Los dos fuertes sismos que sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio de 2026 no solo derrumbaron edificios y dejaron a miles de familias sin vivienda o con hogares severamente dañados, principalmente en el este de Caracas y en el aledaño estado de La Guaira.
Los dos terremotos representan una nueva capa de sufrimiento que se superpone a una emergencia humanitaria compleja que ya afectaba al país desde hace más de una década, y que ha sido la herencia que dejó la gestión del chavismo con Nicolás Maduro en su paso por el poder (2013-2025).
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional y designó a La Guaira como "zona de desastre". Suspendió las clases en todo el territorio para convertir las escuelas públicas en centros de acopio y refugio temporal para los damnificados. Sin embargo, estas mismas escuelas ya funcionaban en condiciones precarias mucho antes de los temblores: sin baños operativos, sin suministro continuo de agua potable y con graves deficiencias en infraestructura.
El sistema de salud, que debe atender ahora a miles de heridos por colapsos estructurales, arrastra un déficit crónico de medicamentos e insumos que compromete la atención incluso en tiempos normales. Se trata de una de las duras herencias del chavismo, tras años de bonanza petrolera incalculable.
Esta superposición de crisis no es casual. Los datos de dos fuentes independientes, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de la Universidad Católica Andrés Bello, y el Reporte de Diagnósticos Comunitarios 2025 de HumVenezuela con apoyo de la ONU, revelan que la mejora parcial en los ingresos de los hogares venezolanos no se ha traducido en mejores condiciones de vida. La nueva tragedia sísmica expone y agrava esas carencias estructurales.
El estado La Guaira, con aproximadamente 487.000 habitantes y ubicado a solo unos 30 kilómetros de Caracas, fue el más afectado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia. Reportes periodísticos independientes contabilizaron al menos 40 edificios destruidos o gravemente dañados un día después de los temblores. Miles de personas amanecieron el jueves en las calles, con lo puesto, temiendo réplicas y reviviendo el trauma del deslave de 1999.
Muchas familias que perdieron todo en aquel desastre de hace 27 años —que dejó estimaciones de más de 10.000 muertos sin cifras oficiales definitivas— hoy vuelven a enfrentar la pérdida de su hogar.
El Gobierno ha movilizado a la Defensa Civil y los bomberos, pero estos equipos están desbordados. La respuesta se desarrolla en un contexto de precariedad estructural crónica en materia de prevención de desastres y preparación sísmica, sumada a años de crisis humanitaria compleja que ha deteriorado infraestructuras, sistemas de alerta y capacidad de respuesta estatal.
Según el Reporte de Diagnósticos Comunitarios de HumVenezuela, que utiliza una canasta básica de 1.100 dólares y una alimentaria de 550 dólares mensuales, ofrece estas cifras: 78,4% de la población en pobreza por ingresos y 56,8% en pobreza extrema. En 13 estados, incluyendo La Guaira, la pobreza superó el 80% y la extrema el 60%.
El acceso a servicios esenciales sigue siendo profundamente deficiente en Venezuela, ya antes de los terremotos. La ENCOVI indica que solo el 10% de los hogares recibe electricidad sin interrupciones, mientras que el 39% la tiene interrumpida varias horas al día. En agua potable, solo el 29% la recibe diariamente y de forma continua en proporciones mucho menores.
El reporte de HumVenezuela muestra que, en electricidad, el 55,7% enfrentó restricciones totales. El gas doméstico es una de las principales carencias: solo el 7,6% cuenta con servicio directo, mientras que el 83,5 % depende de bombonas, con restricciones en el 76,5% de los casos.
Estas cifras adquieren dimensión dramática tras los terremotos. Miles de familias desplazadas ahora se refugian en escuelas o espacios improvisados donde ya faltaba agua y luz de forma crónica. La ausencia de baños operativos y saneamiento adecuado en los refugios improvisados eleva el riesgo de brotes de enfermedades. La inestabilidad eléctrica complica la refrigeración de alimentos, la comunicación y la atención médica de emergencia.
La cobertura educativa para la población de tres a 24 años se sitúa en torno al 63% según la ENCOVI, lejos del 76 % registrado en 2014. La asistencia irregular alcanza el 44% de los estudiantes, debido principalmente a fallas de servicios, problemas de transporte y falta de alimentación en el hogar.
Al suspender clases para usar las escuelas como refugios, el Gobierno responde a una necesidad inmediata, pero traslada el problema a un sistema ya colapsado. Los centros educativos públicos carecían de condiciones mínimas de higiene y habitabilidad antes de los sismos. Ahora, miles de niños y adolescentes se quedan sin clases indefinidamente, mientras los damnificados se hacinan en espacios sin agua ni baños adecuados.
Delcy Rodríguez ha dicho que el sistema hospitalario público está presto para recibir a las víctimas de los sismos. Sin embargo, según las cifras de los estudios ya citados, el 89,8% de los centros de salud públicos carece de medicamentos y el 88,5% de insumos básicos.
Atender a miles de damnificados en hospitales con déficit estructural de insumos, equipos y personal, representa un desafío monumental. Las personas que ya sufrían enfermedades crónicas o requerían tratamientos regulares ven postergada o imposibilitada su atención. La combinación de heridos nuevos y pacientes preexistentes en un sistema saturado multiplica el riesgo de mortalidad evitable.
Los dos terremotos del 24 de junio no crearon esta cruda realidad de crisis humanitaria, solo que la exponen de forma muy directa. Miles de familias que ya vivían al límite en Venezuela ahora enfrentan la pérdida de su hogar en un contexto donde el Estado no ha dado muestras de dar respuestas satisfactorias, tampoco desde la caída de Nicolás Maduro.
