La designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha convertido en la primera gran prueba de fuego del plan de transición impulsado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para Venezuela. Al marcar la pauta de los lapsos, el responsable de la política exterior ha dejado en claro lo involucrado que está Washington en este proceso.
En declaraciones realizadas este lunes desde París, Rubio afirmó que el proceso avanza según lo previsto. "Si todo continúa conforme al cronograma, Venezuela contará con nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para mediados del próximo mes, en diciembre. Poco después, se conformará el nuevo Consejo Nacional Electoral. Estos dos pasos son fundamentales", señaló.
Para observadores, la conformación de un nuevo TSJ será la verdadera prueba de fuego sobre el compromiso de Estados Unidos con la reinstitucionalización del país. Tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, los anuncios específicos y acuerdos concretos promovidos por la Casa Blanca han girado principalmente en la esfera de los negocios, petróleo y minería, principalmente.
Aunque en general Rubio y otros altos funcionarios del Departamento de Estado han dejado en claro que el objetivo final es devolver una democracia plena a Venezuela, lo usual era evitar plazos y fechas para los acuerdos políticos, pero a juicio de analistas el regreso al país de la líder opositora María Corina Machado parece haber contribuido a darle un giro a las posiciones públicas de Estados Unidos.
De acuerdo con Rubio, una vez renovadas ambas instituciones (TSJ y CNE), la presidenta interina Delcy Rodríguez debería declarar vacante la Presidencia, lo que abriría un plazo de seis meses para convocar y celebrar elecciones presidenciales. Rubio insistió en que se requieren tres condiciones mínimas para que esos comicios tengan credibilidad: un nuevo TSJ, un Consejo Nacional Electoral de carácter administrativo y no político, y una prensa libre y abierta.
También subrayó la necesidad de reabrir consulados venezolanos en Estados Unidos y otros países para que los más de siete millones de venezolanos en el exterior puedan votar.
Sin embargo, en el tramo final de este 2026 y dejando en claro que las elecciones no ocurrirán de inmediato, la selección de magistrados se ha convertido en el termómetro más claro del compromiso real con una reinstitucionalización. Los magistrados del TSJ son designados por una Asamblea Nacional de mayoría chavista y presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina.
Estados Unidos levantó las sanciones individuales, primero sobre Delcy Rodríguez y recientemente sobre su hermano, Jorge, en lo que se interpreta como un incentivo a seguir adelante con un proceso político tutelado por Washington.
El cronograma oficial para nombrar al nuevo TSJ contempla la resolución de impugnaciones a principios de diciembre, la revisión final por el Poder Ciudadano y la presentación de la lista definitiva ante la Plenaria del Parlamento para el 11 de diciembre, fecha en la que se espera la juramentación de los nuevos magistrados.
Rubio ha insistido en que el cumplimiento de estos plazos es clave para mantener el impulso del diálogo. Estados Unidos avala una mesa de negociación entre un factor de la oposición y el Gobierno interino de Caracas, espacio en el cual destaca la ausencia de María Corina Machado (o sus delegados). La Premio Nobel de la Paz, al regresar a Caracas, aclaró que no atacará a esta iniciativa de diálogo, pero reiteró que debe desembocar en elecciones presidenciales para 2027.
Para comprender la magnitud del desafío actual es necesario recordar el papel que desempeñó el TSJ durante las dos décadas de hegemonía chavista. Lejos de actuar como contrapeso del poder, el máximo tribunal se convirtió en un instrumento al servicio del Ejecutivo. En agosto de 2024, la Sala Electoral del TSJ, presidida entonces por Caryslia Rodríguez, convalidó los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral que otorgaban la victoria a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, pese a que las actas oficiales nunca fueron publicadas y a que la oposición había recopilado y difundido más del 80 % de las actas que mostraban una victoria amplia de Edmundo González Urrutia.
Organizaciones como Human Rights Watch, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas y la ONG Acceso a la Justicia documentaron de forma reiterada que el TSJ carecía de independencia e imparcialidad. Estudios de Acceso a la Justicia y de otras organizaciones evidenciaron que la inmensa mayoría de las sentencias de relevancia política favorecían sistemáticamente al chavismo.
El tribunal avaló la inhabilitación de candidatos opositores, la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional de 2015, la creación de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y participó activamente en la criminalización de la disidencia. La Misión de la ONU lo describió como parte de "la maquinaria represiva del Estado".
Esta captura institucional dejó un legado de desconfianza profunda. Para amplios sectores de la sociedad venezolana y de la comunidad internacional, el TSJ no era percibido como un órgano de justicia, sino como un brazo político del poder. Cualquier proceso de renovación, por tanto, debe superar no solo el formalismo jurídico, sino también esa percepción de afinidad con el chavismo.
En este contexto, el coordinador general de la ONG de derechos humanos Provea, Oscar Murillo, planteó una tesis clara al ser consultado por DIARIO DE CUBA: si se logra conformar un TSJ integrado por figuras independientes y con credenciales académicas genuinas, basadas en su formación y trayectoria, ello constituiría una señal tangible de que está en marcha un proceso de reinstitucionalización democrática.
Murillo ha señalado que el Comité de Postulaciones, con la participación de juristas de reconocida trayectoria y mecanismos de escrutinio ciudadano, busca generar confianza. Aunque reconoce que el actual Parlamento no goza de plena credibilidad ciudadana, considera que el filtro de expertos independientes puede ofrecer el blindaje necesario para que el resultado sea percibido como legítimo.
El éxito del plan de Rubio depende, en buena medida, de que esta primera etapa no se convierta en una simulación. Existen riesgos evidentes: la posibilidad de que se impongan cuotas políticas, que se designen magistrados con títulos académicos de baja exigencia o que el chavismo logre mantener influencia decisiva a través de los diputados que integran el comité. La presencia de figuras de la sociedad civil y de académicos de prestigio mitiga, pero no elimina, ese riesgo.
Al mismo tiempo, el proceso ha generado expectativas entre sectores universitarios y profesionales del Derecho que durante años se mantuvieron alejados de cualquier vinculación con el poder judicial chavista. La participación de decanos y profesores de universidades de trayectoria constituye un indicador positivo, aunque insuficiente por sí solo. La verdadera prueba llegará cuando se conozca la lista definitiva de candidatos admitidos y se proceda a elegir a los magistrados.
Observadores ponen de relieve que Rubio ha sido cauteloso al condicionar sus anuncios a que "todo continúe según el cronograma". Esa cautela refleja la fragilidad del acuerdo. Si el proceso deriva en la designación de magistrados independientes con credenciales sólidas, como plantea Murillo, se habrá dado un paso concreto hacia la reinstitucionalización. Si, por el contrario, prevalecen las prácticas de siempre en el chavismo, el plan de Rubio enfrentará su primera y más significativa derrota, estando él personalmente involucrado.
