La Cumbre de APEC celebrada en Shenzhen estuvo dominada por el encuentro entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin. Sin embargo, también dejó una imagen menos espectacular, pero importante para América Latina: los presidentes de México, Chile y Perú viajaron a China para profundizar sus relaciones comerciales con Pekín.
Claudia Sheinbaum habló del comienzo de una "nueva era" entre México y China. Keiko Fujimori llegó después de que entrara en vigor la actualización del tratado de libre comercio entre ambos países y buscó nuevas inversiones y cooperación frente al fenómeno de El Niño. José Antonio Kast defendió el libre comercio, el multilateralismo y la continuidad de una relación que ya lleva décadas.
En conjunto, México, Perú y Chile se encuentran entre las economías más importantes de América Latina y concentran aproximadamente el 40% del producto interno bruto. Considerados en conjunto, los tres países constituyen una plataforma central de la presencia económica china en América Latina y permiten dimensionar la importancia de la relación bilateral más allá de los anuncios políticos.
Los tres representan proyectos políticos diferentes. Sheinbaum pertenece a la izquierda mexicana, mientras Kast y Fujimori forman parte del desplazamiento regional hacia la derecha. Sin embargo, las diferencias ideológicas desaparecieron rápidamente ante la importancia de China como mercado, fuente de financiación y proveedor de tecnología.
No hay nada necesariamente reprochable en ese pragmatismo. Pretender que América Latina renuncie a esas oportunidades para demostrar lealtad a Washington sería tan poco razonable como pedirle que se subordine políticamente a Pekín para conservar el acceso al mercado chino.
Durante años, la presencia china se concentró fundamentalmente en la compra de petróleo, soja, cobre, hierro y otros productos primarios. Después llegaron los créditos, las obras públicas, las represas, los ferrocarriles y los puertos. Ahora la relación ha entrado en una etapa más sensible: redes de telecomunicaciones, servicios de nube, inteligencia artificial, vehículos eléctricos, sistemas de vigilancia, satélites, redes eléctricas y almacenamiento de datos.
No todas estas actividades presentan el mismo riesgo. Vender alimentos o minerales no es equivalente a entregar la gestión de una base de datos estatal. Tampoco es lo mismo contratar a una empresa china para construir una carretera que permitirle operar un puerto estratégico.
El problema aparece cuando un mismo socio compra los recursos naturales, financia las obras, construye la infraestructura, suministra las comunicaciones y almacena los datos utilizados para administrarla.
Para tener una idea, en 2024, el China Index midió precisamente esa combinación de exposición, presión y alineamiento. Entre los 101 países analizados, Chile ocupaba el octavo lugar en influencia china, Perú el trigésimo y México el número 64.
La diferencia demuestra que los tres miembros latinoamericanos de APEC no llegan a la relación con Pekín desde la misma posición. En Chile, la dependencia comercial y la amplitud de los vínculos con China aumentan la capacidad de presión del gigante asiático. En Perú, empresas chinas participan en la minería, el puerto de Chancay y la generación y distribución de electricidad. México mantiene una exposición menor porque su economía está profundamente integrada con Estados Unidos, aunque la presencia china avanza en manufacturas, comercio electrónico, telecomunicaciones y servicios tecnológicos.
La influencia tampoco debe confundirse automáticamente con espionaje o control político. Pero tampoco conviene ignorar la naturaleza del régimen bajo cuya jurisdicción operan esas compañías. China no es una democracia liberal con una separación clara entre el Estado, el Partido Comunista, las grandes empresas y los servicios de inteligencia. Sus compañías pueden tener intereses comerciales legítimos, pero están sujetas a un sistema político que considera la información, la tecnología y el control de las cadenas de suministro como instrumentos de poder nacional.
El reciente escándalo que rodeó a Jensen Huang, entonces máximo responsable de Nvidia, y su aventura amorosa con una supuesta espía china, ofrece una advertencia. Si una de las compañías tecnológicas más importantes de Estados Unidos puede quedar expuesta a semejante riesgo, qué le espera a los gobiernos latinoamericanos.
Brasil ofrece un ejemplo menos novelesco, pero mucho más cercano a las decisiones cotidianas de los estados latinoamericanos. En 2024, Dataprev, la empresa pública que administra grandes volúmenes de información vinculada a la seguridad social y otras políticas públicas, contrató servicios de Huawei Cloud como parte de la construcción de la Infraestructura Nacional de Datos. Los equipos pueden instalarse dentro de los centros de datos de la propia Dataprev, que también trabaja con proveedores estadounidenses como Amazon, Google y Oracle.
La contratación provocó un pedido de información en la Cámara de Diputados sobre el eventual acceso de Huawei a datos sensibles de los ciudadanos. Dataprev respondió que los proveedores no tienen acceso a sus bases, que la operación permanece bajo control estatal y que la estrategia multinube reduce la dependencia de una sola compañía. No hay pruebas que permitan afirmar lo contrario. Pero el caso plantea una pregunta que los gobiernos de la región no deberían eludir: ¿basta con conservar los servidores y los datos dentro del territorio nacional cuando una parte de la arquitectura que los procesa depende de tecnología desarrollada por una empresa extranjera sometida a las leyes y presiones de otra potencia?
América Latina deberá responder preguntas de este tipo con instituciones mucho más débiles, menores capacidades técnicas y menos recursos para realizar auditorías independientes. Evan Ellis, uno de los investigadores que más ha estudiado la presencia china en la región, advierte que la participación de empresas vinculadas a Pekín en infraestructura digital, servicios de nube, puertos, redes eléctricas y sistemas espaciales puede afectar la protección de la propiedad intelectual y la autonomía de las decisiones nacionales.
Su trabajo también muestra que el riesgo no siempre aparece mediante una imposición directa. Puede crecer lentamente a través de contratos opacos, créditos difíciles de sustituir, viajes de funcionarios, convenios universitarios, cooperación militar y relaciones con empresarios, políticos y medios de comunicación. Cuando un gobierno descubre la profundidad de su dependencia, el costo de cambiar de proveedor o contradecir a Pekín puede resultar demasiado alto. Si no basta con mirar el caso del futbolista Kylian Mbappé, que por un comentario menor terminó costando millones a La Liga.
Por todo esto, los países latinoamericanos necesitan una política de seguridad económica. Los contratos sobre infraestructura crítica deben ser transparentes y quedar sometidos a control parlamentario. Los sistemas que almacenan información estatal o datos personales deben superar auditorías independientes. Ningún país debería depender de un único proveedor para sus telecomunicaciones, electricidad, puertos o servicios de nube. También deberían existir mecanismos que permitan sustituir a una empresa extranjera sin paralizar servicios esenciales.
La visita de Sheinbaum, Kast y Fujimori a Shenzhen demuestra que la relación con Pekín sobrevivirá a los cambios ideológicos de América Latina. La izquierda y la derecha pueden diferir sobre casi todo, pero ninguna está dispuesta a renunciar al mercado chino.
América Latina puede vender cobre, litio, alimentos y energía a China, recibir inversiones y aprovechar su tecnología. Pero debe aprender a distinguir entre hacer negocios y entregar las llaves.