Siete años de cárcel para los residentes en el edificio de La Habana donde el derrumbe de un balcón mató a tres niñas

Los residentes del edificio ubicado en Vives 102, entre Águila y Revillagigedo, en La Habana Vieja, donde tres niñas cubanas fallecieron el 27 de enero de 2020 al derrumbarse un balcón sobre ellas, denunciaron que el régimen los ha condenado a siete años de cárcel. En un video enviado este lunes al periodista Mario Pentón, Adrian Frómeta González y su esposa, Regla Isabel Rodríguez López, dan detalles sobre el caso.

"Nos están imputando siete años de privación de libertad, tanto para mí como para mi esposa, y seis años para mi hermano y mi tío por el simple hecho de que están culpándonos de que nosotros tumbamos el balcón que mató a las muchachitas, cuando allá arriba en esa casa los únicos que trabajaron fueron organismos (...) que trabajan para el Estado, cuando nadie venía a revisar lo que ellos hacían, ni el trabajo que ellos estaban haciendo", dijo Frómeta.

Explicó que, durante la investigación, varios "expertos" que tienen más de 40 años de experiencia en la construcción, "dijeron que el balcón se cayó debido al mismo escombreo y las vibraciones al tumbar todas las paredes". Detalló además, que se trata de "una casa de ciento y pico de años de existencia, sin reparación y en mal estado". 

"Lo único que hice fue llamar a mi hermano (Alain Walfrido Frómeta González) y a mi tío (Ismael Peña Prado) para que me ayudaran a echar un derretido porque los huecos que tenía el piso eran muchos y por eso nos están pidiendo siete años, que hoy (lunes) mismo bajó la sentencia del Tribunal Supremo", agregó.

Frómeta cuestionó que, al armar el expediente del caso, las autoridades "obviaron muchas cosas", como que su esposa tiene más de 60 años. "Nos están acusando de tres delitos de homicidio y nos están sancionando por una sanción conjunta sin pruebas, y el fiscal Yoandry López Parra, sin tener pruebas, nos acusó que nosotros nos queríamos quedar con la casa de arriba cuando no es así", dijo.
 
Señaló que, desde 2014, su esposa ha tocado todas las puertas para "resolver el problema de las filtraciones y el mal estado constructivo" de su vivienda, pero no logró una respuesta a su reclamo. "Hasta el límite que llegó a pasar lo que tenía que pasar, antes a nadie le importó y entonces (...) pasó lo de las muchachitas, que lo lamentamos mucho, tanto yo como mi familia. Nos quieren culpar y nosotros no tenemos culpa, hemos ido a todos los lugares y nadie nos quiere escuchar. Hemos ido a Atención a la Población de la Plaza de la Revolución y nos dijeron que ahí no reciben ese tipo de casos. No sabemos qué más hacer y ya no tenemos miedo, que pase lo que tenga que pasar", expresó.

"No podemos cumplir por algo injusto. Hoy, bajó la sentencia, estamos esperando que nos avisen para entregarnos. Tengo a mi madre enferma de los nervios, mi hermano que tiene retraso mental, no han tenido consideración con eso, con que nosotros nunca hemos cometido ningún delito, no tenemos antecedentes penales ninguno, somos personas vinculados a la sociedad, cubanos de a pie", concluyó Frómeta.

Por su parte, Regla Isabel Rodríguez López, de 61 años, propietaria de la vivienda, explicó que nadie fue a investigar nada de lo que estaba sucediendo con su casa a pesar de que desde 2014 estaba denunciado en todas las entidades el mal estado constructivo en el que se encontraba su inmueble: "Nos acusan de que (los trabajadores estatales) dejaron la mitad de las paredes y que nosotros las tumbamos luego. Con qué instrumentos vamos nosotros a tumbar esas paredes, si nosotros no sabemos cuál es la pared de carga".

"Nosotros fuimos como testigos del caso a 100 y Aldabó, con la instructora Irene Santos Trojano, y ella nos puso después como acusados de tres homicidios", dijo Rodríguez. "Estoy aquí dando las quejas porque es la verdad, nuestra verdad, que se ha convertido en una injusticia y son siete años, siete años, y yo nunca he estado en esta situación", agregó.

Las niñas que perdieron la vida tras el derrumbe del balcón en 2020 fueron María Karla Fuentes (12 años de edad), Lisnavy Valdés Rodríguez (12 años de edad) y Rocío García Nápoles (11 años de edad).

Desde entonces, tres años después, la prensa oficial no ha reportado sobre el resultado de las investigaciones oficiales.

Tras la tragedia, varios vecinos denunciaron que el derrumbe fue resultado de negligencias durante la demolición del edificio, que no tenía señales de advertencia ni acordonamiento para prevenir accidentes.