Bolivia ha iniciado una transición histórica en su política monetaria. Durante este mes de julio se ha implementado un nuevo modelo para el cambio de monedas, una gran novedad tras largos años de control cambiario, en lo que constituye una punta de lanza para buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tal como anunció este lunes el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
Bajo la presidencia del centrista Rodrigo Paz, el país andino ha abandonado el régimen de tipo de cambio fijo del dólar que se mantuvo durante casi 15 años, una de las piezas centrales del modelo económico estatista, implementado desde la gestión de Evo Morales y continuado por Luis Arce, primero como ministro de Economía y luego como presidente, hasta el año pasado.
El presidente Paz, quien había prometido en campaña desmontar el control cambiario, implementó desde hace tres semanas un nuevo esquema, de carácter flexible pero administrado, el cual —según analistas— representa un cambio profundo que busca ordenar el mercado de divisas, reducir distorsiones acumuladas durante los años de Morales y Arce y responder a una realidad de escasez de divisas. Aunque no se trata de una flotación libre, el sistema marca el cierre de una era de controles estrictos y el inicio de una etapa caracterizada por mayor alineación con las condiciones del mercado.
Teniendo como telón de fondo el tema cambiario, que ha sido recibido con beneplácito por los bolivianos, el ministro de la Presidencia de Bolivia, José Luis Lupo, afirmó este lunes que alcanzar un acuerdo con el FMI es "indispensable" para enfrentar el déficit fiscal y garantizar la estabilidad económica del país. Lupo es un estrecho colaborador del presidente Rodrigo Paz, y también colaboró de cerca con el padre de este, Jaime Paz Zamora, durante su presidencia entre 1989 y 1993.
En entrevista concedida este lunes en Radio Marítima, desde Santa Cruz de la Sierra, Lupo sostuvo textualmente: "Para resolver el tema del déficit y el financiamiento del déficit, es indispensable un acuerdo con el Fondo". El alto funcionario agregó que dicho convenio permitirá "garantizar la estabilidad cambiaria y la estabilidad financiera".
Desde noviembre de 2011, el boliviano mantuvo una paridad fija con el dólar: 6.86 para la compra y 6.96 para la venta. Esta política, impulsada durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), tenía como objetivos principales —según sus promotores— contener la inflación, fortalecer la moneda nacional y otorgar previsibilidad a los agentes económicos. Durante más de una década, el tipo de cambio fijo fue presentado como un pilar de estabilidad macroeconómica en un contexto de bonanza de materias primas, especialmente gas natural.
Sin embargo, con el paso de los años y la caída sostenida de los ingresos por exportaciones de hidrocarburos, el modelo enfrentó crecientes presiones. Las reservas internacionales se redujeron más del 70% desde 2014, se generó una escasez estructural de dólares y surgió un mercado paralelo donde la divisa llegó a cotizar hasta casi cuatro veces por encima del tipo oficial. En la práctica, muchas operaciones comerciales, contratos y precios dejaron de utilizar la tasa oficial, lo que generaba distorsiones, incertidumbre y costos ocultos para la economía.
El 29 de junio de 2026, bajo la administración de Paz, quien asumió a fines de 2025, se oficializó el abandono del tipo fijo. El nuevo régimen entró en vigencia poco después, con un tipo de cambio inicial en torno a 9.73-9.76 bolivianos por dólar. Este 20 de julio, el tipo de cambio se ubicaba en 10.65 bolivianos por dólar, reflejando el ajuste gradual del sistema en sus primeras semanas de funcionamiento.
Por su parte, el ministro Lupo, a quien observadores consideran el principal articulador político del Gobierno de Paz, enfatizó que un acuerdo con el FMI no implica condiciones adicionales más allá del propio programa económico que ya elabora el Gobierno boliviano. "Viene sin ninguna condición más allá de que es nuestro programa, igual lo haríamos con o sin el Fondo Monetario", señaló, y aclaró que la colaboración con el organismo multilateral facilita el acceso a financiamiento de otros organismos internacionales en condiciones más favorables.
El alto funcionario explicó que el Ejecutivo de Paz ya trabaja en un programa de políticas macroeconómicas propio que contempla la reducción del déficit fiscal, la unificación del régimen cambiario implementada recientemente y una política de tasas de interés orientada a la estabilidad. Detalles sobre el nivel de endeudamiento y las condiciones específicas serán presentados por el Ministerio de Economía en su momento.
Mientras se avanza en la política de rectificación económica, salen a la luz más escándalos en Bolivia, como el que se conoció este 19 de julio. "Bolivia debe ser el único país del mundo que ha quebrado una empresa de oro", aseveró el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, Pablo Camacho, quien afirmó que la administración de las empresas públicas durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) dejó un "fracaso histórico".
Para Camacho la quiebra de una empresa dedicada al negocio del oro (cuando este metal precioso se ha revalorizado en los mercados internacionales) es un buen ejemplo de cómo los gobiernos de Morales y Arce quebraron a Bolivia. Camacho habló sobre este inaudito caso en el programa televisivo Dinero, este domingo.
Finalmente, para expertos en finanzas, la decisión oficial sobre el mercado cambiario ha respondido a un diagnóstico compartido por el Gobierno de Paz y organismos internacionales como el FMI: el tipo de cambio fijo se había vuelto insostenible. La caída de las reservas, el déficit fiscal persistente, la menor generación de divisas por exportaciones y la existencia de un mercado paralelo amplio obligaron a un ajuste.
El FMI había recomendado abandonar el régimen fijo ya en 2025, considerándolo incompatible con la realidad de las reservas. Sin embargo, en medio de diversas tensiones sociales y demandas laborales con distinta intensidad, Paz postergó la decisión.
Si el Gobierno boliviano logra avanzar con éxito, podría obtener financiamiento externo, incluyendo un programa del FMI cercano a los 2.500 millones de dólares y un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 4.500 millones de dólares para el periodo 2026-2028. Estas gestiones, como recalcó Lupo este lunes, se enmarcan en un esfuerzo más amplio por ordenar las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal.
