Nueva matanza en Haití: una orgía de violencia sin límites

Haití parece ser sinónimo de un callejón sin salida, en medio de una violencia sin límites que asola a la empobrecida población de este país caribeño. La madrugada del 24 de agosto, una coalición de bandas armadas irrumpió en Kenscoff, una comunidad agrícola situada en las afueras de Puerto Príncipe, la capital haitiana, y desató una noche de terror que se ha convertido en símbolo del colapso de la seguridad en Haití.

Según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), el ataque dejó al menos 47 muertos y 22 heridos. Entre las víctimas se contaron 22 personas ejecutadas dentro de una iglesia que servía de refugio para desplazados internos, además de civiles, incluyendo niños, y empleados gubernamentales.

El ataque ha sido atribuido a la coalición Viv Ansanm, designada por EEUU como organización terrorista extranjera y principal alianza de bandas armadas en Haití, la cual es liderada y representada públicamente por Jimmy Chérizier, alias "Barbecue", un exoficial de Policía convertido en líder criminal y confeso admirador de Fidel Castro, el Che Guevara y la Revolución Cubana.

En una suerte de orgía de violencia sin límites, los criminales incendiaron viviendas (al menos 25, según autoridades locales), vehículos y una clínica de referencia para el tratamiento del VIH. También atacaron la residencia del doctor Jean "Bill" Pape (también conocido como William Pape), fundador de los centros Gheskio, una figura central en la respuesta humanitaria y sanitaria del asolado país caribeño.

Kenscoff está ubicada en las afueras de la capital, la cual se encuentra tomada en un 80% por los grupos criminales, y había permanecido relativamente al margen de la violencia, pero el ataque deja en evidencia la búsqueda de expansión territorial de las bandas criminales, que se financian con el microtráfico de drogas, la extorsión, el tráfico de armas y la trata de personas.

Este 24 de agosto, al amanecer, los sobrevivientes encontraron cuerpos esparcidos por las calles. Residentes salieron a protestar frente al comisariado local, exigiendo la renuncia del jefe de Policía y denunciando la falta de protección a pesar de que el ataque ocurrió a minutos de la estación. El Gobierno provisional haitiano declaró a todas las fuerzas de seguridad en "máxima alerta", desplegó refuerzos y afirmó que "Kenscoff no será abandonada" y que "Haití no será entregada a los bandidos".

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el ataque a través de su portavoz, subrayando las "alarmantes condiciones de seguridad" y la necesidad urgente de intensificar los esfuerzos haitianos e internacionales.

Sin embargo, ni las autoridades provisionales haitianas ni la misión internacional en el terreno parecen tener la capacidad de contener, y mucho menos derrotar, a las bandas. Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, el vacío de poder fue ocupado por grupos armados que se han expandido sin freno.

La Policía Nacional de Haití interviene en algunos enfrentamientos, pero su presencia es limitada y las bandas se repliegan a zonas donde el Estado apenas llega.

Entretanto, la comunidad internacional parece atascada en sus esfuerzos ante lo que proyectan analistas y expertos: Haití podría convertirse en el primer Estado regido por bandas criminales. La anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia, fue sustituida por la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF o FRG), autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU con un mandato para hasta 5.550 efectivos uniformados.

El objetivo de esta segunda iniciativa es neutralizar a las bandas, proteger infraestructuras y facilitar el acceso humanitario, con apoyo logístico de una oficina de la ONU. No obstante, el despliegue sigue incompleto y, a pesar de algunas operaciones, la violencia no cede. En los primeros meses de 2026, la ONU registró entre enero y junio cifras que superaron los 3.100 muertos y 1.189 heridos.

La matanza de Kenscoff coincide con el agravamiento de la crisis humanitaria impulsada por las deportaciones masivas. El 20 de agosto de 2026, apenas días antes del ataque, aterrizó en Cabo Haitiano el primer vuelo de deportados desde EEUU tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS).

El avión chárter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trajo a 161 haitianos de regreso a su país, pero a pesar de la presencia de militares extranjeros, ha quedado en desuso el aeropuerto principal de Puerto Príncipe ya que se considera demasiado peligroso por el control de las bandas.

El TPS, que protegía a unos 350.000 haitianos que vivían y trabajaban legalmente en EEUU desde el terremoto de 2010, fue terminado por la Administración estadounidense a finales de julio de 2026, tras un fallo de la Corte Suprema. Washington se ha planteado como meta aumentar a dos vuelos semanales, con alrededor de 250 retornados por semana. Si se mantiene ese ritmo, en un año podrían regresar miles de haitianos a su país que ya padece una grave crisis humanitaria con más del 10% de la población desplazada por la violencia.

Expertos de la ONU, como William O’Neill, han insistido en que nadie debería ser obligado a regresar a Haití en las condiciones actuales, calificando las repatriaciones forzosas de contrarias al Derecho internacional y moralmente inaceptables.

A estas deportaciones se suman las masivas que realiza República Dominicana. En los primeros siete meses de 2026, las autoridades dominicanas deportaron a más de 250.000 haitianos (250.429, según la Dirección General de Migración), un incremento del 16,2% respecto al mismo periodo de 2025.

Desde octubre de 2024, el Gobierno de Luis Abinader intensificó una política de deportaciones masivas, operativos en todo el territorio y controles fronterizos reforzados. La mayoría de los deportados son hombres (alrededor del 77%), pero también incluyen mujeres, embarazadas y menores. Los retornados reciben una ayuda mínima (alrededor de 75 dólares en moneda local) y muchos no tienen a dónde ir, especialmente si proceden de zonas controladas por pandillas. Para los observadores, el resultado es un círculo vicioso. Cada ola de violencia genera más desplazados; cada flujo de deportados aumenta la presión sobre un país que no puede absorberlos.