a ellas el control de su uso y explotación en Cuba es total".
"Dicho lo anterior, se impone una pregunta. En materia de justicia sobre libertades y derechos fundamentales, ¿qué ha de primar; el fin (acceso y realización del derecho) o los medios y la forma (la manera en que se realiza el goce y ejercicio de libertades y derechos)?", se pregunta el abogado.
"En mi opinión, los tribunales cubanos, envueltos en esta pugna de derechos e intereses, han de abandonar el subdesarrollo jurídico mental y migrar hacia decisiones democráticas, si es que desean ser parte de la historia de transición democrática que requiere el país", enfatiza.
"Por consiguiente, en virtud del principio de primacía constitucional, consignado en el Artículo 7 de la Constitución, esta última es la que hay que defender, desoyendo y eliminando el resto por prevalecer la 'norma jurídica suprema del Estado' y 'estar (todos) obligados a cumplirla'", recuerda.
González Jiménez señala entonces que, en caso de que el aparato administrativo estatal busque criminalizar a los cubanos que utilizan Starlink, se debe "resolver la problemática sin necesidad de represalias en el orden legal, tarea que corresponde a legisladores y jueces; por consiguiente tener, explotar y/o acceder a Internet a través de Starlink no debe ser reprimido a menos que se justifique en sede administrativa y judicial, con suficiente prueba y argumentos de hechos debatibles, transparentes, de que están siendo afectadas categorías relevantes como la salud, la seguridad de las personas, el medio ambiente y/o la soberanía y seguridad territorial nacional".
El abogado subraya además que "expresarse a través de Internet contra el sistema imperante y convocar actos de reunión y protestas, sea utilizando a ETECSA o Starlink, ha de valorarse como ejercicio lícito y pleno de derechos humanos. Por tanto, no pueden invocarse como argumentos de represión".
Vaya pregunta, retórica me imagino, que encabeza el artículo. Desde hace 66 años el régimen puede hacer y hace lo que le da la gana.
El forro de Labana ... es uno de los forros más famosos del mundo mundial ....
¿Desde cuándo la mafia de Labana necesita de respaldo legal alguno para meter a alguien preso o incluso ejecutarlo? De toda la vida el dueño de la hacienda puede hacer lo que se le antoje con la dotación.
En Cuba te meten preso solo porque miraste a un militar o policía con mala cara.
Si los padres de un niño que se tomó un vaso de leche a los 7 años y 1 día han cometido un delito ¿qué se puede esperar que le toque al resto de los habitantes del Alcatraz caribeño?.
El Alcatraz caribeño: muy acertada definición para una isla que es toda una cárcel.
Los biranos llevan mas de 6 decadas dando palos y encarcelando sin mediar leyes. Su modos operandi es detectar lo que le hace competencia, lo eliminan, y despues van al circo nacional para hacer la ley.
Un régimen que encarcela por decir dos palabras tan lindas como Patria y Vida, no necesita de ninguna legislación para encarcelar por cualquier motivo que les resulte incómodo.
Los mulatos en la plantación Cuba, solo están autorizados a ver la Mesa Redonda.
Tomando en consideración el volumen de las operaciones de montaje de antenas y la demanda por los servicios de internet; no parece posible para el Estado Policial practicar el juego a la Alan Phillip Gross,
El regimen cubano, o sea, el cartel de Punto Cero, puede encerrar a un ciudadano por usar Starlink, rezar en una azotea, buscar comida en un basurero, hablar de extraterrestres o por dormir.
Nunca una tirania totalitaria ha necesitado de un codigo penal y de referencias eticas para ejercer su represion, o lo que es lo mismo, para encarcelar, deportar, expropiar (robar), extorsionar o fusilar al que los hampones en el poder consideren que lo merece.