Este 12 de abril se cumplen seis años del secuestro de los médicos cubanos Assel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández a manos de la milicia yihadista Al-Shabab en Kenia, a donde habían sido enviados por La Habana. En los últimos diez meses, las autoridades de Cuba no han hecho ningún pronunciamiento público sobre el destino de los dos galenos, cuya presunta muerte fue anunciada por Al-Shabab hace más de un año. El silencio resulta más estruendoso, cuando el lucrativo negocio de la exportación de profesionales de la salud del régimen es sometido a una presión más fuerte por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Los dos médicos trabajaban en Kenia, bajo un contrato firmado entre Nairobi y La Habana en 2017, que reportaba a la parte cubana más de 3.400 dólares al mes por cada uno de los 120 galenos enviados al país africano.
Diez meses de silencio por parte del régimen
El 17 de febrero de 2024, los captores de Herrera Correa y Rodríguez Hernández afirmaron en sus redes sociales que ambos habían fallecido en un ataque con drones del Comando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM).
En marzo, tras una visita oficial a Kenia del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, y una conversación del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Bruno Rodríguez Parrilla, con su homólogo de Somalia, el régimen cubano dijo que los datos eran "escasos y contradictorios".
En abril, cuando se cumplía el quinto aniversario del secuestro, el régimen acusó EEUU de la suerte de los dos doctores.
En una declaración, el MINREX aseguró que, pese a la insistencia de La Habana con EEUU, no había sido posible "obtener información ni evidencias que permitan llegar a conclusiones definitivas y esclarecer la situación de Assel y de Landy, si permanecen con vida o confirmar la triste noticia divulgada el 17 de febrero".
La nota afirmaba que "la ausencia de datos y de respuesta pronta y adecuada de parte del Gobierno de Estados Unidos" impedía "contar con elementos certeros para ofrecer a los familiares y a nuestro pueblo una versión concluyente sobre lo ocurrido".
El último pronunciamiento público del régimen cubano sobre los dos médicos presuntamente muertos llegó el 13 junio de 2024, por medio de una publicación de Rodríguez Parrilla en su cuenta de X, que volvió a responsabilizar al Gobierno de EEUU al señalar: "Desde abril esperamos, sin respuesta, indagaciones que Cuba solicitó oficialmente respecto a los ataques de AFRICOM en otra localidad de Somalia".
No se puede descartar que, en los diez meses transcurridos sin información oficial, el régimen cubano haya estado en contacto con las familias de los dos doctores y les haya mantenido al tanto de nuevas gestiones para averiguar lo ocurrido con ellos.
Pero el destino de los doctores Herrera Correa y Rodríguez Hernández no es solo un asunto de interés privado y familiar. Es también un asunto de interés público, que pone de manifiesto los riesgos que corren los médicos cubanos en las llamadas "misiones", además de ser despojados de entre el 75% y el 90% de sus salarios, y de estar sometidos a severas restricciones de sus libertades de movimiento y expresión.
La responsabilidad que el régimen elude
Los doctores Herrera Correa y Rodríguez Landy habían sido ubicados en una zona peligrosa del condado de Mandera, en la frontera con Somalia, de donde habían huido médicos locales "por miedo a ataques terroristas", como reveló un reportaje del canal Citizen TV Kenya en 2019, y donde Al-Shabab llevaba años secuestrando extranjeros.
Por ejemplo, en 2018, el grupo armado secuestró en Mogadicio, capital de Somalia, a la enfermera Sonja Nientiet, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de quien no se han vuelto a tener noticias.
Siete años antes, fueron secuestrados el danés Poul Hagen Thisted, trabajador de una organización humanitaria dedicada al desminado de zonas de conflicto, y la estadounidense Jessica Buchanan. Un comando de los Navy SEAL de la Marina de EEUU los rescató al año siguiente.
También en 2011, fueron secuestradas en Kenia las empleadas de la organización Médicos sin Fronteras, Montserrat Serra y Blanca Thiebaut. Dos años después, fueron liberadas.
Las autoridades de Cuba no podían decir que ignoraban los peligros a los que sus profesionales estaban expuestos en la zona donde fueron desplegados.
Sin embargo, no fue hasta después del secuestro que el régimen cubano decidió el traslado del resto de su personal sanitario que trabajaba en zonas inseguras de Kenia a otras menos expuestas a la violencia.
Una práctica que continúa
Lo sucedido a los doctores Herrera Correa y Rodríguez Hernández no bastó para que el régimen dejara de enviar a sus profesionales a lugares peligrosos y remotos, que evita el personal de los países receptores de las "misiones".
En junio de 2022, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció el arribo al país de 500 médicos cubanos para dar atención en zonas a las que los profesionales locales no iban. Los galenos mexicanos se quejaban de falta de condiciones y de seguridad para trabajar en esas áreas.
En julio de 2024, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dijo al medio local La Jornada que los médicos exportados por La Habana habían sido ubicados "en áreas de muy alta marginación, a donde los galenos (mexicanos) no quieren ir".
Dos meses después, un grupo de médicos cubanos que laboraba en la población serrana de El Palmito, en Sinaloa, México, tuvo que ser retirado de la zona, controlada por sicarios, debido a la violencia.
¿Habrá una compensación justa para las familias?
El destino de Herrera Correa y Rodríguez Hernández también despierta preguntas sobre el pago de indemnizaciones a los familiares o los beneficios de Seguridad Social a los que podrían acceder.
Los convenios suscritos entre La Habana y los gobiernos de los países a donde envían a sus profesionales, en su mayoría secretos —lo que viola el principio de publicidad y el derecho de los cubanos a la información— y compartidos con DIARIO DE CUBA por Prisoners Defenders, solo recogen como obligaciones, siempre de la contraparte de las autoridades de Cuba, los gastos en caso de fallecimiento, gastos sanitarios, funerarios, de tramitación y de repatriación del cadáver y de un acompañante.
Por otra parte, los contratos individuales firmados entre la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A y los médicos, específicamente el concertado para la prestación de los servicios en Kenia, mantienen los beneficios laborales y de seguridad social que les corresponden según la legislación cubana. Esto es en el caso de muerte y siempre que se cumplan los requisitos exigidos el derecho a una pensión por fallecimiento para la viuda/o.
Igualmente, se desprende del contrato la existencia de un seguro de salud, que la entidad debe exigir al receptor del servicio. De ese seguro de salud, en virtud del contrato firmado, los trabajadores desconocen el alcance y el contenido.
En caso de no haber un seguro de vida —que al parecer no es obligatorio en la mayoría de los contratos entre la entidad cubana y los médicos— a las familias solo les queda acogerse a los beneficios de la Seguridad Social y las pensiones por fallecimiento.
Según las leyes de Cuba, deben transcurrir tres años sin que se conozca el paradero de la persona para que sea declarada fallecida, lo que no ha ocurrido desde que se anunció la posible muerte de los doctores.
No obstante, el Código Civil prevé que, si la persona desaparece en un contexto de desastre, calamidad pública u operaciones militares, no hay que esperar los tres años para declararla fallecida. A su vez, la Ley de Seguridad establece que para estos casos no es necesario esperar ese periodo, por lo que se puede proceder al pago de la pensión por viudez y de la que deben recibir los hijos menores de edad.
Es probable que el Gobierno haya decidido apelar a la salvedad establecida en ambas leyes para comenzar a pagar las pensiones a las viudas y descendientes de los dos médicos, antes de que haya sido esclarecido lo sucedido con ellos.
Surge entonces otra pregunta: ¿Serán esas pensiones igual de exiguas que las que suele pagar en moneda nacional el Estado cubano a viudas y descendientes, o estarán en proporción con las jugosas ganancias en divisas que obtiene el régimen por los profesionales que exporta?
Ya esos le dieron chicharrón
Ya estos dos medios básicos han sido dados de baja del inventario
Lamentablemente tiene usted toda la razón en lo que escribe. Los médicos traficados son sólo eso. Medios básicos reemplazables.
Es interesante que los terroristas cabeza de culero secuestraron cubanos, porque el Castrismo siempre los ha apoyado y hasta logística les ha suministrado.