Los dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado miércoles, con apenas segundos de diferencia, han dejado al descubierto de forma dramática las debilidades estructurales de decenas de edificaciones construidas bajo la "Gran Misión Vivienda Venezuela" (GMVV), inicialmente "Misión Vivienda", el programa estrella del Gobierno chavista para proveer vivienda a los sectores populares.
Lo que durante años fue presentado por la propaganda oficial como un logro histórico de justicia social, con anuncios constantes de entregas masivas y urbanismos bautizados con nombres de líderes independentista o del chavismo, se ha convertido en escombros en zonas como La Guaira, Caraballeda y sectores de Caracas. Los sismos, los más fuertes registrados en el país en más de un siglo, han dejado a La Guaira, a 30 kilómetros al norte de Caracas, y a una amplia zona costera como zona de desastre.
Imágenes y videos difundidos en redes sociales y medios muestran edificios de varios pisos colapsando "como castillos de naipes". Entre las estructuras más afectadas figuran complejos habitacionales de la GMVV, construidos en la última década y media con recursos del Estado y presentados como solución definitiva para familias de bajos recursos. El contraste entre la narrativa oficial y la realidad sísmica es brutal: lo que se vendió como viviendas "antisísmicas" y dignas para el pueblo ha revelado fallas de diseño, materiales deficientes, falta de supervisión técnica y, en muchos casos, emplazamientos inadecuados.
En Playa Grande, al oeste del estado La Guaira, colapsaron por completo dos urbanismos emblemáticos de la GMVV durante el doble sismo del 24 de junio. El Urbanismo Ciudad Hugo Chávez Frías, con apartamentos entregados entre 2013 y 2014 en una ceremonia presidida por Nicolás Maduro, y el Urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi, inaugurado en abril de 2015, quedaron inhabitables. Ambas construcciones, relativamente recientes —la primera incluso ejecutada por una empresa turca—, no resistieron los movimientos telúricos pese a su supuesta condición de "vivienda social de calidad".
En Caraballeda, también en La Guaira, residentes reportaron el colapso de al menos tres edificios pertenecientes a urbanismos de la Gran Misión Vivienda. En Caracas, el edificio "Ojos de Chávez" sufrió daños estructurales severos que afectaron a cientos de apartamentos y locales comerciales. En La Guaira, el Urbanismo Hugo Chávez registró colapsos parciales y totales, con columnas fracturadas y apartamentos completamente destruidos.
Testimonios de sobrevivientes y vecinos, difundidos en redes y medios, describen el pánico y la desesperación. Una residente de un edificio en La Guaira relató cómo "el edificio completo se vino abajo" y cómo aún buscaban a vecinos atrapados bajo los escombros días después. Otra familia mostró grietas enormes que atravesaban paredes y techos, con partes de la estructura desprendidas.
Expertos y analistas señalan que muchas de estas edificaciones carecían de condiciones mínimas de sismo-resistencia, se construyeron bajo códigos obsoletos o con supervisión deficiente, y que la corrupción en licitaciones y contratos habría agravado la vulnerabilidad. Un informe preliminar de Miyamoto International, empresa de gestión de riesgos, estimó que entre tres y cinco millones de personas resultaron afectadas, con más de 1.000 edificios dañados, en su mayoría residenciales.
Durante más de 15 años, la GMVV fue el eje central de la propaganda chavista en materia de vivienda. Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro anunciaron cifras millonarias de viviendas "entregadas": hitos de 4,8 millones, 4,9 millones o incluso 5,1 millones de unidades. Se presentaban urbanismos completos como triunfos de la Revolución Bolivariana, con entregas semanales televisadas y lemas que enfatizaban el derecho a la vivienda digna para los más pobres.
Sin embargo, estimaciones independientes desmienten esas cifras. Un cálculo de 2024 citado en análisis recientes sitúa el número real de viviendas construidas bajo el programa en apenas 134.771, muchas de ellas con grietas, filtraciones y sin planificación urbana adecuada. Algunas, según el mismo informe, fueron erigidas sobre fallas geológicas inseguras.
La opacidad ha sido constante: diferencias de decenas o cientos de miles de unidades entre memorias y cuentas presidenciales, y la imposibilidad de verificar cuántas realmente se terminaron con estándares de calidad. Organizaciones como Provea han documentado cómo gran parte de lo reportado como "nuevo" correspondía en realidad a autoconstrucción popular o rehabilitaciones, no a obra nueva estatal de calidad.
El Informe Anual de Provea (capítulo sobre "Vivienda Adecuada", publicado en mayo de 2026) ofrece una radiografía cruda de la situación habitacional en Venezuela antes de los sismos. Según datos de la Cámara Venezolana de la Construcción citados en el documento, el déficit habitacional alcanzaba 2,2 millones de viviendas ya en 2022, cifra que se ha mantenido o agravado por la crisis económica y la baja inversión real en el sector.
En 2024, mientras el Gobierno anunciaba metas de 500.000 viviendas nuevas y cifras acumuladas superiores a los 4,9 millones, Provea verificó la entrega de apenas 1.468 viviendas nuevas en todo el año (enero-diciembre), con mayor concentración en Distrito Capital, Apure, Monagas, Aragua y Miranda. El Gobierno reportaba alrededor de 300.000 entregas, pero la brecha con la verificación independiente es abismal. Además, el 70% de lo contabilizado correspondía a autoconstrucción o rehabilitaciones, no a obra nueva de calidad.
En medio de la crisis terminal del régimen de Nicolás Maduro, no existen cifras oficiales publicadas del año 2025 en materia de vivienda, según han podido constatar investigadores en la materia.
El informe de Provea critica duramente una política habitacional persistente en el tiempo: falta de transparencia en la selección de beneficiarios, uso politizado de los urbanismos (como centros electorales o mecanismos de control social vinculados al PSUV), restricciones severas a la propiedad (prohibición de vender, alquilar o ceder por 15 años), y ausencia de una estrategia nacional de largo plazo debatida con actores independientes del sector.
Se destaca la inobservancia de obligaciones internacionales en materia de vivienda adecuada, con énfasis en cantidad sobre calidad, habitabilidad y entorno urbano integrado.
Las condiciones de infraestructura ya eran precarias antes de los sismos: en Venezuela, 45,6% de los hogares reportaban fallas continuas en el servicio de agua potable; 69% fallas moderadas y 17,1% severas en electricidad; y altos porcentajes de contaminación del agua y problemas de saneamiento. Estas deficiencias afectaban directamente la habitabilidad de las viviendas, incluidas las de la GMVV.
Los terremotos agravan dramáticamente la ausencia de una política genuina de vivienda en Venezuela. Los sismos del 24 de junio no solo destruyeron viviendas; destruyeron la ilusión —para miles de familias pobres— de que el Estado chavista había resuelto su problema habitacional. Beneficiarios de la Misión Vivienda, muchos reubicados tras desastres previos, volvieron a quedar en la calle o en refugios improvisados. Los urbanismos que se presentaban como símbolo de inclusión social se revelaron como construcciones vulnerables, erigidas con prisa, sin supervisión independiente rigurosa y, en ocasiones, en zonas de alto riesgo sísmico.
Esta tragedia expone décadas de colapso institucional: corrupción en la adjudicación de contratos, falta de mantenimiento, normas sísmicas mal aplicadas y una política que midió éxito por anuncios mediáticos más que por construir viviendas seguras y duraderas.
