El Gobierno de Rodrigo Paz, lejos aún de alcanzar su primer año de gestión en Bolivia, está envuelto en turbulencias internas y haciendo frente a grandes desafíos económicos sin contar con una mayoría parlamentaria sólida. El más reciente capítulo, en medio de una cadena de escándalos, ha sido la destitución del ministro de Economía, la cual además fue impulsada desde dentro del Gabinete.
Este 21 de agosto, Paz destituyó —finalmente— a su ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, quien era pieza clave en su política de ajuste económico, una bandera principal de su gestión de apenas nueve meses. La decisión no fue voluntaria ni estratégica: llegó después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional censurara a Espinoza por no presentarse a una interpelación sobre las medidas para enfrentar la crisis económica, y en un contexto en el que el vicepresidente Edmand Lara había intensificado la presión pública contra el ministro.
La censura parlamentaria se aprobó con 91 votos a favor de los 129 legisladores presentes. Este resultado demuestra la ausencia de una mayoría parlamentaria alineada con Paz, una arista no menor que ha quedado en evidencia en otros temas polémicos de las últimas semanas en Bolivia. El país andino sigue bajo tensión luego de que el presidente de centro lograra desactivar un bloqueo de carreteras, detrás del cual —según las autoridades— se encontraba el exmandatario izquierdista Evo Morales, prófugo de la Justicia y afincado en la zona cocalera del Chapare.
El trasfondo de destitución forzada por el Parlamento no se limita a la ausencia de Espinoza ante la Asamblea Legislativa. Días antes, el vicepresidente Edmand Lara había formalizado una denuncia penal contra Espinoza por irregularidades en la compra de un vehículo de lujo: una camioneta Audi Q4 registrada por solo 50.000 bolivianos (alrededor de 5.700 dólares), un precio muy inferior al valor de mercado.
Espinoza reconoció un "error de trámite" y afirmó haber pagado realmente 350.000 bolivianos, pero el vicepresidente subió el volumen de sus denuncias acusando al ministro de incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y enriquecimiento ilícito. Todo esto amplificado por el uso que hace de las redes este expolicía. La Fiscalía aceptó la acusación e inició investigación.
Este rol activo del vicepresidente no es menor. Lara, quien ha mantenido distancias crecientes con el presidente Paz, aparece como el impulsor político de la presión que terminó por forzar la destitución del ministro considerado estratégico para las negociaciones económicas.
El candidato original a la vicepresidencia era Sebastián Careaga, empresario minero de Potosí y entonces presidente de la Federación de Empresarios Privados de ese departamento. Sorpresivamente este empresario renunció a la postulación para ser candidato a asambleísta de Samuel Doria Medina, uno de los principales empresarios del país, quien llegó en tercer lugar en la votación presidencial, pero quien mantiene una bancada legislativa que va alternándose con apoyos o rechazos a las decisiones de Paz, en lo que analistas consideran podría por alimentar un clima de ingobernabilidad.
En mayo de 2025, a pocas horas de que se cerrara el registro, Rodrigo Paz inscribió a Lara como candidato a vicepresidente. En aquel momento, Paz no figuraba con chances de ganar la Presidencia según encuestas y el expolicía Lara era una figura en redes sociales gracias a sus denuncias.
La salida de Espinoza se suma a una serie de ajustes que revelan la situación crítica del Gobierno de Paz, en este mes de agosto. A principios de mes, el mandatario reestructuró su Gabinete: eliminó los Ministerios de Turismo y de Planificación del Desarrollo (reduciendo el Ejecutivo de 14 a 12 carteras), trasladó al canciller Fernando Aramayo al Ministerio de la Presidencia y nombró a Héctor Huanca como nuevo canciller.
En ese momento, el cambio más simbólico fue la salida de José Luis Lupo, ministro de la Presidencia desde el inicio de la gestión y considerado uno de los principales operadores políticos del entorno presidencial. Lupo, economista con trayectoria en organismos internacionales y figura clave en la etapa inicial del Gobierno, renunció por tensiones internas y el distanciamiento de aliados como Samuel Doria Medina (Unidad Nacional), y para analistas consolidó la percepción de un Ejecutivo en permanente reacomodo.
Estos movimientos no son aislados. En menos de diez meses de gobierno, Paz ha acumulado al menos siete relevos ministeriales, fusiones de carteras y la creación de lo que algunos medios denominan "superministerios".
La crisis económica de fondo —escasez prolongada de divisas y combustibles, inflación y descontento de movimientos indígenas y sociales— ha obligado al Ejecutivo a buscar apoyo legislativo para un programa de financiamiento negociado con el Fondo Monetario Internacional en julio de 2026, aún pendiente de aprobación del Congreso y del directorio del organismo.
La destitución de Espinoza, quien había sido parte del primer Gabinete y acompañó a Paz en gestiones iniciales ante organismos internacionales, debilita la capacidad de negociación en un momento delicado.
La fragilidad se profundiza por el "fuego amigo" en la cúspide del poder. El vicepresidente Lara no solo impulsó la denuncia contra Espinoza, sino que ha cuestionado abiertamente la cercanía de ciertos asesores con el presidente y ha exigido investigaciones "caiga quien caiga". Esta dinámica de fricción entre el primer y el segundo mandatorio, sumada a la pérdida de operadores de confianza como Lupo, dibuja un escenario de gobierno asediado tanto por la oposición legislativa como por fisuras propias.
Y por si esto fuese poco, se ubica otro caso que salpica a Paz y que ha generado impacto en otros países de la región: el procesamiento del ex asesor presidencial, el argentino Fernando Cerimedo, de 45 años. Detenido el 18 de agosto en el aeropuerto de Santa Cruz y enviado el 22 de agosto a prisión preventiva por 180 días a un penal de máxima seguridad. Cerimedo enfrenta una imputación por feminicidio en grado de tentativa contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller.
Según la acusación fiscal, Cerimedo habría planificado y dirigido remotamente una emboscada el 17 de agosto frente a un hotel en Santa Cruz, en la que Beller recibió al menos tres disparos (en pecho, brazo, cuello y hombros, con fractura que requirió cirugía). Mensajes extraídos de su celular, según el peritaje, incluyen frases como "O la eliminamos ya o estamos jodidos" y referencias al embarazo de Beller como móvil.
Paralelamente, la Fiscalía de La Paz le abrió una investigación por enriquecimiento ilícito. Allanamientos en cuatro propiedades vinculadas a Cerimedo hallaron decenas de miles de dólares en efectivo.
Cerimedo no es un asesor menor. Fue consultor clave en la campaña de Rodrigo Paz y se presentó públicamente como "asesor principal" o "asesor personal" del presidente, con oficina cercana en el Palacio de Gobierno y participación en reuniones de gabinete, según denuncias del propio vicepresidente Lara.
Antes, había asesorado a Javier Milei en Argentina (donde fundó La Derecha Diario y dirigió estrategias digitales), a Jair Bolsonaro en Brasil y a Nasry Asfura en Honduras. La Casa Rosada argentina se apresuró a aclarar que "hace mucho tiempo que no es asesor" de Milei, mientras el entorno de Paz minimizó su rol actual, describiéndolo como un consultor ocasional de la campaña.
Sin embargo, desde dentro del Gobierno este caso se suma al arsenal del vicepresidente Lara, quien sigue usando su influencia en las redes sociales para poner al presidente Paz contra las cuerdas.
