La trampa del voto castigo

Hay una paradoja en la política latinoamericana que empieza a repetirse con demasiada frecuencia: los gobiernos llegan al poder con una fuerza electoral extraordinaria y, pocos meses después, descubren que buena parte de ese respaldo no les pertenecía. 

José Antonio Kast obtuvo más del 58% de los votos en la segunda vuelta presidencial chilena de diciembre. Ocho meses después, su aprobación ronda apenas un tercio. Cadem registraba en la primera semana de agosto 38% de aprobación y 56% de desaprobación. 

La pregunta es inevitable: ¿qué pasó? 

No parece que Kast haya dejado de ser Kast. Su Gobierno ha avanzado en la reforma económica y ha puesto en marcha una ofensiva de seguridad y control de la inmigración que estaba en el centro de su campaña. En agosto, por ejemplo, presentó nuevas medidas dentro de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. 

Entonces, ¿cuál es el problema? Quizás, que una parte importante de quienes votaron por él probablemente estaba votando contra el Gobierno anterior, contra la inseguridad, contra la inmigración irregular o contra el rumbo que había tomado Chile. Y esa diferencia es fundamental. 

Eso es el voto castigo. El mecanismo es sencillo: un Gobierno decepciona, la oposición capitaliza el malestar y los ciudadanos cambian de dirección. El nuevo candidato gana, muchas veces, no porque exista una mayoría sólida detrás de su proyecto, sino porque existe una mayoría suficientemente amplia en contra del proyecto anterior. 

Ahí comienza el problema, porque el elector que vota para castigar tiene expectativas particularmente altas. No necesariamente está comprando un programa de gobierno de cuatro años. Está exigiendo que desaparezca aquello que lo llevó a las urnas. 

Quiere seguridad. Quiere que baje la inflación. Quiere que se controle la frontera. Quiere que el Estado funcione. Y lo quiere ahora. 

Pero los estados no funcionan así. Los cambios, especialmente los cambios profundos y sostenibles, llevan tiempo. 

Bolivia ofrece un ejemplo claro. Rodrigo Paz ganó en 2025 en medio del agotamiento de casi dos décadas de gobiernos del MAS y de una profunda crisis económica. Siete meses después, su aprobación había caído al 32%, frente a 55% de desaprobación, según Ipsos CIESMORI. No significa necesariamente que Paz haya fracasado. Significa que el mismo electorado que castigó al Gobierno anterior empezó rápidamente a evaluar al nuevo con la lógica de las soluciones inmediatas. 

Colombia presenta otra variante de la misma trampa. Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta con menos de un punto de diferencia. Su victoria significó, sobre todo, el final del ciclo de Gustavo Petro. Pero votar contra Petro no significa necesariamente votar a favor de todo el programa de De la Espriella. 

Ese será uno de sus mayores desafíos: convertir un mandato de rechazo en un mandato de gobierno. 

Y el fenómeno no es exclusivamente de derecha. Volviendo a Chile, Gabriel Boric llegó a la Presidencia chilena en 2022, después de un proceso electoral marcado por el rechazo al Gobierno de Sebastián Piñera y por el clima político generado por el estallido social. Su popularidad se deterioró rápidamente. El péndulo había ido hacia la izquierda y, poco después, comenzó a moverse nuevamente hacia la derecha. 

Estos casos muestran que el voto castigo no condena necesariamente al ganador. Lo obliga, eso sí, a demostrar rápidamente que el castigo al anterior tenía sentido. 

Y ahí está el problema de fondo. 

El voto castigo es perfectamente legítimo. Forma parte de cualquier democracia saludable. Los ciudadanos tienen derecho a expulsar del poder a quienes consideran responsables de sus problemas. El riesgo aparece cuando deja de ser una excepción y se convierte en el principal mecanismo de alternancia. 

Entonces los gobiernos empiezan su mandato con una legitimidad electoral fuerte, pero con una legitimidad política mucho más frágil de lo que sugieren sus porcentajes. 

Y eso produce gobiernos que empiezan mirando hacia atrás. 

América Latina necesita exactamente lo contrario: políticas de largo plazo, acuerdos que sobrevivan a las elecciones e instituciones que no sean reconstruidas cada cuatro años. 

La pregunta, entonces, es bastante más profunda que si Kast, Paz, De la Espriella, Milei o Noboa podrán completar sus mandatos. 

¿Puede gobernar bien alguien cuyo principal mandato real es no ser el anterior? 

De la respuesta depende que el voto castigo siga siendo un mecanismo saludable de alternancia democrática o termine convirtiéndose en una fábrica de gobiernos cada vez más frágiles.