El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, llegó hace dos días a Haití al frente de una delegación interamericana de alto nivel, convirtiéndose en el primer funcionario internacional de primer nivel que visita Haití desde la presencia en 2023 del secretario general de la ONU, António Guterres.
La presencia de Ramdin, acompañado por la secretaria general de CARICOM, Carla Barnett, y representantes de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Oficina Panamericana de la Salud y la propia ONU, ocurre en un momento en que Haití atraviesa una de las peores derivas de su historia reciente.
El pasado junio, António Guterres tuvo un breve aterrizaje en Puerto Príncipe, llegando en helicóptero desde República Dominicana, en una acción de solidaridad que terminó por dejar en evidencia el poder de fuego de las bandas criminales con capacidad de intimidar incluso a un funcionario de alto rango y experiencia como el saliente secretario general de la ONU, según observadores.
Con un Estado desmantelado, y teniendo como protagonistas a pandillas criminales que controlan cerca del 85% del área metropolitana de Puerto Príncipe, la población haitiana vive agobiada por la violencia y el hambre, al tiempo que asiste a un vacío de compromiso internacional efectivo que ha dejado al país a su suerte durante los últimos dos años.
La llegada de Albert Ramdin a Haití coincide con una realidad sombría. Las embajadas han cerrado o reducido drásticamente su presencia en la capital, las entidades internacionales se han replegado, y las pandillas han consolidado un poder de facto que se extiende más allá de Puerto Príncipe hacia departamentos como Artibonite, Centro e incluso zonas del sureste.
El punto de inflexión de esta deriva se remonta al asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. A partir de entonces, el país entró en un vacío institucional que las bandas criminales explotaron con creciente ferocidad. En febrero de 2024, las pandillas protagonizaron una ofensiva sin precedentes: liberaron a cientos de presos de las cárceles de Puerto Príncipe, tomaron el control de infraestructuras clave y forzaron la renuncia del primer ministro en funciones, Ariel Henry, quien se encontraba en el exterior.
Ese episodio marcó la entronización de los grupos armados, agrupados en la coalición Viv Ansanm, que desde entonces han gobernado de facto amplias zonas del territorio.
En la actualidad, bajo el liderazgo del primer ministro interino Alix Didier Fils-Aimé, quien asumió plenos poderes tras la disolución del Consejo Presidencial de Transición en febrero de 2026, Haití intenta organizar elecciones generales el 13 de diciembre de 2026, las primeras en una década. Sin embargo, la seguridad sigue siendo el principal obstáculo.
La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2025 para reemplazar a la fallida Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad liderada por Kenia, apenas ha desplegado alrededor de 1.000 efectivos de un techo autorizado de 5.500. Contingentes de Chad, Sri Lanka, Mongolia y otros países operan desde abril, pero los avances contra las bandas son limitados.
Los meses de junio, julio y agosto de 2026 ilustran con crudeza la persistencia de la violencia. Según un informe del Buró Integrado de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), entre el 6 de marzo y el 31 de julio murieron al menos 613 personas y 375 resultaron heridas solo en la Plaine du Cul-de-Sac y en varios barrios de Cité Soleil, dos zonas estratégicas del norte de la capital. Más de un tercio de las víctimas no tenían vínculos con las pandillas: 111 mujeres y 77 niños.
Además, otro hecho grave que habla de la deshumanización: más de 176 mujeres y niñas, de entre diez y 71 años, fueron violadas por miembros de bandas, a menudo como castigo por residir en territorios controlados por rivales.
Uno de los episodios más sangrientos en tiempos recientes, en una ya larga cadena de sucesos sangrientos, tuvo lugar la noche del 13 de junio, poco después del partido de la Copa del Mundo entre Haití y Escocia. Tras un ataque armado, al menos 61 personas murieron y 20 resultaron heridas, incluidos siete niños.
En total, desde enero de 2026 se contabilizan más de 2.300 muertos y 1.100 heridos por violencia de pandillas, según cifras de la ONU.
A esta crisis de seguridad se suman medidas externas que convierten a Haití en una "olla de presión social". Hace dos semanas, EEUU dio por terminado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos, tras una decisión de la Corte Suprema en junio que confirmó la potestad del Gobierno de poner fin al programa. Unas 350.000 personas que residían legalmente en territorio estadounidense perdieron su protección contra la deportación y su autorización de trabajo. La medida, formalizada por un juez federal el 5 de agosto, abrió la puerta a repatriaciones masivas hacia un país que ya no puede absorber más población desplazada.
Paralelamente, la frontera terrestre y marítima con República Dominicana permanece cerrada a viajeros, aunque se han reabierto de forma limitada y vigilada los vuelos aéreos.
República Dominicana ha intensificado las deportaciones desde inicios de este año. Más de 200.000 haitianos han sido devueltos a territorio haitiano. La construcción de un muro fronterizo avanza por parte de las autoridades dominicanas, que justifican las medidas por razones de seguridad y control migratorio. El resultado es un país aislado, sin válvulas de escape, donde 1,5 millones de personas están desplazadas internamente y más de la mitad de la población —unos 5,8 millones— enfrenta inseguridad alimentaria aguda. Haití tiene casi 12 millones de habitantes.
Mientras la crisis avanza, según apuntan observadores, la comunidad internacional ha producido innumerables informes, resoluciones y declaraciones de solidaridad, pero los recursos para la fuerza multinacional y la ayuda humanitaria llegan a cuentagotas. El plan de respuesta humanitaria de la ONU para 2026, que requiere 880 millones de dólares, está financiado apenas en una cuarta parte.
En este contexto, la visita de Ramdin busca "escuchar, fortalecer la coordinación y traducir la solidaridad internacional en apoyo concreto" a las prioridades haitianas: seguridad, elecciones, instituciones, necesidades humanitarias y desarrollo sostenible. Sin embargo, en las redes sociales de activistas y en los comentarios de observadores locales se esperan más que palabras: "Haití necesita acción, no más retórica".
La visita del secretario general de la OEA es un gesto de presencia, en sí misma. Queda por ver si se traduce en el compromiso efectivo que Haití lleva años esperando.
