Las bandas haitianas extienden armas, drogas y violencia más allá de las fronteras de Haití

Para República Dominicana el mundo mira impasible la deriva haitiana. El Gobierno dominicano hizo un enérgico reclamo para que haya una actuación más decidida de la comunidad internacional ante la expansión, hasta ahora imparable, de las bandas criminales en Haití. Y eso pasa, entre otras cosas, por fortalecer la fuerza multinacional con poder de fuego autorizada por el propio Consejo de Seguridad de la ONU.  

El canciller dominicano Roberto Álvarez advirtió este 20 de julio ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la crisis de Haití ya no puede entenderse únicamente como un conflicto interno de control territorial entre bandas armadas. Para República Dominicana, el deterioro de la situación en el país vecino representa una amenaza directa a su seguridad nacional, que va de la mano con una ya grave crisis migratoria, dado que centenares de miles de haitianos huyen de la violencia.

Álvarez instó a la comunidad internacional a "acelerar el despliegue" de la Fuerza de Supresión de Pandillas (Gang Suppression Force) y a fortalecer sus capacidades operativas. El ministro consideró insuficiente la simple prórroga del mandato de la misión multinacional de apoyo a la seguridad, aprobada en septiembre de 2025, y reclamó medidas más contundentes, incluyendo el endurecimiento de las sanciones contra quienes financian a las organizaciones criminales.

La posición dominicana fue respaldada por el embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz, quien reconoció explícitamente que las bandas haitianas están extendiendo armas, drogas y violencia más allá de las fronteras de Haití, afectando directamente a la región caribeña y, en particular, a República Dominicana por su condición de único país con frontera terrestre compartida.

El canciller Álvarez enfatizó que la inseguridad, el desplazamiento forzado y el deterioro institucional en Haití constituyen una amenaza para la estabilidad regional. En este contexto, República Dominicana ha reforzado sus controles fronterizos y ha interceptado en los últimos meses a grupos de haitianos que intentan ingresar de forma irregular, muchos de ellos desplazados por la violencia que azota Puerto Príncipe y otras zonas del país.

EEUU coincidió en que el tráfico de armas, el narcotráfico y el contrabando de migrantes han convertido la crisis haitiana en un fenómeno transfronterizo con impacto directo en la seguridad dominicana.

Junto a las posturas de los gobiernos, en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU se ventilaron informes documentados y reveladores de la tragedia que atraviesa al país caribeño. Algunos expertos advirtieron que las bandas criminales ya no se limitan a disputarse barrios de Puerto Príncipe, la capital haitiana, sino que buscan controlar instituciones del Estado, rutas de transporte, el suministro de combustible, la distribución de alimentos y los mercados ilícitos.

Según la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Monica Juma, "el crimen organizado está tomando como rehenes al Gobierno y a la población". Las pandillas han diversificado sus actividades y han construido un ecosistema criminal adaptable que genera ingresos a través de la extorsión, los secuestros, el control de puertos y aeropuertos clandestinos, y el tráfico de drogas.

Haití se ha convertido en un nodo logístico importante para el narcotráfico en el Caribe. Redes internacionales utilizan el territorio haitiano como punto de almacenamiento y redistribución de cocaína procedente de Sudamérica con destino a EEUU y Europa. Paralelamente, fluyen armas de fuego, incluidas de uso militar, que ingresan desde el exterior y alimentan el poder de fuego de las bandas.

Las rutas de tráfico de migrantes también conectan Haití con la República Dominicana, Bahamas, Islas Turcas y Caicos, EEUU y América del Sur. Esta red criminal transnacional convierte a Haití en un factor de inestabilidad regional que ya no puede ser tratado como un asunto exclusivamente interno, según se sostuvo en Nueva York en una amplia jornada dedicada exclusivamente a Haití en el seno de la ONU.

La actual situación tiene su origen más inmediato en el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. El magnicidio generó un vacío de poder que las bandas armadas supieron aprovechar. Desde entonces, su control territorial se ha expandido de manera sostenida.

Actualmente se estima que entre 10.000 y 15.000 miembros de pandillas ejercen influencia o control directo sobre el 75-80% de la capital, Puerto Príncipe. En segundo trimestre de 2026, al menos 1.600 personas fueron asesinadas por la violencia de las bandas, según datos recogidos por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití (BINUH). En todo 2025, la cifra superó las 5.500 muertes.

La violencia ha provocado el desplazamiento interno de aproximadamente 1,5 millones de personas, alrededor del 12% de la población total. Muchas familias han abandonado sus hogares en barrios controlados por las pandillas y se han refugiado en zonas consideradas más seguras o han intentado cruzar la frontera hacia República Dominicana.

Las pandillas han extendido su accionar más allá de la capital hacia el departamento de Artibonite, el Centro y zonas del sur, estableciendo controles en carreteras, reclutando forzosamente a jóvenes y atacando comunidades que antes se mantenían relativamente al margen del conflicto.

Tras el asesinato de Moïse, Haití ha transitado por un período de vaciamiento institucional. El actual gobierno interino tiene como uno de sus principales mandatos organizar elecciones.

Los funcionarios de la ONU han insistido en que la seguridad y el proceso electoral deben avanzar de manera simultánea. Empero, sin un mínimo de control territorial por parte del Estado, resulta prácticamente imposible garantizar condiciones mínimas para la votación, la campaña y el conteo de votos. Hasta el momento no existe un calendario electoral firme y las fechas para la celebración de los comicios siguen sin definirse con claridad.

La comunidad internacional coincide en que unas elecciones creíbles y la posterior formación de un gobierno legítimo son condiciones indispensables para iniciar un proceso de reinstitucionalización. Sin embargo, mientras las bandas continúen controlando amplias zonas del país y las instituciones sean una suerte de ficción para los haitianos, ese horizonte sigue siendo incierto.

Sin una respuesta inmediata a la demanda de acción que hizo República Dominicana este lunes, la comunidad internacional no parece empujar en la dirección de poner fin a esta situación de deriva que asola a Haití.