Cinco años después del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, Washington ha dado dos pasos simultáneos que revelan un giro en su enfoque hacia el país caribeño. Haití ha estado asolado durante este último lustro por la violencia criminal que justamente se desató tras el magnicidio aprovechando el vacío institucional.
El presidente Donald Trump nominó este 14 de septiembre a Austin Holmes, un empresario de Florida con casi dos décadas de trabajo en Haití en operaciones humanitarias, rescates y seguridad privada, como embajador extraordinario y plenipotenciario. Desde Puerto Príncipe, para los analistas la designación de Holmes es una señal de que Washington transitará una vía distinta a la diplomacia convencional ante la crisis haitiana.
Junto al nombramiento de este nuevo embajador, este 20 de septiembre en otra decisión sin precedentes, un avión militar estadounidense sacó de Puerto Príncipe a 18 sospechosos del magnicidio —17 exmilitares colombianos y el exfuncionario haitiano Joseph Badio— para que enfrenten la Justicia federal en el Distrito Sur de Florida, donde ha sido radicada la investigación por el asesinato de Moïse, en vista de los vínculos de ciudadanos estadounidenses y de haitianos residentes en EEUU en este hecho que fue un parteaguas en la historia reciente de Haití.
Ambas decisiones ocurren mientras Haití enfrenta una crisis de seguridad extrema, con bandas armadas que controlan entre el 80 y el 90% de la capital, más de 1,4 millones de desplazados internos y elecciones generales programadas para el 13 de diciembre de 2026, pero cuya realización es puesta en duda por observadores.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, quien encabezó la primera misión internacional que estuvo por varios días en Haití, hace pocas semanas, sostuvo que la comunidad internacional tiene como desafío dar apoyo en Haití tanto en materia de seguridad como de reinstitucionalización, cuyo primer paso son las elecciones, y que ambas líneas de acción deben ocurrir en simultáneo.
La conclusión central del informe dado a conocer por Ramdin ante la OEA fue inequívoca. Seguridad y elecciones son las dos prioridades inmediatas e inseparables, y el ritmo de avance debe acelerarse.
En tanto, Austin Holmes no es un diplomático de carrera tradicional. Es un ejecutivo de Florida, director ejecutivo de RallyX —un holding que gestiona un portafolio de empresas— y ha ocupado cargos en Caribbean Security Group y Mission of Hope. Desde 2009 trabaja en Haití. Vivió allí con su familia, habla creole haitiano y ha dirigido equipos locales.
La trayectoria del embajador, cuya designación debe ser aprobada por el Senado, combina asistencia humanitaria, tales como respuesta al terremoto de 2010, el huracán Matthew de 2016 y el sismo de 2021, que incluyeron distribución de alimentos, con operaciones de seguridad ante la crisis desatada por la violencia criminal.
En el ámbito de la seguridad, como recuerda el Haití Info Project, Holmes ha coordinado recuperaciones de rehenes. Entre 2020 y 2024 participó en operaciones que permitieron la liberación de 47 víctimas de secuestro, en coordinación con agencias estadounidenses y autoridades haitianas. El caso más conocido es el del estadounidense Jeff Frazier, secuestrado en abril de 2023 durante una misión de distribución de alimentos y retenido 43 días por pandillas. Holmes lideró el equipo que negoció y ejecutó su extracción.
En una audiencia ante un subcomité del Senado en febrero de 2026, el propio Holmes describió su enfoque: "Los resultados que hemos logrado en Haití se basan en un profundo conocimiento cultural, una presencia a largo plazo y un liderazgo operativo arraigado en el contexto local. Nuestros equipos están formados mayoritariamente por haitianos y estadounidenses de origen haitiano".
El puesto de embajador de EEUU en Puerto Príncipe estaba vacante; el último embajador de carrera, Dennis Hankins, dejó el cargo en 2025 y el encargado de negocios, Henry T. Wooster, diplomático de carrera, fue nominado posteriormente para Kenia.
La designación ha sido interpretada por observadores como un abandono de la "pretensión diplomática". Holmes ha abogado por un mayor uso de capacidades de seguridad, incluyendo el apoyo a fuerzas haitianas y, en textos públicos anteriores, por el recurso puntual a contratistas privados bajo control haitiano para reconstruir a los cuerpos policiales de Haití, que lucen insuficientes ante el poder extendido de los grupos criminales.
En un país donde las pandillas ejercen un control territorial casi total sobre la capital, el perfil elegido por la Casa Blanca prioriza la experiencia operativa sobre el protocolo diplomático, sintetizan observadores.
Entretanto, si una fecha define el devenir haitiano actual es el 7 de julio de 2021. Ese día, un comando integrado principalmente por exmilitares colombianos irrumpió en la residencia privada de Jovenel Moïse en Puerto Príncipe y lo asesinó a tiros. Su esposa resultó herida.
La investigación reveló que el complot se gestó en gran medida desde el sur de Florida: se reclutó a los colombianos, se les proporcionó dinero, armas, munición y chalecos tácticos, y se diseñó una operación que algunos participantes describieron inicialmente como un arresto y no como un magnicidio.
La Justicia haitiana detuvo a decenas de sospechosos, pero el proceso se estancó, precisamente por el vacío institucional que siguió al magnicidio. Este año, el Ministerio de Justicia haitiano reconoció que el caso enfrentaba "grandes dificultades" y que, cinco años después, no se había celebrado un juicio.
El traslado este 20 de septiembre de los 18 acusados que permanecían en Haití parece poner la totalidad del proceso en manos del fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, designado por Trump. "Cinco años después, seguimos llevando a los acusados ante tribunales estadounidenses, y no hemos terminado", escribió el fiscal. Hasta la fecha, 30 personas han sido imputadas en EEUU.
En mayo de 2026 un jurado de Miami condenó a cuatro hombres —Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages— por conspiración para asesinar o secuestrar al presidente y por proporcionar apoyo material. Al menos otros cinco se declararon culpables y cumplen cadena perpetua.
EEUU justifica su jurisdicción porque el complot se organizó desde suelo estadounidense. Haití aceptó la entrega en aplicación del tratado de extradición. Para muchos haitianos y para organizaciones de derechos humanos locales, el traslado evidencia la incapacidad del Estado haitiano de administrar justicia en un crimen que destrozó las instituciones.
Para Washington, se cierra un capítulo de impunidad que había permanecido abierto en el país más inestable del hemisferio.
